PSOE y PP cuestionan la multa y las asociaciones judiciales cierran filas

El pasado mes de septiembre, cuando el anterior Consejo General del Poder Judicial impuso la misma sanción al juez Tirado, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy expresaron su disconformidad absoluta con la decisión. Ayer, PSOE y PP cuestionaron el fallo del nuevo Consejo por su "levedad", pero con mucha más prudencia que entonces.

Así, el portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, aseguró que si ha habido una falta "no puede zanjarse con una multa de 1.500 euros". Villarrubia explicó que el PSOE respeta la decisión del Consejo, a la espera de que se sustancie el recurso del fiscal ante el Supremo. Sin embargo, puso en cuestión la decisión del pleno del Consejo: "Desde el punto de vista jurídico o no hay infracción y no hay sanción o si la hay quizás no debería ser ésta".

Los secretarios exigen que se suavice su régimen disciplinario

Mucho más allá fue Mario Jiménez, secretario general del PSOE de Huelva (provincia donde vive la familia Cortés) quien consideró "inaceptable e insensible" la confirmación de la resolución. Jiménez señaló que "una vez más se ha impuesto por encima del sentido común y del ejercicio de la ley el criterio que tiene que ver con el corporativismo, ante un caso que ha supuesto una alarma social".

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, eludió pronunciarse, pero el portavoz del partido, Esteban González Pons, contrapuso, en declaraciones a este periódico, las sanciones que los jueces imponen a "muchas personas que se sienten indefensas ante la Justicia" con el hecho de que juzguen "con tanta levedad a uno de los suyos". González Pons, no obstante, aprovechó para pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia por no haber puesto los medios para evitar esta situación: "Si los políticos no son capaces de depurar esas responsabilidades políticas no debería extrañar la actuación de los jueces".

Todas las asociaciones de jueces cerraron filas para respaldar la sanción impuesta al juez Tirado, con expresiones como "decisión razonada y correcta". Así, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) pidió "mirar hacia adelante" y poner "un punto y aparte" en el caso.

Antonio García, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), calificó la decisión de "jurídicamente correcta" y aseguró que no puede ser considerada como "desviada", desde el punto de vista de la normativa aplicable y en vigor.

El portavoz de la APM añadió que en asuntos como éste el "único referente" debe ser la legislación vigente, por lo que no le sorprende "lo más mínimo" que no se haya suspendido a Tirado. El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, afirmó que es una decisión "razonada y razonable para lo que debía enjuiciarse disciplinariamente". Del Río subrayó que el hecho de que los otros siete vocales pretendieran suspender a Tirado puede deberse "al desconocimiento de la realidad judicial".

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprovechó para pedir que se modifique el régimen sancionador de los secretarios. En concreto lamentó que "tratándose de una misma calificación jurídica de los hechos, la sanción de la secretaria judicial es claramente desproporcionada en comparación con la del juez". Justicia suspendió dos años a la secretaria judicial por el mismo caso.