El agujero en el Palma Arena es de 16 millones

"El Consorcio para la Construcción del Velódromo de Palma no cumple con la legislación relativa a la administración y el control de los fondos públicos". Es la principal conclusión del informe que encargó el Gobierno balear del socialista Francesc Antich sobre la oscura contabilidad del Palma Arena, una de las obras emblemáticas de la era de Jaume Matas (PP). Los auditores detectaron al menos dos partidas de dinero, de más de 8 millones y 7 millones respectivamente, que contribuyeron a inflar el precio del edificio.

Ayer por la noche resultó imputado en Palma el antiguo responsable de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, el cuarto cargo del PP implicado en la Operación Espada. Mientras, continuaban en comisaría el ex director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester; el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el publicista Miguel Romero. El también detenido Rafael Duran, actual portavoz del PP en Palma, se ha negado a declarar ante la policía.

Los agentes buscan en casas privadas obras financiadas con fondos públicos

El caso se destapó a raíz de una auditoría de la Consejería balear de Economía, que reveló que el Palma Arena había costado más del doble de lo presupuestado: en los 24 meses de obras, se pasó de los 47 millones licitados a más de 90, sin que existieran expedientes ni contrataciones que justificasen el exceso.

El informe comprobó la concesión irregular de un contrato de "consultoría y asistencia" por valor de 8.581.867 euros al estudio de arquitectos García Ruiz. Dicha adjudicación se realizó "sin evidencia documental que la justificase, ni expediente sobre la contratación de la misma". En un informe técnico, los hermanos García Ruiz señalaron múltiples deficiencias en el proyecto inicial del ingeniero alemán, Ralph Schürmann. Interrogado como testigo meses atrás, Schürmann denunció maniobras para disparar los precios en la compra de material y la contratación de servicios.

Al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, otro de los detenidos el miércoles, se le pidió que aclarara por qué facturas de complejos deportivos del Gobierno en los que él tenía responsabilidad se endosaron, presuntamente, a obras privadas de cargos políticos. También está bajo la lupa de los fiscales el chalé en que vive el también arrestado e imputado Pepote Ballester, medallista olímpico y antiguo director general de Deportes.

La auditoría también destapó que el consorcio del Palma Arena había pretendido restar del coste final del edificio 7.765.263 euros, correspondientes al IVA. No había lugar a tal deducción, ya que el receptor de la obra era la propia administración pública. La hipótesis de la eventual financiación irregular del PP no se descarta. Un contrato de más de un millón y medio de euros en publicidad del Campeonato del Mundo de Ciclismo lo obtuvo casi sin competidores, según dos empresarios del sector de Mallorca, uno de los detenidos, el publicista Miguel Romero, copropietario de la agencia de comunicación Nimbus. La agencia ha trabajado para el PP en campañas electorales. Javier Mato, ex jefe de prensa de Matas en el Gobierno de Baleares y en el Ministerio de Medio Ambiente, es uno de sus ejecutivos.

Hubo improvisación y descontrol en el proceso de construcción del megaproyecto. El resultado es que, año y medio después de su inauguración, el equipamiento presenta deficiencias evidentes. La pista de ciclismo, hecha de pino siberiano, es inservible, por su pésima calidad y mal montaje. La madera se deshilacha, crea esquirlas y sus dilataciones generan huecos visibles. La investigación revisa en qué otras estancias de Palma actuó la misma empresa montadora de suelos de madera y si estas instalaciones particulares pudieron correr a cargo de las partidas públicas.