Partidos y magistrados plantan al presidente del Supremo por el bloqueo del Poder Judicial

El Rey inaugura hoy en el Palacio de las Salesas el curso judicial más tenso e incierto de los últimos años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones y sin renovación posible, navega a la deriva como un buque fantasma ente reyertas internas y presiones políticas externas, mientras suma vacantes y aplaza nombramientos. En el Tribunal Constitucional, la mitad de los magistrados está a la caza de la presidenta, y la otra mitad a evitar que se cobren la pieza. El PP ha dejado claro que no habrá renovación de consejeros ni magistrados constitucionales hasta después de las elecciones generales, que confía en ganar para imponer a sus candidatos.

Las vacantes sin cubrir se acumulan en el Supremo y en los Tribunales Superiores

El último intento para pactar la renovación del gobierno de los jueces fracasó el pasado jueves

El malestar ha llevado a la asociación Jueces para la Democracia, a la que están afiliados más de 500 jueces, a no asistir a la ceremonia de apertura, en protesta por el "intolerable retraso" en la renovación del Poder Judicial y la consiguiente "parálisis" del organismo, que repercute en el funcionamiento de la justicia.

Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo afirmaron el viernes que entre una docena y una veintena de magistrados tenían previsto no ocupar sus sitiales en el salón de plenos para no seguir el discurso del presidente del CGPJ, Francisco Hernando. Dichas fuentes precisaron que, en todo caso, los presidentes de Sala del Supremo estarán al pie de la escalinata del palacio donde anualmente reciben al Rey, puesto que la protesta no se dirige contra el Monarca sino contra el retraso en la renovación del Consejo y contra el discurso de apertura que pronunciará el presidente Hernando.

Tampoco los portavoces de PSOE e IU acudirán a la ceremonia. El socialista Diego López Garrido pretextó una reunión de la Ejecutiva de su partido. Gaspar Llamazares, líder de IU, explicó a EL PAÍS que había asistido los dos años anteriores pero que éste no pensaba ir a escuchar el discurso del aún presidente en funciones del Poder Judicial. Los portavoces del PP, Eduardo Zaplana, PNV, Margarita Uría, y CiU, Jordi Jané, sí tienen previsto acudir, aunque este último tenía problemas para llegar. Uría y Jané critican al PP por bloquear la renovación del Consejo, pero no creen oportuno boicotear un acto institucional.

El Consejo del Poder Judicial tenía que haber sido renovado el pasado 7 de noviembre y lleva 10 meses en funciones. Mantiene un precario equilibrio, con ocho vocales designados a propuesta del PP más el presidente, Francisco Hernando, es decir, nueve votos del bloque monolítico conocido como sector conservador. En el otro lado, seis vocales del PSOE, uno de IU, uno de CiU y un no afiliado, que vota unas veces con los conservadores y otras con los progresistas. Pero para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se precisan 13 votos, los tres quintos de un Consejo de 21 integrantes (aunque ahora sólo cuenta con 18). Por tanto, es necesario un consenso que sólo se da muy esporádicamente. En la actualidad, y para desesperación de los posibles candidatos, las vacantes sin cubrir se acumulan. Ahora mismo hay 7 en el Tribunal Supremo: 3 en la Sala de lo Militar, otras 3 en la Sala de lo Contencioso y la del presidente de la Sala de lo Social. A ellas hay que añadir las de la presidencia de los Tribunales de Justicia de Madrid y de Galicia. En total, nueve altos cargos pendientes de cubrir hace meses.

El pasado jueves, en el Congreso, el PP dejó claro que no piensa renovar ni el CGPJ ni el Tribunal Constitucional. Tiene la llave en las dos altas instituciones, puesto que los nombramientos de consejeros judiciales y magistrados constitucionales requieren el apoyo de los tres quintos de las Cámaras. Ese día, el PSOE convocó a una reunión a los demás grupos parlamentarios de la que salió la postura común de exigir a los populares la renovación del Poder Judicial. La respuesta del PP fue fulminante: acusaciones de "chantaje", de intento de imponer un "trágala", de conjunción de voluntades con los nacionalistas para dominar el Poder Judicial, descalificaciones al ministro de Justicia... Y un final de posiciones irreconciliables, contenidas en dos propuestas radicalmente diferentes.

