De la Vega cree que la sentencia del Estatuto será "razonada y razonable"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llamó ayer a la "calma" ante el debate suscitado en Cataluña sobre un posible recorte del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional, pidió "aparcar el alarmismo" y esperar al resultado de la sentencia del alto tribunal, que vaticinó "razonada y razonable".
De la Vega fue crítica con el debate de estos días porque, a su juicio, no contribuye ni a la legitimidad del Estatuto, que "ha pasado el filtro" de dos Parlamentos y del refrendo ciudadano, y "se viene aplicando con normalidad democrática en su integridad", ni a la del Tribunal Constitucional, que "lleva treinta años haciendo un trabajo extraordinario de interpretación de la Constitución".
La vicepresidenta rehuyó reclamar al PP que retirase el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, como pidió la víspera la ministra de Defensa, Carme Chacón. "La posición del Gobierno es la que acabo de expresar y no otra", aclaró.
Manifestación preventiva
Por su parte, el presidente del Parlamento de Cataluña, el republicano Ernest Benach, recuperó ayer la idea de una manifestación preventiva contra el recorte del Estatuto, después de la oleada de apoyos que ha recibido el editorial conjunto de 12 periódicos editados en Cataluña en defensa de la carta autonómica. Benach dijo que la posibilidad de salir a la calle "no debe descartarse nunca" porque, aseguró, hace falta una respuesta "gubernamental, parlamentaria, cívica y popular". Admitió que quizás no es el momento para la manifestación, pero insistió en que las formaciones de la Cámara "ya están tardando demasiado en reaccionar".
Las muestras de apoyo al editorial contrario al recorte del Estatuto tuvo la adhesión de la mayor parte de alcaldes catalanes a través de la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña, que agrupa a la mayor parte de ayuntamientos. El consistorio de Barcelona lo debatió en el pleno municipal sin alcanzar ningún acuerdo.
El editorial recibió críticas por parte de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Magis Iglesia, quien recordó que "ni en el 23-F ni en las tensas horas que precedieron a la muerte de Miguel Ángel Blanco, los medios españoles actuaron así". En cualquier caso, señaló que una iniciativa de estas características "sería sólo justificable cuando la vida de una persona o la libertad estuvieran en peligro, lo que no es el caso".
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