Montilla avisa de los riesgos de no mejorar ya la financiación de Cataluña

El acuerdo interno sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que reclamó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su partido, el PSOE, se está demostrando como un parto muy difícil. El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, advierte de que no aceptará ningún retraso sobre el plazo previsto en el Estatuto catalán (el 9 de agosto) para que el Gobierno central y la Generalitat "lleguen a un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir de 2009".

"La situación será clamorosamente injusta" si no se inicia la negociación Advierte del peligro de fenómenos como la Liga Norte italiana

"Cataluña no puede esperar más ni acepta que se le diga que ahora no toca"

Montilla insiste en que si no se cumple el compromiso "el riesgo es grande, porque podría acarrear el desafecto con la política española y la certeza de que un sistema injusto debe ser sustituido". Y ejemplifica cuál podría ser el riesgo: "De ahí a la reivindicación del concierto económico o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana, sólo habría un paso". "Cataluña no puede esperar más. Y sobre todo no puede aceptar que se le diga que 'ara [ahora] no toca".

El aviso de Montilla se incluye en un artículo de opinión que publica hoy EL PAÍS en la página 29, con el que el presidente de la Generalitat replica a otro artículo del pasado miércoles en este periódico de Felipe González, ex presidente del Gobierno. El ex dirigente socialista apostaba en su texto por retrasar la negociación del nuevo sistema de financiación para concentrar "el máximo esfuerzo negociador" en las medidas contra la crisis económica. "Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental", alegó González.

"No podemos aplazar esta negociación porque debemos resolver una situación clamorosamente injusta", opone Montilla, quien subraya que "el Estatut de Catalunya obliga a todos". "Sorprende tener que recordar lo obvio". El presidente de la Generalitat también rechaza otro de los argumentos de González, quien cree que la desaceleración económica es un mal momento para ceder más recursos a las comunidades autónomas, que atienden de forma prioritaria las competencias sociales. "La mejor inversión económica es la social", añade el dirigente catalán, que considera un "falso dilema" contraponer gasto social e inversión pública.

La propuesta de González de retrasar la negociación encontró eco en el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. "La lógica nos debería llevar a que la financiación autonómica se discutiera en un momento de mayor bonanza económica", sostuvo el jueves Chaves, aunque matizó que el calendario fijado era "muy difícil de alterar". La intención del Gobierno es cumplir con la fecha prevista. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró el jueves en el Congreso que pondría "toda la carne en el asador" para alcanzar un acuerdo antes del próximo 9 de agosto.

A esta controversia se suma el patente malestar de varios dirigentes socialistas ante los primeros pasos dados por la Generalitat. A la inmensa mayoría de los Gobiernos autonómicos liderados por el PSOE (salvo Baleares) no les gusta la propuesta catalana de limitar la aplicación del fondo de suficiencia, el mecanismo que da más dinero a las comunidades que tienen menos ingresos por impuestos cedidos para garantizar la igualdad en la prestación de servicios. La Generalitat quiere que se limite a los recursos destinados a salud, educación y servicios sociales, entre el 65% y el 70% del total, según sus cálculos. Tampoco ha gustado el acercamiento de Cataluña a la Comunidad Valenciana para reivindicar que la población sea el criterio esencial en el próximo reparto de dinero.

"No es aceptable que la solidaridad que se reclama a Catalunya perjudique los derechos de los catalanes", prosigue Montilla. Con su propuesta de reforma, la Generalitat quiere igualar la captación de recursos por habitante: en el actual sistema, las comunidades con menos ingresos tributarios, como Extremadura, reciben más dinero del modelo (2.504 euros per cápita) que las que más ingresos tributarios tienen, Madrid (1.7645 euros) o Cataluña (1.920).