Los conservadores se hacen con el control del Constitucional en el recurso contra la presidenta

El magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, presidente accidental del Pleno del Tribunal Constitucional que tenía que examinar las causas de abstención de la presidenta María Emilia Casas, y el vicepresidente Guillermo Jiménez en el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional, utilizó ayer, en la primera ocasión que se le presentó, su voto de calidad para dar al sector conservador la victoria sobre los progresistas y echar a Casas y Jiménez del Pleno que debe juzgar el recurso.

El presidente en funciones impone su voto de calidad a favor de los conservadores para aceptar la abstención de María Emilia Casas

Los magistrados elegidos por el PP dominan el pleno que decidirá el recurso contra la jefa del alto tribunal

Si el recurso del PP prospera, el sector progresista perdería el control que ahora mantiene dentro del organismo

La votación de ayer pasará a los anales del Constitucional por ser la primera ocasión en que se expulsa de un Pleno al presidente titular del alto tribunal, mediante una votación resuelta con el voto de calidad de un magistrado. El nivel de deterioro del Constitucional ha llegado al punto de expulsar del Pleno a su presidenta para poder asegurarse una votación del sector conservador favorable al recurso del PP, cuyo objetivo no es otro que expulsar a Casas no sólo del Pleno, sino descabalgarla de la presidencia del alto tribunal. Y además, con el voto de calidad de Conde Martín de Hijas, el magistrado que, por razones de edad, sustituirá a Casas como presidente en cuanto llegue a consumarse el asalto.

En la ley orgánica del Tribunal Constitucional, promulgada el pasado 24 de mayo, se introdujo una enmienda para prorrogar los mandatos de la presidenta y el vicepresidente, que expiraban en junio, hasta la renovación de sus puestos, prevista en diciembre. Esas prórrogas se acordaron en el pasado para los presidentes Francisco Tomás y Valiente y Álvaro Rodríguez Bereijo, por lo que se trataba de llevar a la ley una costumbre ya existente de una situación que volverá a plantearse en el futuro.

Pero además, la prórroga trataba de evitar el asalto a la presidencia por parte de los magistrados afines al PP, enardecidos después de conseguir la recusación del juez Pablo Pérez Tremps y obtener así una mayoría de 6 a 5 en el Pleno que debe juzgar el recurso del PP contra el Estatuto catalán.

Retrato robot

Ante la enmienda, el PP contraatacó con un nuevo recurso -ha interpuesto 21 recursos de inconstitucionalidad contra la práctica totalidad de las leyes de la etapa del presidente Rodríguez Zapatero- en el que impugnó la prórroga de Casas: se trataba de anular dicha prórroga para dar por finalizado el mandato de la presidenta y poner en marcha el mecanismo para elegir nuevo presidente. Un mecanismo que prevé que en el caso más que probable de empate entre los seis jueces conservadores y los seis progresistas, la presidencia -y el voto de calidad que lleva aparejado en todos los recursos- recaerá en tercera votación sobre el magistrado de más edad de entre los más antiguos: el retrato-robot corresponde a Vicente Conde Martín de Hijas.

El pasado martes, el Pleno, presidido por Vicente Conde e integrado por 10 magistrados en ausencia de Casas y Jiménez, se reunió por primera vez para examinar las abstenciones forzadas de la presidenta y el vicepresidente, -de no presentarlas el PP les habría recusado- y se disolvió sin llegar a un acuerdo. De un lado, los cinco magistrados conservadores, entre ellos el presidente accidental, Vicente Conde, apostaron fuerte por admitir las abstenciones y que Casas y Jiménez quedaran apartados. En realidad, dado que Jiménez es un reputado representante del sector conservador, de lo que se trataba era de aceptar la abstención de la presidenta, con el argumento de que la prórroga le afectaba personalmente y que así su voto de calidad pasase al conservador Vicente Conde.

Frente a esta posición, los progresistas argumentaron que, de aceptarse las abstenciones, la doctrina que se estableciese en lo sucesivo impediría a los magistrados a los que afectase una resolución general pronunciarse sobre su contenido. Así, cualquier norma que afectase al estatuto de los magistrados, como sueldos, pensiones, periodos de mandato, jubilaciones, etcétera no podría ser revisada por los magistrados del Supremo o del Constitucional a los que afectase.

En el Pleno del martes, aunque las deliberaciones discurrieron por cauces muy jurídicos, las posiciones se enconaron pero no se llegó a votar. Los magistrados acordaron reunirse nuevamente ayer y deliberar sobre el proyecto de auto que el ponente, Pablo Pérez Tremps, debía redactar y entregar al Pleno.

El auto redactado por el progresista Pérez Tremps, en el que se pedía que se rechazasen las abstenciones de Casas y Jiménez, fue rechazado en una votación que registró un empate a cinco, con el insólito voto de calidad de Vicente Conde, que lo ejerció en la primera oportunidad en la que preside un Pleno, inclinando la balanza en favor de su sector para quitar de en medio a la presidenta.

A diferencia de los demás tribunales, en los que cuando el ponente queda en minoría cede la redacción del auto o la sentencia a uno de los magistrados de la mayoría, en el Constitucional no hay cambio de ponente. En consecuencia, el Pleno encargó a Pérez Tremps que redacte un nuevo auto a favor de las tesis de los conservadores, que se votará nuevamente en un nuevo pleno convocado para el lunes 8 de octubre.

Según expertos en Derecho Constitucional, la votación del nuevo auto es una mera formalidad que no deja margen a la sorpresa: se reproducirá la votación de ayer con el voto de calidad de Vicente Conde, que consumará la expulsión de la presidenta. Aprobado el texto favorable a la defenestración de Casas, los magistrados del sector progresista podrán expresar sus discrepancias en los correspondientes votos particulares. Es decir, se da la paradoja de que Pérez Tremps tendrá que redactar el auto de los conservadores y discrepar de su propio escrito a continuación.

Fuera de escena

Con Casas fuera de escena y tras la constatación de que Vicente Conde impondrá su voto de calidad a favor del sector conservador, las perspectivas para el Gobierno son más que sombrías: una declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Constitucional en los aspectos recurridos por el PP implicaría el cese en la presidencia de Casas, el asalto a la presidencia de los magistrados afines al PP y el subsiguiente dominio conservador merced al voto de calidad.

Como el PP tiene la llave de la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional que debe nombrar el Senado en diciembre -se precisa una mayoría de tres quintos-, y además ha recurrido la nueva fórmula de nombramiento por las autonomías, el escenario más previsible, según las fuentes consultadas, es el de un bloqueo en la renovación del Constitucional de la misma factura que el que viene manteniendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un bloqueo que podría extenderse durante meses, y durante el cual quedaría a merced de los conservadores no sólo el Estatuto catalán sino las leyes más significativas de la legislatura socialista que está a punto de acabar. Los propios magistrados conservadores tienen claro que su renovación no se producirá antes del próximo verano.