Tres años conspirando contra la verdad

El 12 de marzo de 2004, un día después del atentado que sembró de dolor y muerte el corredor ferroviario que une Alcalá de Henares con Madrid, el entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, declaró: "Tengo la convicción moral de que ha sido ETA". En las tres semanas que siguieron a esa confesión, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, todavía a las órdenes del Ejecutivo en funciones del PP, detuvieron a dos decenas de supuestos implicados en el asesinato de 191 personas. Ni uno solo pertenecía a la banda terrorista ETA.

La investigación encargada por el PP para hallar vínculos entre islamistas y ETA no dio las conclusiones esperadas

Los teóricos de la conspiración han descalificado el trabajo de cientos de policías y la instrucción del juez

El diputado Del Burgo se apresuró a creer al procesado Trashorras y acusó de mentir al policía Manolón

El delincuente Zouhier alimentó el bulo y luego se desdijo en el juicio: "Yo no he oído nada de ETA"

El 4 de abril de 2004, el PP consideró aclarado aquel asesinato terrorista masivo: "El núcleo central del 11-M esta detenido o ha muerto en el suicidio colectivo de Leganés", señaló Ángel Acebes, ministro del Interior en funciones. Sólo unas horas antes de su declaración, siete islamistas habían saltado por los aires con la ayuda de muchos kilos de dinamita que ataron a sus cuerpos cuando se vieron acorralados por la policía.

En los tres años que han seguido a la declaración de Acebes dando por aclarado el caso, el juez Juan del Olmo ha acumulado cientos de pruebas para terminar sentando en el banquillo a 29 supuestos implicados en el 11-M, muchos de ellos amigos de los islamistas muertos en el suicidio de Leganés. Ni uno solo de los 29 acusados pertenece a la banda terrorista ETA.

En los tres años que han seguido a la declaración de Acebes despejando cualquier sombra de duda sobre quiénes eran los culpables de 191 asesinatos, numerosos dirigentes políticos del PP y un puñado de periodistas han alimentado la duda respecto a los autores de la matanza y han llegado a negar que los islamistas detenidos y los suicidas de Leganés tengan relación con las bombas de los trenes. Para ello han descalificado el trabajo de cientos de policías, la declaración de decenas de testigos y la instrucción del juez Juan del Olmo y de la fiscal Olga Sánchez, a los que han acusado de torpeza negligente.

Estos impulsores de la conspiración han fabricado un enredo, gigantesco y multidireccional, a base de supuestas investigaciones periodísticas basadas muchas veces en informes inexistentes o amputados, testimonios de delincuentes implicados en el crimen a los que se ha dado toda credibilidad, o informaciones de policías -varios de ellos con cuentas particulares pendientes con la cúpula policial-.

Algunos de los que figuran en el sumario judicial como principales colaboradores de los terroristas del 11-M han sido entrevistados en los medios de comunicación afines al PP. Uno de ellos ha sido incluso interrogado por un diputado popular especialmente activo en la investigación del bulo: Jaime Ignacio del Burgo entrevistó al delincuente encarcelado Rafá Zouhier (que puso en contacto a los terroristas con las personas que les facilitaron los explosivos, según el juez) y se precipitó a difundir el fruto de su trabajo periodístico en el medio de comunicación que más espacio ha dedicado al invento de la conspiración durante estos tres años: el diario El Mundo.

En este tiempo se ha fabricado un bulo planetario. El Partido Popular y quienes han apoyado su estrategia de la sospecha permanente han logrado que el juicio del 11-M dedique medios, horas y esfuerzos notables para demostrar la inconsistencia de una marea negra de informaciones basadas, la mayor parte de las veces, en hechos falsos o mal interpretados. Lo que sigue es un relato de lo acontecido en estos tres años.

EL PRIMER INFORME A la búsqueda de contactos entre presos terroristas

El bulo empezó su carrera sólo 48 horas después de los terribles atentados, a cuenta de un informe que el Gobierno del PP encargó de urgencia para buscar vínculos que pudieran situar a ETA en el centro de la planificación del 11-M. Ignacio Astarloa, ex letrado de las Cortes, era secretario de Estado de Seguridad cuando estallaron las bombas. El 12 de marzo supo que un periódico italiano informaba de la supuesta conexión entre ETA y el terrorismo islamista.

