El catalán será preferente en el Ayuntamiento de Barcelona

El catalán será el idioma de uso general y preferente en el Ayuntamiento de Barcelona. Tanto en las comunicaciones internas como en las notificaciones al ciudadano y en la relación con empresas concesionarias de servicios y contratos o entidades receptoras de subvenciones municipales. El uso de la lengua catalana será un "criterio determinante", también, en las cláusulas de los contratos públicos siempre que estos supongan comunicaciones "orales o escritas" con los usuarios. Todo ello no implica que se excluya el castellano, idioma en el que el ciudadano podrá presentar documentos y pedir que se le notifique en ese idioma.

Todas estas normas se describen en el reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento que fue aprobado ayer en la comisión de presidencia con los votos de PSC, CiU, ERC e ICV. El PP se opuso y defendió un reglamento alternativo de modelo bilingüe en catalán y castellano. Una fórmula que estaba extendida en muchas de las comunicaciones del consistorio, como las multas.

Código de consumo

Con el reglamento en la mano queda claro que el catalán será el idioma predominante en la relación con la Administración municipal. Todo tipo de impresos estarán en catalán. Los contratos con terceros para realizar informes, proyectos o estudios se deberán redactar "con carácter general" en lengua catalana. Lo mismo ocurrirá en el pliego de condiciones de los contratos administrativos en los que se requerirá que la documentación se entregue en catalán. Todos los catálogos y ofertas de servicios deberán estar redactados en catalán. Asimismo, el reglamento prevé que el uso de la lengua catalana figure entre "los criterios determinantes" en las cláusulas de los contratos públicos "siempre que del objeto de los mismos se deriven comunicaciones orales o escritas con los usuarios y usuarias".

El Pleno del Parlamento catalán inició el debate del nuevo Código de Consumo. El texto incluye también un capítulo que refuerza la obligación del uso del catalán por las empresas. Establece que las ofertas, folletos y cartelería de los establecimientos deberán estar en catalán. Prevé sanciones leves (de hasta 10.000 euros) para quien lo incumpla y más cuantiosas para quien reincida. PP y Ciutadans se mostraron en contra, ya que creen que la ley velará por el consumidor, pero no por la empresa.