El PP retoma la Ley de Cañada Real para aprobarla antes de las elecciones

El PP ha retomado hoy, un año y medio después de lanzar la idea, la tramitación en la Asamblea del proyecto de Ley de Cañada Real, con el que pretende poner fin al mayor poblado chabolista de Europa, y ha convocado para el lunes una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para que la ponencia emita su dictamen y la ley se apruebe probablemente el 10 de marzo. El proyecto es rechazado por el PSOE, que critica la "falta de solución social" del problema, e de IU, que se opone al plazo de dos años que el documento concede a la Comunidad para disponer del suelo si los ayuntamientos no acuerdan qué hacer con los terrenos de la vía pecuaria.

Para el grupo socialista culmina así una "operación de maquillaje" del PP, al que acusan de haber montado un "paripé" durante el año casi que ha estado interrumpida la tramitación parlamentaria para que 18 expertos dieran su opinión en la comisión, a pesar de que ya estaba cerrado el plazo de presentación de enmiendas. El PP ha contestado al PSOE que lo único que pasa es que tiene "celos" del Gobierno regional.

"Un grave problema de exclusión para 20.000 personas"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha dicho que el texto "no soluciona el problema" y ha insistido en que es "imprescindible el consenso" en un asunto como este. Para los socialistas, es necesario que la ley defina "instrumentos de intervención" en la Cañada. "No vale con desafectar el suelo y cedérselo a sus supuestos ocupantes, porque hay un grave problema de exclusión social que viven más de 20.000 personas", ha señalado el ponente del PSOE Antonio Fernández-Gordillo.

"El Gobierno regional lo que ve ante una situación así es el suelo, pero nunca ve a las personas", ha lamentado Menéndez, para quien "lo primero que hay que hacer es un censo con el que conocer cualitativamente la situación de cada uno de los ciudadanos que habitan allí". Otro "gran problema" que ve el PSOE es que "a norte y sur del tramo que ocupa la Cañada Real hay ocupaciones ilegales", como el poblado chabolista de El Gallinero, y cree que esos terrenos también deberían ser objeto de la ley. El proyecto, que el Gobierno regional registró en la Cámara en octubre de 2009, plantea la desafeción de los suelos por donde pasa la vía pecuaria y la posible enajenación bien a los ayuntamientos, bien a los ocupantes, sin diferenciar a los que tienen título de ocupación legal de los que no lo tienen.

El PSOE considera que la Comunidad pasa la "patata caliente" a los ayuntamientos (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada), para que decidan la ordenación urbanística y los realojos, si cabe, de las personas que viven allí. El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha rechazado las criticas de los socialistas y les ha acusado de actuar de forma "irresponsable" y "partidista", y de "entorpecer desde el principio esta iniciativa de la Comunidad de Madrid, por celos". Pérez ha defendido que la ley ofrece una "solución integral, porque atiende los aspectos medioambientales, urbanísticos, sociales y de seguridad, con la colaboración de todos menos del PSOE, que no hace más que poner palos en las ruedas". Por su parte, IU ha advertido de que votará en contra, si el proyecto de ley mantiene su redacción actual, porque "no resuelve los problemas con vistas al futuro inmediato".

Así lo ha indicado su ponente Carmen Pérez-Carballo, que ha defendido la necesidad de consensuar esta ley "al máximo", tras advertir de la complejidad que tendrá también su aplicación posterior. Para IU, el aspecto "innegociable" es el del plazo de dos años que establece la ley para que, si en ese plazo no se han conseguido solucionar tanto el problema social como el urbanístico, la Comunidad pueda disponer libremente del suelo y, por tanto, vendérselo a terceros. A su juicio, ese punto debe ser retirado del texto, por entender que la Cañada tiene que ser "suelo municipal preferente" y para "frenar al máximo las maniobras especulativas".