Otros 17 detenidos en el caso de los ERE fraudulentos

La policía judicial prosigue su investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta andaluza, al margen del conflicto entre el Ejecutivo y la juez del caso y la bronca política casi diaria entre PP y PSOE. Los agentes han detenido en las últimas semanas a 17 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), que tras su declaración fueron puestos en libertad. Además, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones, ha declarado en sede policial como imputado.

La Junta ya identificó a estas 17 personas en su investigación interna, que elevó a 72 el número de polizones. De este modo, la instrucción judicial acumula en total 32 detenidos y 14 imputados, estos últimos acusados de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Entre ellos están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cuñada.

La investigación tiene 14 imputados acusados de malversación

Los intrusos están acusados de un delito de tráfico de influencias, según refleja un informe policial incorporado a las diligencias judiciales, aunque es previsible que sean acusados de cohecho, ya que percibieron pólizas entre 100.000 y 200.000 euros solo por sus vínculos de amistad con políticos e intermediarios. Entre los falsos prejubilados que declararon como detenidos destaca Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), al igual que Guerrero, y que ha entregado a la juez un acta notarial en la que consigna 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta.

Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabajó allí, y hace 20 días manifestó ante la juez su sorpresa al percatarse de que su póliza era ilegal. Su hijo, el exconcejal y empresario Juan Enrique Rosendo, fue copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, que percibió 9,2 millones en subvenciones directas desde la Consejería de Empleo.

Entre los detenidos también figura una persona, de iniciales J. A. G. R., que cobró una póliza de 460.000 euros debido a una deuda que la Consejería de Empleo tenía con la multinacional CFP Servicio de Prevención por sus cursos y servicios. La Dirección General de Trabajo abonó el dinero a este particular sin vinculación directa con la empresa vasca mediante el ERE de Cydeplast, subvencionado por la Junta con 6,6 millones en 2007.

Asimismo está incluido el exconcejal y anterior secretario de política municipal del PSOE en Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, que figura como intruso en dos ERE diferentes, pese a que nunca trabajó en las empresas. García Prieto percibió 1.900 euros al mes como falso prejubilado desde 2003 y hasta 2008, cuando se jubiló.

Por otra parte, la magistrada del caso, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Jueces de Sevilla que la exima de otros asuntos ante la entidad de la instrucción de los ERE fraudulentos, informó Europa Press. Alaya investiga otros asuntos complejos, como el supuesto delito societario del Betis.

Mientras, el PP exigió ayer a la Junta que entregue a la juez las 480 actas del Consejo de Gobierno desde 2001, tras haberse negado el Ejecutivo por no ser una petición concreta. La portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, acusó al gabinete de José Antonio Griñán de trabar a la justicia y de mantener una postura "sin precedentes".