Las argucias del dictador

Los delincuentes siempre se resisten a ser interrogados. Pero los dictadores que en el pasado han manejado los resortes del poder cuando lo han perdido se las ingenian para retorcer la ley a su favor y buscar las argucias jurídicas que les permitan evitar ser juzgados y perpetuar su impunidad. Si el caso del general chileno Augusto Pinochet fue paradigmático, el de los generales de Guatemala acusados de perpetrar el genocidio del pueblo maya, con 200.000 muertos, lleva el mismo camino. El juez español Santiago Pedraz ya había conseguido que el Gobierno y la justicia guatemalteca le permitiera interrogar como imputados por delitos contra la Humanidad a varios generales, tres de los cuales fueron jefes del Gobierno por golpe de Estado o presidentes del país, entre los que destaca José Efraín Ríos Montt. Pero las maniobras legales de los imputados han puesto en peligro de nuevo los interrogatorios.

Unas 100 personas aplaudieron la llegada de la comisión judicial a la sede del tribunal

Fuentes de la justicia de Guatemala estiman que las diligencias se podrán realizar en breve

Un centenar de indígenas y miembros de asociaciones de derechos humanos vitorearon ayer al juez Pedraz y a la comisión judicial española al llegar a la sede del tribunal 11 de primera instancia penal de Guatemala, al tiempo que daban gritos de el pueblo unido jamás será vencido y juicio y castigo para los genocidas.

El juez Saúl Álvarez celebró una vista en la que notificó a Pedraz la paralización provisional de las diligencias, al tiempo que le anunciaba que la Corte Suprema podría resolver en breve.

Mientras tanto, el abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, declaró a la prensa que su cliente es inocente y no reconoce la jurisdicción universal, porque España desde el 15 de septiembre de 1921 (fecha de la independencia) perdió cualquier potestad sobre Guatemala.

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, junto con el sindicato Comisiones Obreras y otras asociaciones de abogados y de Derechos Humanos, presentaron en 1999 una denuncia por el genocidio de los mayas en Guatemala entre 1978 y 1986, en la que se incluyó el asalto por la policía a la Embajada de España en Guatemala, realizado el 31 de enero de 1980 y en el que fallecieron 37 personas. La denuncia también se refiere a los asesinatos de varios sacerdotes españoles y de otras nacionalidades.

Los denunciados eran el general Fernando Romeo Lucas García, que fue presidente de la República de Guatemala entre 1978 y 1982 y que falleció hace menos de un mes en Venezuela; el general Efraín Ríos Montt, que derrocó a Lucas en un golpe de Estado, se autoproclamó presidente y fue jefe del Ejecutivo hasta agosto de 1983; el general Óscar Humberto Mejía Víctores, que era ministro de Defensa con Ríos Montt y que por medio de otra asonada golpista se hizo con el poder en 1983 y fue jefe del Gobierno hasta 1986; el general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, que fue ministro de Defensa; el licenciado Donaldo Álvarez Ruiz, que fue ministro de la Gobernación; el general Benedicto Lucas García, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mandato de su hermano; el coronel Germán Chupina Barahona, que fue director de la Policía Nacional, y Pedro García Arredondo, que fue jefe del Comando Seis de la Policía.

En la denuncia se narraban las atrocidades cometidas desde el aparato del Estado, que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, conformó "una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de la Inteligencia Militar, que fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno". La CEH documentó 42.275 casos, de las 200.000 víctimas estimadas. De ellos, 23.671 fueron ejecuciones arbitrarias y 6.159 fueron casos de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83 % eran mayas y el 17 % restante, ladinos (mestizos).

La masacre de la Embajada de España por parte de la policía para desalojar a unos indígenas que la habían ocupado se produjo durante el mandato de Lucas García, pero para entonces ya se habían perpetrado varias matanzas de campesinos. En 1982, la Junta Militar comandada por Ríos Montt dio un golpe de Estado y diseñó un nuevo plan contrainsurgente que, según la denuncia, supuso "la operación de exterminio y genocidio más doloroso de la historia de Guatemala" y cuya principal víctima fue el pueblo maya. En la etapa de Ríos Montt se pusieron en funcionamiento las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una adaptación para las zonas rurales de los escuadrones de la muerte, que operaban en zonas urbanas. Medio millón de efectivos integraron las PAC, que ejecutaron más de 300 masacres en pueblos mayas, con más de 16.000 muertos y desaparecidos.

Ríos Montt fue derrocado por su propio ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía, bajo cuyo mandato prosiguieron las matanzas, secuestros y torturas.

La Justicia española es competente para investigar y juzgar esos hechos por aplicación directa del principio de jurisdicción universal. En principio, es preferible que sea la justicia del lugar donde ocurrieron los hechos la que se encargue de juzgar a los responsables de los crímenes contra la Humanidad, y si eso no fuera posible, que los juzgue un tribunal internacional. Así ocurrió con el dictador Augusto Pinochet en Chile.

El caso del genocidio de Guatemala tampoco ha sido pacífico en España. Inicialmente, el titular del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional declaró su propia competencia y realizó diversas pesquisas. Pero el fiscal recurrió y la Sala de lo Penal, en pleno, decidió que se archivase el caso, porque aunque reconocía el principio de jurisdicción universal, señalaba que no se había acreditado la negativa de jueces guatemaltecos a perseguir el genocidio.

Un nuevo recurso de Rigoberta Menchú al Tribunal Supremo obtuvo una resolución diferente. El alto tribunal, por una exigua mayoría de ocho votos a favor frente a siete en contra, resolvió que España podía investigar los hechos, siempre que se demostrase un vínculo con un interés nacional español. O sea, vía libre para investigar el asalto a la Embajada española y los asesinatos de los sacerdotes españoles, pero no las matanzas de mayas. Menchú y las asociaciones de derechos humanos volvieron a recurrir y el Constitucional rectificó al Supremo. Reconoció la prioridad de la justicia guatemalteca para perseguir esos crímenes, pero agregó que se debían investigar en España, sin tener que probar que no se investigaban en Guatemala, porque la finalidad del Convenio contra el Genocidio es que crímenes tan atroces no queden impunes. Ya había luz verde para la Justicia española, y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había conseguido consensuar con el Gobierno guatemalteco y el juez Saúl Álvarez las comparecencias en calidad de imputados de varios generales, entre ellos Ríos Montt.

A mediados de mayo, abogados de Ríos Montt recurrieron ante la Corte Suprema guatemalteca, que denegó el amparo solicitado para evitar el interrogatorio. Cuando el juez Pedraz se disponía a viajar a Guatemala los letrados de Ríos Montt plantearon la semana pasada un conflicto de jurisdicción, que han paralizado provisionalmente las citaciones. El juez Saúl Álvarez ha remitido un escrito a su colega español en el que le notifica que espera que se solucione la cuestión en breve. Pedraz decidió no cancelar el viaje e interrogará primero a una serie de testigos, entre ellos Rigoberta Menchú. El magistrado espera que para mañana, fecha prevista del interrogatorio, la Justicia guatemalteca haya eliminado los obstáculos jurídicos.