El Poder Judicial se salta su propia ley para forzar un informe del Estatuto catalán

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales elegidos a propuesta del PP tienen mayoría, analizará el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña en la Comisión de Estudios que se reunirá el próximo 2 de noviembre, el mismo día que el Congreso de los Diputados admitirá a trámite la iniciativa legislativa del Parlamento catalán. La ley que regula el funcionamiento del CGPJ fija las condiciones en que este organismo debe informar sobre iniciativas legales. Hasta el momento, no se han dado las condiciones legales para la intervención del Consejo.

Las previsiones legales establecen que el CGPJ informará sobre anteproyectos de ley que afecten a competencias judiciales, leyes penales y normas sobre régimen penitenciario (artículo 108) y también sobre proposiciones de ley (como la del Estatuto catalán) siempre que lo soliciten las Cortes (artículo 109.3).

El Congreso desestimó la propuesta del PP para pedir al Consejo, que preside el conservador Francisco José Hernando, que informara sobre la propuesta de reforma del Estatuto aprobada en el Parlamento catalán. Pese a ello, los vocales conservadores han forzado el análisis del proyecto de Estatuto en la comisión de estudios. Enrique López, vocal conservador elegido a propuesta del PP, defiende la decisión: "Pese a que no hay previsión legal, el Consejo tiene un reglamento de funcionamiento que permite elaborar cualquier estudio o informe sobre cualquier asunto jurídico que se considere de interés. Si estamos ante un Estatuto que afecta al Poder Judicial y al órgano del gobierno de los jueces ¿qué más interés se puede pedir?".

Los vocales conservadores no quisieron hacer lo mismo con el Estatuto valenciano, pactado por el PP y el PSOE, pese a que también afecta al ordenamiento judicial. "También se podía hacer", señala López, "y no hay que descartarlo. Pero no tiene problemas de constitucionalidad, a priori".

La reforma valenciana

Sin embargo, en un informe del CGPJ sobre la reforma de una ley orgánica del Gobierno se planteaban dudas sobre la constitucionalidad de aspectos del Estatuto valenciano referidos a su consejo autonómico de Justicia.

López encuentra otras razones para justificar la decisión adoptada: "[El Estatuto valenciano] no nos ha llamado la atención tanto como el Estatuto catalán, que dice que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia judicial".

Juan Carlos Campo, vocal progresista, elegido a propuesta del PSOE, replica: "La decisión de la mayoría conservadora rompe el juego normal y legal de las instituciones al decidir que hay que informar sobre esta iniciativa. Ningún reglamento puede ir más allá que una ley, que fija con precisión sobre qué hay que informar. Si la Mesa del Congreso de los Diputados lo pidiera, el Consejo del Poder Judicial debería informar, como establece la ley, pero las Cortes no lo han pedido".

Campo sostiene que hay una clara intencionalidad política en la decisión de la mayoría del CGPJ: "Los vocales conservadores, en sintonía con el PP, pretenden atacar al Estatuto de Cataluña. Se quieren inmiscuir en un debate al que en principio no están llamados".

El actual Consejo ha informado en tres ocasiones (matrimonio de homosexuales, Constitución europea y, ahora, Estatuto catalán) acerca de iniciativas legislativas sobre las que no tenía un mandato legal para hacerlo. Cuando gobernaba el PP, no lo hizo nunca. "Entonces nos mandaba todos los proyectos, menos uno que le reclamamos y no envió, referido al Reglamento de Extranjería", explica López. En ese caso, el Consejo no analizó el texto.

El CGPJ mantiene pendientes de finalizar dos informes solicitados por el Gobierno sobre la Ley del Menor (13 de octubre pasado) y el Real Decreto sobre el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España (22 de septiembre). De los 36 anteproyectos de ley y reales decretos remitidos por el Gobierno al Poder Judicial, sólo 17 han sido informados en el plazo legal permitido (entre 15 días, por la vía de urgencia, y un mes).

López replica: "Es absolutamente infundado decir que el Consejo no está cumpliendo su misión de informar en tiempo y forma. Nos mandan siempre los proyectos por razones de urgencia de manera injustificada, máximo 15 días, y les pedimos que nos den el plazo de un mes".