La corrupción arma al Gobierno contra el PP

Al PP le ha venido muy bien el proceso contra Garzón para incluirlo en cada intervención parlamentaria y eludir así la corrupción. Y al PSOE y al Gobierno les sirve el caso Gürtel y sus consecuencias como ariete y burladero en las Cámaras.

Los pesos pesados del Gobierno lideraron la estrategia y los diputados y senadores socialistas de a pie les siguieron para desplegar toda su artillería y situar la corrupción en el centro de cualquier debate parlamentario. Así, si la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, interpeló en el Pleno del Congreso sobre la crisis económica a Elena Salgado, la vicepresidenta segunda respondió preguntando "quién ordenó la firma de los contratos de la trama corrupta que vamos a pagar todos los españoles". La número tres del Gobierno, cada vez más suelta en los debates, lo hizo además en su segunda intervención para evitar la respuesta de la portavoz parlamentaria, que sigue empeñada en hacer protagonista a Salgado. Y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a un diputado del PP que él respeta "la actuación de los jueces, de los fiscales y de los policías. En resumen, para que todo el mundo lo entienda, hago lo contrario de lo que hacen ustedes sistemáticamente. Cuando les va bien, cruces y medallas, y cuando les va mal, pruebas falsas. Dejen a la gente trabajar".

El PP dio instrucciones a sus diputados para imputar al PSOE y al Gobierno ataques inadmisibles al Estado de derecho en los actos de apoyo a Garzón. Lo hicieron en los pasillos y en comisiones, como la de Interior, donde comparecía para otro tema el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, y el diputado del PP Ignacio Cosidó sacó a relucir las críticas al Tribunal Supremo. Camacho y Carlos González, diputado del PSOE, le respondieron con las acusaciones contra la policía por supuesta falsedad de las pruebas de Gürtel. Como defensa, el PP ha intentado buscar estos días un filón en el patrimonio de José Bono.

En el Senado ha ocurrido lo mismo en los dos últimos días. Por ejemplo, ayer se veía la nueva ley de blanqueo de capitales, y eso dio pie a una bronca monumental cuando la senadora del PSC, Judith Alberich, se lanzó contra el PP a cuenta de Gürtel y le pidió que echen a Francisco Camps, a Rita Barberá y a Carlos Fabra. "Cuando yo leo esta ley, lo que me viene a la mente son bolsos, viajes a Miami, Jaguars, coches y dinero que se ha sufragado de las arcas públicas para financiar comisiones con el objeto de pagar silencios. Expulsen al señor Bárcenas de su grupo y al millón cuatrocientos mil euros que todavía no sé dónde estará, pero que seguramente estará pagando mucho silencio". Y el PP salió con casos del siglo pasado, como Filesa y Roldán, y con otros más recientes, como el del supuesto chivatazo del bar Faisán.

En ausencia de Zapatero por viaje oficial, la sesión de control la protagonizaron los tres vicepresidentes. A Teresa Fernández de la Vega le vino bien una pregunta de Joan Ridao (ERC) sobre la sentencia del Estatuto catalán para reaparecer, después de meses ignorada por el PP. Hubo un amago de desviar la pregunta al ministro de Justicia pero, finalmente, tras varias conversaciones telefónicas, la vicepresidenta comunicó a Ridao el lunes que respondería ella. Lo que hizo fue pedir "serenidad".

Y a Joan Tardà (ERC) le vino bien la fecha para recordar el 79 aniversario de la II República y lanzar desde la tribuna un sonoro grito de "¡Visca la República!".