Ultimátum de todos los grupos al PP para desbloquear la renovación del Poder Judicial

La mayoría de los grupos parlamentarios van a hacer un último esfuerzo para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes del 17 de septiembre, fecha en la que el rey Juan Carlos abrirá el curso judicial. Unos y otros se plantean hacer llegar al PP, que tiene mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, un ultimátum para que abandone su persistente actitud de bloqueo. El CGPJ terminó formalmente su mandato hace más de nueve meses, y desde entonces actúa en funciones. La estrategia que los grupos trasladarán al PP se acordará en una reunión a celebrar a primeros de septiembre. En su ánimo está establecer el compromiso de que el partido ganador de las elecciones generales no ostente la mayoría del Consejo.

El objetivo, "por decoro democrático", según expresión de un dirigente del PSOE, sería abrir el nuevo año judicial con un presidente del Consejo que no fuera Francisco Hernando, descalificado por este grupo desde todos lo ángulos, y con un Consejo renovado que sustituya al actual, en situación de interinidad desde el 7 de noviembre de 2006. El actual CGPJ responde a la mayoría parlamentaria que tuvo el PP en las elecciones de 2000, y no a la de 2004.

Todos los grupos quieren esa renovación, pero no hay mecanismos que la fuercen tras haberse descartado soluciones drásticas, como dimisiones de vocales para forzar la inoperancia del organismo, o reformas legales para limitar el poder de un Consejo en funciones. Dos medidas que no han pasado del terreno de las hipótesis.

El tiempo de la renovación termina en diciembre, ya que en enero el Gobierno disolverá las Cortes para convocar elecciones generales, previstas para marzo.

"Todos los grupos vamos a pedir al PP que no persista en su actitud y desbloquee la renovación del Consejo", señala el presidente del Grupo Parlamentario IU-ICV, Gaspar Llamazares. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, también demandará a la formación de Mariano Rajoy que ceje en su actitud. "Pero ya sabemos que sólo podemos crear un clima de opinión para que los ciudadanos sepan que el PP no está siendo leal con el órgano de gobierno de los jueces", concluye Erkoreka.

En efecto, el PP puede seguir sin desbloquear la situación y mantener la mayoría que ahora tiene, que viene de la anterior legislatura y no responde al resultado de las últimas elecciones. Pero la legislatura termina y el PSOE, con el acuerdo de la mayoría de los restantes grupos, emplazará de nuevo al primer partido de la oposición a ponerse de acuerdo. El concurso de los populares es ineludible para conseguir los tres quintos de las Cámaras que requiere el nombramiento de los vocales del CGPJ.

El PSOE quiere echar el resto y asegura que si hay voluntad de consenso, la negociación puede hacerse en una semana. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, reconoce que las dificultades son enormes, toda vez que sus intentos de negociación con el portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, han terminado en nada. El último fue hace dos semanas. Se quedó en que en el 31 de julio habría respuesta, pero no produjo tal.

La propuesta del PSOE

La propuesta socialista consiste en el siguiente reparto: ocho vocales se nombrarían a propuesta del PSOE; ocho del PP y cuatro por cada uno de los siguientes grupos parlamentarios: CiU, IU, ERC y PNV. Del nombramiento del presidente, según López Garrido, no se llegó a hablar con el PP. En teoría, y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nombramiento del presidente se acuerda en la sesión constitutiva del Consejo, por tres quintos de los 20 vocales nombrados por las Cámaras. Pero en la práctica el presidente se consensúa con antelación y recae sobre un candidato propuesto por el partido que se encuentra en el Gobierno en ese momento.

La iniciativa del PSOE supone un giro muy notable respecto a la situación anterior, en la que el partido del Gobierno se reservaba la mayoría. En el actual Consejo la representación es de 10 vocales propuestos por el PP y 7 por el PSOE. Las insinuaciones de los socialistas de que la situación se debería invertir ahora ni fue tomada en consideración por el PP. Pero tampoco ninguna otra. A su llegada, el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo enigmáticamente: "Les vamos a hacer una propuesta a la que no se van a poder negar". Se trataba de la formulada a finales de julio, según la cual nadie tendría la mayoría pero tampoco la llamada minoría de bloqueo, a la que aspira el PP.

La minoría de bloqueo es la que conformarían nueve vocales, y la que permite vetar nombramientos de altos cargos, principalmente los de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Con ella, el PP puede impedir cualquier nombramiento que no sea de su agrado o que no haya sido pactado a cambio de situar a sus propios candidatos.

Los demás grupos son muy escépticos respecto a que el PP acceda a desbloquear la situación, ya que no creen que los populares vayan a renunciar fácilmente a la minoría de bloqueo, pero lo van a intentar. El escepticismo cunde, aunque no renuncian a lo único que les queda: la denuncia y la insistencia.

Los más realistas ven que habrá que esperar a la constitución de un nuevo Parlamento, tras las elecciones del próximo mes marzo, para reanudar la negociación.