En ocho años de Gobierno del PP y en los 28 años anteriores de actividad de ETA, la experiencia acumulada en la intensa investigación de las tramas terroristas no había deparado ni un solo vínculo entre ambos grupos de asesinos. Pese a esa evidencia, Astarloa intentó explorar nuevas vías en un momento de aprieto. En la tarde noche del 12 de marzo encargó un informe sobre las relaciones entre presos etarras e islamistas.

A la mañana siguiente, el edificio que alberga la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en la calle de Alcalá, amaneció con el vacío propio de los sábados. Los guardias civiles encargados de vigilar el inmueble y la persona responsable de la centralita telefónica no esperaban a nadie, pero tuvieron compañía. Al menos cinco funcionarios, adscritos al departamento de Coordinación de Seguridad y a la Subdirección encargada de presos terroristas, se pusieron a revisar fotocopias de libros de registro de todas las cárceles españolas en busca de algún contacto entre cientos de etarras que habían pasado por las prisiones y dos docenas de islamistas encerrados por terrorismo.

Trabajaron en la cuarta planta del edificio de Alcalá, donde no hay manera de distraerse: las únicas ventanas existentes dan a un patio interior. Los agentes y funcionarios encargados de rastrear una pista sobre la relación entre islamistas y etarras se concentraron en la tarea encomendada pero apenas pudieron pescar en un río que estaba seco.

El domingo 14 de marzo, día de las elecciones, Astarloa tenía en su mesa un informe con apenas seis fichas de otros tantos contactos donde figuraban cartas y conversaciones que se registraron en 1998, 2001 y 2004 entre etarras (Iñaki de Juana Chaos, José Luis Urrusolo Sistiaga...) e islamistas (Ismael Targú y otros) cuyo poder de influencia en ETA o en el comando que perpetró el 11-M era, según el sumario judicial, nulo.

Las comunicaciones intervenidas a estos presos recogían algún comentario de exaltación de la violencia terrorista pero ningún plan de colaboración conjunto ni mucho menos detalles relacionados siquiera remotamente con el atentado de los trenes.

El Gobierno del PP prefirió no hacer pública la investigación de emergencia. Al menos en aquel momento, cuando la "prioritaria" línea de investigación sobre ETA que el ministro Acebes había defendido a capa y espada en cuatro conferencias de prensa se desvanecía como consecuencia de las primeras detenciones de islamistas.

Astarloa facilitó ese día una copia del informe penitenciario confidencial al director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera (fiel colaborador de Ángel Acebes). Tres años más tarde, en el juicio del 11-M, Díaz de Mera confesaría que el domingo 14 de marzo conoció aquellas fichas de comunicaciones carcelarias entre etarras e islamistas, el primer documento al que se aferraron los dirigentes del PP para dar pábulo a la supuesta participación de ETA en la matanza de los trenes.

El PP no habló de ese escrito, que conocía desde mediados de marzo, hasta que salió parcialmente publicado, a primeros de julio de 2004, en el diario El Mundo. Fue entonces cuando Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Jaime Mayor Oreja pidieron que se investigara a conciencia el vínculo entre islamistas y etarras. "El terrorismo internacional tiene sus conexiones, sus contactos, se entienden, se conocen, saben lo que hacen. Pero estas colaboraciones entre grupos no estoy en condiciones de saber si han planificado cosas concretamente o si tienen objetivos similares", declaró Rajoy.

De la investigación concienzuda que pedía el PP salió una conclusión que quedó escrita y firmada por policías expertos en la lucha contra el terrorismo: "No se han encontrado elementos objetivos que permitan vincular a las dos organizaciones terroristas". El PP no quiso creer.

LA COMISIÓN Un jefe policial del PP, contra las teorías de Gordon Thomas

Para entonces, los políticos ya andaban enzarzados en una comisión de investigación que intentaba aclarar si el PP engañó a los ciudadanos entre el 11 y el 13 de marzo respecto a la participación de ETA en los atentados; si hubo falta de previsión por parte del Ministerio del Interior para evitar la matanza, y si el PSOE alentó las manifestaciones frente a las sedes del PP la víspera de las elecciones.

