La confesión de un empresario da un giro al juicio de Malaya

El empresario burgalés Ismael Pérez Peña, hasta ahora un personaje secundario del caso Malaya, dio ayer un vuelco al juicio sobre la gran trama de corrupción en Marbella (Málaga). Pérez Peña, empresario del sector del automóvil, admitió al inicio de la vista oral que pagó un total de 180.100 euros en septiembre de 2005 a la llamada caja única de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del saqueo marbellí, a cambio de que se le adjudicara el servicio de retirada de vehículos de la vía pública, previa subida de las tarifas de la grúa municipal. El empresario también confesó que en enero de ese año entregó gratis a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, cuatro vehículos: un Toyota RAV4, un Kia Sorento, un BMW 120 y un Lexus RX 300.

El testimonio afecta de lleno al cerebro de la trama y a la exalcaldesa Yagüe

Han tenido que pasar 98 sesiones del juicio -que se inició el 27 de septiembre de 2010- para que alguno de los 95 procesados admita haber cometido alguno de los delitos que le imputa el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. Sin embargo, Pérez Peña no ha hecho su confesión gratis. La declaración de culpabilidad es el fruto de un acuerdo de conformidad con la fiscalía, por el que, a cambio de admitir su culpa, obtiene una sustanciosa rebaja en la condena. El empresario se enfrentaba a una petición fiscal de 11 años de prisión y multas que totalizaban 608.400 euros, por delitos de cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y malversación de caudales.

Tras el pacto con el fiscal, Pérez Peña acepta que ha cometido los delitos, pero el fiscal solicita que se apliquen las penas en su grado más bajo y solo deberá pagar 222.500 euros. Los dos años y tres meses de cárcel que se le reclaman ahora son sustituibles por multas. El empresario, de 67 años, estuvo tres meses y medio en prisión preventiva tras su detención, en marzo de 2006.

Pérez Peña eludirá la prisión, pero su testimonio inculpatorio afecta a gran cantidad de procesados en la trama, empezando por el propio Roca, y da aún más fuerza a una de las pruebas principales: la contabilidad privada de Roca, hallada en las oficinas marbellíes de Maras Asesores, y en la que se consignó el pago de 180.100 euros del empresario, así como otros 33 millones de euros de promotores.

La confesión afecta de lleno a la exregidora Yagüe, que ayer negó haber recibido gratis los cuatro vehículos que Pérez Peña admitió haberle regalado. También supone un varapalo para los abogados del despacho de abogados Soriano Zurita, donde Roca tenía domiciliadas las principales sociedades que le servían para ocultar su patrimonio. En ese despacho se orquestó un supuesto apaño societario para justificar la procedencia de dos millones de euros que Pérez Peña le "prestó" a Roca en enero de 2006 y que fueron intervenidos por la Policía.