El PSOE plantea renovar a los 20 vocales del Poder Judicial (esos 20 eligen después al presidente) sobre la base de que ninguno de los dos grandes partidos disponga de la denominada minoría de bloqueo, es decir, los nueve vocales necesarios para impedir los nombramientos que exigen tres quintos de los vocales. Así, su propuesta es de ocho vocales para el PSOE, ocho para el PP y uno para cada uno de los grupos parlamentarios de CiU, PNV, ERC e IU. De esa forma, ninguno tendría minoría de bloqueo y tanto el PSOE como el PP estarían obligados a buscar amplios apoyos entre ellos o pactar con las minorías para alcanzar mayorías de tres quintos.

La propuesta del PP se basa en ceder el protagonismo a las asociaciones judiciales en proporción a sus afiliados. Así, de los 12 vocales de extracción judicial se repartirían cinco o seis a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dos a los centristas de la Francisco de Vitoria (FV), otros dos a los progresistas de Jueces para la Democracia (JpD), y dos o tres a los no afiliados a ninguna asociación. De los vocales que nombran el Congreso y el Senado, cuatro serían para el PP y otros cuatro para el PSOE.

Pero desde cada lado de la barrera se ve cualquiera de las fórmulas con desconfianza. El PSOE está convencido de que los vocales de la APM votarían monolíticamente lo que quiera el PP, y a ellos se sumaría alguno de la asociación Francisco de Vitoria y un par de los no afiliados, lo que daría al PP el control del organismo. Del mismo modo, en el PP ven a los cuatro vocales nacionalistas votando con los ocho del PSOE. Ninguna de las dos propuestas menciona al presidente, que sobre el papel debe ser elegido por los 20 vocales, pero en la práctica llega siempre consensuado a propuesta del partido que ocupa el Gobierno en ese momento. De ahí en parte el interés del PSOE por renovar cuanto antes y el del PP por esperar el resultado de las urnas en marzo.

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial vive una situación de interinidad que impide el desarrollo de planes de futuro. Desde el pasado noviembre, los mensajes sobre la renovación han sido contradictorios y los actuales vocales acusan cada vez más el desgaste de cinco años de continuos enfrentamientos que ahora pueden prorrogarse hasta bien entrada la primavera.

En el Tribunal Constitucional la situación es aún más crítica. El recurso del PP contra la ley orgánica del Tribunal Constitucional ha forzado a la presidenta, María Emilia Casas, y al vicepresidente, Guillermo Jiménez, a abstenerse. El artículo 16.3 de esa ley añade una norma que prorroga el mandato de ambos, que expiraba en junio, hasta la fecha en que se produzca su renovación.

Ese artículo se introdujo a última hora -a propuesta de IU y con el apoyo del PSOE- ante la evidencia de que el sector conservador, enardecido por el éxito de la operación de expulsar al juez progresista Pablo Pérez Tremps del tribunal que debe juzgar el Estatuto de Cataluña, preparaba el asalto a la presidencia.

Y esa prórroga del mandato de Casas es precisamente la que ha impugnado el PP. Dado que, desde la recusación de Pérez Tremps, hay seis magistrados por cada uno de los sectores, hacerse con el voto de calidad que ahora tiene la presidenta (progresista) es fundamental para dirimir empates. En ello están Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, los magistrados afines al PP más radicalizados, que en julio reclamó la dimisión de la presidenta.

Aunque entonces se quedaron solos, la situación actual se presta a nuevos intentos. De momento, todo apunta a que el tribunal admitirá las abstenciones de Casas y Jiménez, lo que haría que el puesto de presidente en el debate sobre el recurso contra la ley recaiga sobre el magistrado conservador Vicente Conde. Precisamente el candidato más firme a alcanzar la presidencia si Casas es apartada.