El PP amaga con denunciar la venta de camisetas de la 'marea verde' docente

Son el símbolo de la movilización. Las camisetas verdes con el lema Escuela pública de todos y para todos comenzaron a aparecer en protestas del distrito de Vallecas hace cinco años y se popularizaron con el recorte de profesores interinos. El jueves aterrizaron con polémica en el seno de la Asamblea de Madrid de la mano de la presidenta regional. Esperanza Aguirre acusó a varias asociaciones de hacer un "negociazo" con su venta. El PP de Madrid cogió ayer el testigo y amenazó con llevar "al juez" a tres asociaciones y reclamar "la inhabilitación para pedir subvenciones públicas" por "un delito de fraude fiscal".

Todos los aludidos acusan al PP y al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "intentar desviar la atención" del motivo de unas protestas que suman ya cinco jornadas de huelga con amplio seguimiento y manifestaciones que han convocado a miles de personas. A la última, celebrada el pasado martes, acudieron 68.000 asistentes, según estimaciones de EL PAÍS.

Aguirre culpó en sede parlamentaria a las entidades de hace un "negociazo"

IU denuncia el intento de distraer con "consignazos goebbelianos"

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, anunció ayer por la mañana la denuncia en un acto público en el que habló en calidad de presidente del Comité Jurídico del PP en Madrid. Presentarán una demanda, señaló, contra la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos y la asociación de vecinos de Palomeras Bajas, donde participan "candidatas de IU en la lista de la coalición para el Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones municipales", añade el PP regional en una nota.

El "negociazo" al que aludió la presidenta en sede parlamentaria supondría que las asociaciones obtienen "dos euros limpios y libres de impuestos que no pasan por el fisco", prosigue el PP. El supuesto beneficio sumaría 9.000 euros en una estimación "a la baja", a razón de 1.700 camisetas semanales. Ni Salvador Victoria ni el PP aclararon cómo y en qué sede judicial pondrán la denuncia, que aseguran que llevarán también al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria. El portavoz popular en temas jurídicos calificó la venta de camisetas de "inmoralidad" y habló de "un negocio fraudulento que se hace al margen de la ley y sin tributar". Acusó a las entidades de "hacer el agosto con la buena fe de mucha gente, como los educadores, que las adquieren sin saber que están pagando un beneficio para entidades privadas".

Las tres asociaciones aludidas niegan que haya existido ánimo de lucro en la comercialización de las camisetas reivindicativas. Estas prendas se venden en las tres sedes por cinco euros cada una, explica Federico Martínez, de la Plataforma de Vallecas. Una parte (3,5 euros) cubre los costes. La plataforma de Vallecas destina el resto (1,5) a financiar actividades como jornadas de fomento de matriculación en centros públicos, pegatinas o pancartas. "No hacemos facturas porque la gente no las pide, es como cuando un colegio o una peña venden lotería", añade Martínez, que aclara que su plataforma no recibe en este momento ninguna subvención pública.

El PP de Madrid asegura que presentará la denuncia "la semana que viene", aunque no está claro que prospere. "No hay base para una defraudación ni delito" en la propuesta de los populares, explica una portavoz de Gestha, el sindicato mayoritario de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda. Las asociaciones no tienen que pagar el Impuesto de Sociedades porque "su finalidad no es la venta de camisetas". Tampoco están obligados a deducirse el IVA, según Gestha, "porque no se consideran ni empresarios ni profesionales".

IU calificó ayer la actuación del PP y de la Comunidad de Madrid como "uno de los consignazos goebbelianos más chabacanos" del Gobierno regional, que busca "desviar la atención del conflicto más importante que tiene en este momento: el desmantelamiento de la educación pública". La oposición y las asociaciones reclamaron ayer al Ejecutivo de Aguirre que convoque la mesa sectorial de Educación para negociar con los sindicatos la retirada de las instrucciones de inicio de curso que han ampliado la jornada lectiva de los docentes de secundaria de 18 a 20 horas y han supuesto el recorte de docentes interinos (la Consejería de Educación admite cerca de un millar y los sindicatos hablan de 3.000).

"Descalifican y difaman a este movimiento que integra a las familias de la escuela pública en lugar de dedicar sus esfuerzos a solucionar el conflicto educativo", añaden desde la FAPA. Su presidente, José Luis Pazos, reclamó ayer al Partido Popular que presente la denuncia "cuanto antes" para que "quede patente que no tienen argumentos". La federación mayoritaria en la enseñanza pública recibe 30.000 euros anuales de subvención de la Consejería de Educación. "No nos preocupa que la quiten, hace mucho tiempo que amagan con eso", añade Pazos. La federación fue desalojada de su sede en 2008 y sufrió un recorte al año siguiente de la subvención (que ascendía a 80.000 euros anuales desde 2005) en beneficio de los representantes de la federación católica y concertada.

"Los métodos fascistas que están empleando me recuerdan a otros tiempos y demuestran que la movilización les está haciendo mucho daño", añade Almudena Jiménez, representante de la asociación de vecinos de Palomeras Bajas. Este colectivo no recibe subvenciones regionales, pero sí "unos 1.700 euros anuales" que se tramitan a través del Ayuntamiento de Madrid.