Los Mossos cargan contra el 15-M

"¡Nos ha llegado una filtración de que nos desalojan!". El grito proferido a las seis y media de la mañana de ayer en la plaza de Catalunya de Barcelona sirvió para poner en alerta, además de despertar, a unas 400 personas que dormían en el suelo. Media hora después los agoreros presagios se hacían realidad. Dos agentes de la Guardia Urbana y dos mossos se acercaban a los indignados del Movimiento 15-M.

"Cuando se haya limpiado esto, nos vamos", les dijeron los negociadores para tratar de convencer a los jóvenes de que dejasen la plaza. El momento de la limpieza se alargó seis horas y media. Los Mossos d'Esquadra acabaron cargando contra los indignados y provocaron 121 heridos (36 de ellos, agentes de la policía autonómica). Todos de carácter leve excepto dos, que sufrieron fracturas de poca gravedad.

36 de los heridos son policías. Solo hay un detenido entre los desalojados

PSC e ICV piden al consejero Felip Puig que dé explicaciones en el Parlamento

Pero el enfrentamiento tuvo una consecuencia mayor aún que la desproporcionada actuación policial. No había pasado ni una hora cuando los acampados volvieron a instalar las carpas. El movimiento resurgió con más fuerza después de las impactantes imágenes de los agentes golpeando a los acampados.

A los 250 indignados que resistieron en el corazón de la plaza de forma pacífica toda la mañana se sumaron poco a poco miles de personas. Entre ellos había de todo, jóvenes y ancianos. "¡El pueblo unido jamás será vencido!", gritaban a los agentes. Una chica lloraba desconsolada ante un policía antidisturbios que le impedía el paso al centro de la plaza. Su arma: un libro abierto en las manos.

A las siete de la tarde, con la resaca de la carga policial, en la plaza se palpaba el resurgir de los indignados apoyados por miles de personas. "¡Ha sido una barbaridad, se han ensañado!", defendía Montserrat Sánchez, de 53 años, que se había sumado a la comisión de cocina para apoyar a su hijo. "No había venido nunca, pero la actuación desproporcionada de los Mossos me ha animado a apoyarles", explicaba un hombre de 38 años del sector de la banca que prefería no identificarse. A las 21 horas estaba prevista una cacerolada.

"Sentido común, cautela, prudencia y, cuando ha sido necesario, contundencia". Así justificó el consejero de Interior, Felip Puig, la actuación de la policía autonómica. "El objetivo era desalojar para limpiar la plaza, no cargar", repitió Puig hasta la saciedad, aunque luego admitió que un grupo de agentes se vieron "acorralados" y que eso les obligó a emplearse con dureza. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, también justificó la carga y dijo que "se trataba sencillamente de recuperar las condiciones de higiene, y también de seguridad, de cara a lo que puede pasar si el Barça gana la Champions", pues la Rambla y la fuente de Canaletas, donde los culés celebran sus victorias, se encuentran junto a la plaza de Catalunya.

En el dispositivo actuaron 350 mossos y cerca de un centenar de agentes de la Guardia Urbana, que no utilizaron las porras en ningún momento. "Yo no decido cuántos agentes han de participar en el dispositivo", dijo Puig a modo de justificación, al tiempo que aseguraba que ha encargado un informe interno para analizar lo ocurrido.

Puig aludió a que la actuación policial "disminuyó" el riesgo de los concentrados y afirmó que algunos de ellos pudieron cometer delitos de daños, lesiones y desobediencia. Y argumentó que la prueba eran los 36 mossos heridos. Pese a esa supuesta peligrosidad de los acampados, el consejero admitió que solo se detuvo a una persona y que esta fue puesta en libertad al poco tiempo. La carga policial de ayer supuso el bautismo de fuego para Puig. Todos los partidos de la izquierda le criticaron y solicitaron su comparecencia en el Parlamento catalán para dar explicaciones por lo ocurrido, algo a lo que Puig se mostró dispuesto.

El PSC consideró "desproporcionada" la actuación policial y aseguró que Puig se había "extralimitado con los acampados ante su incapacidad de negociación y diálogo". El secretario general de ICV, Joan Herrera, calificó la carga de "inaceptable, desproporcionada e injustificada". Los sindicatos policiales de UGT y CC OO reclamaron la dimisión del consejero, y el Colegio de Abogados de Barcelona expresó su "rechazo e indignación" por lo sucedido en la plaza.

En Palma de Mallorca, unos 1.500 ciudadanos indignados se concentraron en una asamblea en su campamento de la plaza de España.