La cúpula de Camps se enfrenta a cuatro años de cárcel por financiación ilegal

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano asumió ayer por unanimidad la competencia del grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Los jueces, como este diario adelantó la semana pasada, avalaron así los múltiples indicios reunidos durante la investigación que indican que las cúpulas del Gobierno y el PP regionales, presididos por Francisco Camps, cometieron delito electoral (financiación ilegal de la campaña municipal y autonómica de 2007); falsedad en documento mercantil (vinculado a la campaña de las elecciones generales de 2008, que podría transformarse en otro delito electoral), prevaricación y cohecho en el marco de la estrecha relación y los muchos negocios que mantuvieron durante años con la trama mafiosa que Francisco Correa dirigió hasta que fue desarticulada a principios de 2009.

Al círculo del presidente se le imputan cuatro delitos

El TSJV remite al Tribunal de Madrid los casos en los que no hay aforados

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) asumió la investigación de los delitos en los que existen sólidos indicios de la participación de aforados. En aquellos casos en los que los implicados no gozan de aforamiento, los magistrados se inclinaron porque el enjuiciamiento tuviera lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso de la causa.

Y ello porque en materia de "delincuencia organizada", apunta la sala, "las manifestaciones aisladas de hechos delictivos que se produzcan en diversos territorios jurisdiccionales deben ceder a favor de la competencia del juez del lugar donde radique el centro de las actividades delictivas y en el que se fraguaron los distintos delitos y se generaron las órdenes y datos para su realización".

En dicha situación se halla Pedro García, exdirector de Canal 9, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de haber adjudicado irregularmente un contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006, del que la trama se habría embolsado tres millones de euros; y de haber recibido prendas de vestir y otros regalos de la red. La "necesaria investigación" de esos hechos, establece el TSJV, debe realizarse en el tribunal de Madrid.

La decisión de los jueces, señalaron fuentes jurídicas, supone la imputación del círculo de confianza de Camps en el partido y la Generalitat, en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; para garantizar su derecho a la defensa a partir de ahora deberán ser representados por procurador y defendidos por letrado. Respecto a los supuestos delitos electoral y de falsedad en documento mercantil, los imputados son: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); Ricardo Costa (ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV y diputado); Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional), los cabecillas y empleados de la trama, y los gestores de ocho constructoras que presuntamente financiaron ilegalmente actos electorales utilizando a las empresas de la red como vehículo.

Entre las constructoras, que eran a su vez contratistas de obras millonarias del Ejecutivo de Camps, figura Sedesa, propiedad entonces de la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana. Y el grupo de Enrique Ortiz, imputado también en el caso Brugal, la trama de la basura de Alicante.

El delito electoral, recogido en el artículo 149 de la Ley Electoral, se castiga con penas de uno a cuatro años de prisión.

Respecto de los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a las empresas de la red corrupta, los imputados son: Rambla; Milagrosa Martínez (presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo), y los gestores de la empresa Orange Market (entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes).

El TSJV limita su competencia a las adjudicaciones realizadas durante varios años a la trama en relación con Fitur. El resto de contrataciones presuntamente realizadas de forma irregular por diversas consejerías, en las que no se ha concretado hasta ahora la participación de aforados, son remitidas al Tribunal Superior de Juasticia de Madrid.

Los magistrados no decidieron ayer si los nuevos supuestos delitos asumidos se concentrarán en una causa o se abrirán varias, y pidieron a las partes su opinión. Cabría también que se unieran a la causa de los trajes en que está imputado Francisco Camps. Los socialistas adelantaron que lo solicitarán.