En el fragor de la reyerta parlamentaria, algunos diputados populares se emplearon a fondo para buscar respuestas de expertos policiales que avalaran la tesis de la relación entre islamistas y etarras. El más tenaz fue Jaime Ignacio del Burgo, que sacó a pasear teorías del escritor británico Gordon Thomas sobre una supuesta investigación de los servicios británicos acerca de la colaboración de islamistas y ETA en el 11-M.

Mariano Rayón, uno de los mayores expertos en terrorismo internacional, jefe policial durante el mandato del PP, echó por tierra la especulación de Del Burgo basada en la especulación de Thomas. Lo hizo en público y con taquígrafos.

ZOUHIER Y DEL BURGO Dos versiones sobre un número de teléfono

En ese momento, uno de los implicados en los atentados, delincuente habitual que, según el juez, había puesto en contacto a los terroristas del 11-M con un ex minero asturiano que les facilitó la dinamita, se sumó al carro de los que querían meter a ETA en la matanza de los trenes. Era el narcotraficante Rafá Zouhier, que durante los primeros meses en la cárcel se afanó en la escritura de epístolas. Una de ellas llegó al rey Juan Carlos, que la remitió al Ministerio del Interior. Otra fue para el juez Juan del Olmo. En sus cartas, Zouhier detallaba diversas versiones sobre los hechos, denunciaba torturas en la cárcel y aseguraba que él avisó de que se iban a cometer atentados (aunque no lo hizo en el año anterior al 11-M).

En una de las misivas aireó que Antonio Toro, cuñado del ex minero Emilio Suárez Trashorras que facilitó los explosivos, había hecho algo sospechoso en la cárcel de Villabona: "Toro se hizo muy amigo de dos etarras vascos que estaban en prisión. Éstos le dieron un teléfono que Toro se encargó de pasar a su cuñado por comunicaciones por cristal en un papel".

Ese capítulo del bulo fue publicado a cuatro columnas por el periódico especialista en ese tipo de cuentos, que lo presentó como "el primer vínculo de ETA con los que facilitaron los explosivos del 11-M". El PP aprovechó la oportunidad para alimentar su sospecha sobre ETA. Pero aquella confidencia por carta de Zouhier quedó desmentida y aclarada en un careo ante el juez Del Olmo por el propio Zouhier:

Rafá Zouhier. "Cuando coincidí con Toro en la cárcel de Villabona, un día vi cómo enseñaba un papel a Suárez Trashorras en el locutorio, poniéndoselo en el cristal del locutorio, pero no sé si el teléfono era de gente de ETA".

Antonio Toro. "Ese teléfono era de Paloma, mujer de Sabino, el que vendía drogas en la cárcel".

Hace sólo un mes, Zouhier confirmó en el juicio esta versión del sumario: "Yo aclaré muy bien que no he oído nada ni de ETA ni de tal, yo no vinculé a ETA con el atentado", dijo.

En los días en los que Zouhier enviaba cartas a diestro y siniestro, el diputado Del Burgo hizo una entrevista por escrito al preso -para escándalo de jueces y fiscales- y, con las respuestas en la mano, se fue a El Mundo para que las publicara. Después pretendió que se incorporaran al sumario del 11-M. El juez se negó.

TRASHORRAS Y MANOLÓN "ETA sí estaba ahí"

José Emilio Suárez Trashorras, ex minero en Asturias, está procesado por los 191 asesinatos. La sentencia firme que condenó, en otro juicio, a un menor que transportó explosivos a Madrid por orden de Trashorras confirma el papel crucial del ex minero en los atentados de los trenes.

En septiembre de 2006, Trashorras mereció una entrevista de dos días en El Mundo para denunciar, sin aportar una sola prueba, el supuesto "golpe de Estado" perpetrado el 11-M por tramas policiales, y para dar una nueva versión de los hechos: la séptima que difundía desde que fuera encarcelado, pero esta vez sin la presencia de juez y fiscal. Un año antes de esa entrevista, Trashorras había comentado a sus padres: "Si El Mundo me paga, les cuento hasta la guerra civil".

Fue lo que se le ocurrió al ver otras entregas periodísticas del mismo diario donde el delincuente común apodado El Nayo, conocido de Trashorras, le acusaba de traficar con explosivos para ETA. El ex minero atribuía esas declaraciones del tal Nayo a que el periódico había pagado dinero e interpretaba que, cobrando, cualquier delincuente podía inventar una historia que se acababa publicando.

