Testimonios de alto riesgo
La justicia de Madrid dará ayuda económica, escolta y casa a testigos protegidos abandonados a su suerte
Hace algunos años, a las puertas de un local de ocio de Madrid, murió a tiros un hombre. Varias víctimas más quedaron malheridas. Los asesinos eran sicarios, pertenecían a una truculenta red que pujaba con sus pistolas por controlar la seguridad de locales nocturnos. Alguien lo vio todo. Colaboró con la justicia y fue declarado testigo protegido, por lo que se omite su identidad.
Desde entonces, su vida es un infierno. Las constantes amenazas de amigos de los sicarios derrumbaron su matrimonio. Pensó en suicidarse. Tuvo que buscar otro trabajo por temor a que le matasen en su ruta habitual. Intentó abrir un negocio, pero en apenas unos meses lo cerró porque los matones volvieron a localizarle. Finalmente, tuvo que vender su vivienda para alimentarse él y sus hijos. Desde que el dinero se acabó, lleva varios años viviendo casi de la caridad. Ahora vive en un piso patera y no pocas veces ha tenido que pedir un plato de comida en un cuartel de la Guardia Civil de Madrid, donde le conocen.
Su vida cambiará pronto. El fiscal coordinador de protección a las víctimas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, lo ha elegido, a petición de las Fuerzas de Seguridad, como pionero de un programa que le garantiza una ayuda económica mensual de 1.200 euros (que paga la Comunidad de Madrid), escolta y el uso de un piso de titularidad pública. El objetivo de este programa no consiste en proporcionarle dinero y casa sin más. Hay un pacto: el testigo debe comprometerse a realizar un curso de formación e inserción laboral y a recibir un tratamiento psicológico que le permita rehacer su machacada vida.
La duración del programa es de seis meses, prorrogables si el testigo cumple su parte del pacto, mientras sea necesaria y hasta que estabilice su vida. Los sicarios han sido condenados a fuertes penas de cárcel, pero ya han pasado algunos años y varios empiezan a disfrutar de permisos.
Son muchos los testigos protegidos que con su colaboración han permitido encarcelar a peligrosas bandas criminales y que se quedan tirados, y amenazados de muerte de por vida, tras declarar en el jucio. Ahora, la inseguridad es tal que la fiscalía, en el marco de ese nuevo programa, no descarta pedir al Gobierno el uso de instalaciones militares para ocultar a los testigos de alto riesgo.
"La filosofía es que las personas que arriesgan su vida por colaborar con la Justicia, no acaben como un Kleenex, tirado en el suelo después de ser usado como prueba
", señala el fiscal Martínez.
El programa también lo apoya la Audiencia de Madrid, donde se celebró aquel juicio. En la sentencia contra los sicarios, el tribunal dictaminó, de forma genérica, que se proporcionase "ayuda económica" al testigo. El mandato quedó en el aire. Años después, la nueva oficina de protección a testigos de la Fiscalía de Madrid y la Audiencia Provincial concretan y dan forma a esa ayuda.
La próxima persona en la lista para acogerse a este programa es un muchacho, inmigrante y residente en Madrid, inmerso aún en una banda criminal que ha cometido horribles crímenes en su país de origen y en España. Es un joven que ha presenciado en directo cómo miembros de su banda troceaban con una motosierra, vivos, a varios rivales. O cómo, sin ir más lejos en el mismo Madrid, sus temibles colegas introducían a otra persona, también viva, en un bidón con ácido sulfúrico.
"Utilizado y abandonado"
El testigo protegido que ayudó a encarcelar a una banda de sicarios es hoy un hombre destruido psicológicamente y que se siente "utilizado y abandonado". Antes de ser elegido para el nuevo programa de protección, fue explorado por un equipo de psicólogos del TSJ de Madrid. El informe evidencia su calvario desde que vio lo que no debía y decidió contarlo: "Presenta sintomatología propia del trastorno por estrés postraumático cronificada, de gravedad moderada, así como sintomatología depresiva grave, incluyendo ideación suicida: lo ha llegado a pensar en dos ocasiones y no lo ha llevado a cabo por sus hijos".
El informe destaca que padece "insomnio, pesadillas, sensación de ahogo, de ser perseguido y desesperanza. Y se siente fracasado como padre, no puede pagar los alimentos a sus hijos. Manifiesta que los visita regularmente pero no puede invitarlos a nada, ni llevarlos al cine porque carece de recursos".
En cuanto a su situación social y económica, el testigo "se ha ido manteniendo con el dinero que obtuvo tras vender la vivienda que tenía como consecuencia de su divorcio provocado por la enorme tensión que ocasionaron los hechos. No puede pagar los 400 euros que le corresponden por alimentos".
Para colmo, "carece de cartilla de la Seguridad Social debido a su cambio de identidad. Sin ella no puede acceder al tratamiento médico y psicológico que se estima necesario, ni obtener las ayudas y prestaciones sociales y económicas a las que tenga derecho". Los psicólogos destacan que se acordó concederle una vivienda pero nunca se materializó "y esto le angustia y provoca desasosiego. Se siente utilizado y abandonado".
El fiscal de protección de víctimas de Madrid, Pedro Martínez, señala que no cabe pedir un "heroísmo extremo" a quien ayuda a sacar de la calle a criminales. "El Estado debe asumir un compromiso con aquel que colabora con la Justicia en delitos graves". Por eso, no descarta "solicitar al Gobierno el uso de instalaciones de la Guardia Civil o militares en situaciones de alto riesgo".
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