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Reportaje:

'Mobbing' en la Audiencia Nacional

El magistrado Arce, suspendido en septiembre, creó un ambiente de "tensión y miedo" - Su secretaria y dos funcionarias sufrieron secuelas psíquicas

Insomnio, tensión emocional, ansiedad, depresión... Cuando a una de las funcionarias del Juzgado 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la citaron para declarar en uno de los expedientes disciplinarios abiertos contra Manuel Arce -el juez titular y, por tanto, su jefe- se excusó con dos certificados médicos que indicaban que, "por prescripción facultativa", no podía acudir al sufrir "un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo secundario a acoso laboral". A otra de las trabajadoras, que también tuvo que darse de baja, los médicos le recomendaron que no volviera a su puesto ante "el mal ambiente que se respira en el mismo" y que, como a su compañera, la sumió en un estado de permanente angustia.

Amenazó al abogado del Estado por llegar tarde a un juicio, según el expediente
Una trabajadora abandonó el juzgado sollozando y pidió el cese a Justicia

Manuel Arce, suspendido en septiembre por acumular en su juzgado más de 500 causas sin resolver tras diez años de retrasos, ausencias y malos modos, había creado en su juzgado un ambiente de "tensión y miedo", según uno de los siete expedientes disciplinarios que se le abrieron en ese tiempo. Sus constantes amenazas y exabruptos provocaron que al menos 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial necesitaron, además, tratamiento psiquiátrico a causa del acoso del juez, actor protagonista de sonadas escenas con letrados, procuradores... Hasta con el abogado del Estado.

Este último sufrió una de sus peores filípicas. Sabedor de que Arce comenzaba sistemáticamente sus juicios con, al menos, 15 minutos de retraso, y debido a que otro proceso anterior se había retrasado (algo de lo que había avisado), el abogado del Estado acudió a una vista dos minutos después que el juez. Arce le reprendió públicamente sin darle la posibilidad de defenderse y le amenazó con una sanción. Los días que no había juicio, el magistrado acudía al trabajo hacia las dos o las tres de la tarde, según manifestaron sus funcionarios y confirmó él mismo en el expediente. "Llego a una hora tardía", le dijo al juez que lo investigó.

Otro de los incidentes se produjo con dos funcionarias a las que el juez había llamado a su despacho. Al ver que estaba despachando con la secretaria, estas decidieron esperar en la puerta. Cuando entraron, Arce les preguntó "qué hacían como pasmarotas esperando fuera". "¡Estoy harto, coño. Les voy a empaquetar con un expediente!", les gritó acto seguido. Una de las trabajadoras terminó sollozando y se marchó directamente a la calle. Al día siguiente pidió el cese a Justicia.

A una procuradora que acudió a otro juicio sin toga, Arce le exigió que se la pusiera. Esta le respondió que en otros juzgados le permitían no usarla pero, ante la insistencia del magistrado, tuvo que ir a por ella. Durante su ausencia, el juez ordenó a una funcionaria que "dejara constancia" de que "le había replicado" y que él le había ordenado que vistiese "toga o traje talar". Sin saber la que le esperaba, la secretaria judicial indicó a esa misma funcionaria que sustituyera "replicar" por "contestar" y que quitara del acta la expresión "traje talar".

Tras el juicio, Arce montó en cólera. "En tono violento y atropellado", según el expediente, le recriminó que hubiera alterado lo que él había ordenado escribir. "¡La autoridad superior soy yo!", le lanzó. Después la amenazó: "¡Le voy a abrir un expediente!". La secretaria le recordó que, según la ley, la responsable de lo que pusiera en el acta era ella. Como Arce, enfurecido, elevó aún más el tono de voz, la secretaria se marchó de su despacho y le pidió que lo que tuviera que decir, lo hiciera por escrito.

El Poder Judicial impuso al juez 8.000 euros de multa en 2004 por las faltas graves de incumplimiento del horario y abuso de autoridad, pero el Supremo se la levantó porque el expediente duró demasiado. Fueron necesarios seis años más de retrasos y atascos para que el Consejo se diera cuenta de que Arce no podía seguir impartiendo justicia.

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