El PP creyó a Trashorras en la entrevista y se apresuró a pedir una auditoría de la investigación poniendo en cuestión el trabajo del juez Del Olmo. El ex minero contaba, entre otras cosas, que uno de los terroristas, El Chino, le había contado que conocía a los dos etarras detenidos en Cañaveras cuando transportaban una furgoneta cargada de explosivos. Además, aseguraba que él le había adelantado a un policía del que era confidente en Avilés, conocido como Manolón, que los islamistas iban a llevar explosivos de Asturias a Madrid.

Lo que dijo en el periódico nunca lo declaró al juez instructor. Tampoco reconoció esa historia en sus cartas privadas desde la cárcel cuando confesaba al policía Manolón que jamás pensó que aquellos "moritos" fueran terroristas, y pedía al agente que no se preocupara pues no pudo haber evitado el atentado ya que ignoraba el trapicheo de explosivos en el que andaban los islamistas.

Al diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo le importó poco que la séptima versión de Trashorras, ésta fuera del sumario, fuera sospechosamente contradictoria con las anteriores. "Al final resulta que ETA sí estaba ahí. La versión oficial se ha derrumbado. Es imprescindible que se haga una auditoria de la investigación. La entrevista demuestra que Manolon

[el policía del que era confidente Trashorras] mintió a la comisión de investigación", afirmó Del Burgo.

El parlamentario creyó al delincuente y acusó de mentiroso al policía.

Acebes, poco dado a declaraciones sobre la investigación, dio también crédito a Trashorras y su denuncia sobre una trama policial corrupta vinculada al 11-M. En la Cope, declaró: "Como ministro del Interior, yo nombré a dos o tres altos cargos en la policía, y a partir de ahí, son más de cien mil hombres y mujeres entre los que puede haber algunos que tengan comportamientos irregulares".

VUELVE DÍAZ DE MERA El autor de la "primicia"

acaba imputado

El 14 de septiembre de 2006, con el PP encendido por las revelaciones del ex minero Trashorras, su eurodiputado Agustín Díaz de Mera intentó animar el bulo de la conspiración con una "primicia", como la llamó, que quiso dejar en sus medios de comunicación preferidos. En la mañana de aquel día llegó a la tertulia de la cadena Cope con una misión que, muchos meses después, le costaría muy cara.

Díaz de Mera, que era director general de la Policía el 11-M, y que tiene hijos dentro de la policía, reveló que algún agente de su confianza le había contado que el comisario general de Información, Telesforo Rubio, había ocultado al juez informes sobre vínculos entre ETA y los islamistas.

Dos años y medio después de que Astarloa encargara la primera investigación sobre aquella cuestión y de que Díaz de Mera tuviera las fichas penitenciarias en su mano. Dos años y medio después de que los jefes policiales bajo mando del PP descartaran cualquier relación entre el 11-M y ETA, el ex director general de la Policía y ahora eurodiputado volvía a la carga.

Díaz de Mera recordó que aquel informe no se había hecho "a boli" y que algún rastro quedaría en los ordenadores. Cuando daba esa primicia a los medios investigadores, el famoso informe ocultado al juez llevaba siete meses guardado en los tomos 190 y 200 del sumario del 11-M. Es un informe que tiene las características precisas que dio Díaz de Mera sobre él -encargado por Telesforo Rubio, escrito por un hombre y una mujer-, pero dice exactamente lo contrario de lo que el eurodiputado sugería: los agentes llegan a la conclusión de que no hay pruebas que permitan "ni tan siquiera sospechar" una relación entre ETA y los implicados en la matanza del 11-M.

Pese a que la primicia se había convertido en bulo sólo unas horas después de salir a la luz, el ex director de la Policía volvió con su vieja historia seis meses más tarde. Esta vez ante el tribunal que juzga el 11-M. Se escudó en el anonimato de sus fuentes para acusar sin pruebas al Gobierno socialista y el juez le sancionó e imputó un delito de desobediencia del que será juzgado por el Tribunal Supremo.

Es, de momento, el último capítulo de la enrevesada fabricación de un bulo en torno al atentado del 11-M para hacer creer que los 29 acusados que se sientan en el banquillo son inocentes; para intentar que ETA, como repitió Acebes durante 48 horas, tenga algo que ver con las 191 muertes; y para atribuir a policías y guardias civiles el mayor complot criminal en la historia de España.