Primera denuncia contra De la Rúa por prevaricación

Mónica Oltra, portavoz del Grupo Parlamentario valenciano Iniciativa pel Poble Valencià (IpPV), presentó ayer a la Fiscalía General del Estado una denuncia por un supuesto delito de prevaricación de Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en las decisiones sobre el caso Gürtel. El objetivo es que sea el ministerio público quien considere si existen indicios de delito y actúe en consecuencia: presente una querella o archive. De presentarse una querella, debería, según el procedimiento, remitirse al Tribunal Supremo, que es al que competen las causas contra los magistrados de un tribunal superior en el ejercicio de sus funciones por razón de su aforamiento.

Iniciativa recoge en la denuncia, de dos folios, que De la Rúa pudo haber incurrido en un "delito contra la Administración de justicia, al dictarse una resolución injusta a sabiendas, puesto esto en relación con la omisión de perseguir delitos y posible trato de favor a causa de una íntima amistad". Según consta en el documento remitido a la Fiscalía del Estado, el 20 de septiembre de 2008 Francisco Camps, presidente de la Generalitat, que fue imputado en la trama valenciana del caso Gürtel, dijo públicamente: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta de amistad para definir esta íntima y sentida relación que nos une", refiriéndose a De la Rúa. Y para la formación política, es razón suficiente para haberse abstenido.

El magistrado presidente firmó el archivo de la causa que implicaba a Camps, a Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Pero además, cuando aún estaban en plena deliberación, el tribunal de De la Rúa ignoró el informe de la policía que señala posibles irregularidades en la financiación del PP valenciano, además de aportar nuevos datos sobre los presuntos regalos recibidos por los cargos implicados.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, lamentó ayer que la denuncia no se haya producido en el momento procesal oportuno. "En su momento oportuno se pudo ejercitar la reprobación y no se hizo", afirmó. Y agregó: "Se hace cuando se ha producido el archivo de la causa".

La portavoz y consejera de Justicia también se pronunció sobre el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de la causa ante el Tribunal Supremo. "Respeto absoluto, pero el recurso no ha sorprendido a nadie; ya lo anunció la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en agosto y ahora se ha cumplido. Hubiera sido deseable que no se hubieran producido interferencias entre el poder Ejecutivo y el Judicial", dijo.

También ayer, Comisiones Obreras exigió explicaciones a la dirección de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de conocerse que Orange Market, empresa implicada tanto en los regalos a cargos del Gobierno autónomo como en la supuesta financiación irregular del PP valenciano, cobró más de 21.000 euros por la gestión del centro de llamadas en un telemaratón solidario.