"La comisión empezó por el tejado. Que me llamen si quieren verificar los hechos"

Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Madrid, aseguró ayer en una entrevista mantenida con EL PAÍS: "De mi vida pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos [en relación al contenido de los partes de seguimiento elaborados por agentes supuestamente a sueldo de la Consejería de Interior] que en su mayor parte coinciden con la realidad". Prada mantiene que los datos reflejados por los espías autonómicos en 33 partes distintos que van de marzo a mayo de 2008, en plena batalla interna por el poder en el PP, se corresponden con lo que hizo esos días, y algunas de ellas, fuera de su agenda pública. Prada cita como ejemplo la reunión que mantuvo con su equipo el 13 de mayo (recogida en los partes de seguimiento con esa misma fecha y no con la del 13 de abril, como por error escribió este periódico en su día).

"La cena que figura en el parte existió. El espionaje vulnera los derechos de mis hijos"

Algunos de los seguimientos tuvieron que ver con su vida privada. "La cena que detallan con mi mujer y mi hija refleja lo que ocurrió. No solamente supone una vulneración de mi derecho a la privacidad e intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución, sino que vulnera los derechos de mis propios hijos. Es de una gravedad inmensa".

Prada sostiene que la Administración de Justicia debe investigar estos hechos. "Debe averiguar si con dinero público se ha estado espiando, porque se trataría de malversación de caudales. Quien lo tiene que comprobar es el fiscal. Que me llame a declarar". Un mes después de denunciados los hechos por Prada y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, también espiado, ninguno de los dos ha sido interrogado por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para comprobar si los partes se corresponden con lo que hicieron.

Moix ha optado por reclamar datos a la Consejería de Interior sobre las funciones ejercidas por los 40 agentes de Granados, para luego ir cribando por otras vías tales datos. En suma, ir buscando elementos que contradigan que las labores reales de algunos agentes indagados por Moix, singularmente los asesores especiales de Granados que han estado a las órdenes de Marcos Peña o Sergio Gamón, han podido ser distintas de las que proclama oficialmente el Gobierno de Esperanza Aguirre. Que no realizaban labores claras lo acredita, entre otras cosas, que el nuevo director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Barón, declinó tenerlos bajo su mando. Le parecían, como el tiempo ha acreditado tras destapar este diario sus labores (espionaje o confección de dossiers), una fuente potencial de conflictos. Por tanto, sean cuales sean sus labores, que Barón intentó inútilmente conocer, no realizan tareas encuadrables en la actividad ordinaria de la estructura oficial. Moix guarda sigilo sobre las pesquisas alternativas que ha puesto en marcha para conseguir acreditar si alguno de los agentes de Granados realizó seguimientos a dirigentes del PP.

Prada asegura que la investigación parlamentaria "debería haber empezado por llamar a las víctimas del espionaje. Que me llamen si quieren verificar los hechos. Hay que empezar a investigar por los cimientos, no por el tejado", dice. El PP, según sugirieron sus portavoces parlamentarios el viernes pasado, pretende finiquitar la investigación sin llamar a declarar a dos altos cargos de su partido espiados (uno de ellos, Prada, sigue siendo diputado autonómico en Madrid) y que han denunciado lo ocurrido ante los tribunales de Justicia.

Dirigentes de la consejería de Interior, cuyo máximo responsable es Francisco Granados, han sugerido que los partes podrían haber sido "fabricados" por colaboradores del ex consejero de Justicia: "Prada sufrió un robo en su casa y desde entonces le pusimos contravigilancia. Con los datos de la contravigilancia se pueden elaborar los partes". Prada aseguró ayer a EL PAÍS: "Es falso. No robaron en mi casa ni nadie me puso contravigilancia por ese motivo".