Libertad con cargos para el funcionario del Ayuntamiento de Alicante y los dos empresarios

El juez de guardia de Alicante ha decretado la libertad con cargos para el funcionario del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP y los dos promotores arrestados por amañar supuestamente contratos que el Consistorio encargó con fondos del Plan E. Los detenidos se han negado a declarar ante el juez. El magistrado únicamente ha adoptado como medida cautelar la obligación de no cambiar de domicilio. Esta causa esta abierta por los supuestos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Este posible escándalo de corrupción en el Ayuntamiento alicantino se suma a la investigación, incluida en el "caso Brugal", de un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta causa hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz. El fiscal acusa de cohecho a otras 14 personas, entre las cuales se encuentran Castedo y Alperi.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculados a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado número 2 de Alicante, que ayer ordenó los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores implicados y reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el técnico municipal detenido.

Según fuentes del caso, el empleado municipal, José L. M., ingeniero técnico de obras públicas, asumía como suyos los proyectos presentados por los promotores para agilizar el expediente y asegurarse la adjudicación a cambio de dádivas.

Los dos proyectos del Plan E objeto de la investigación fueron sendas obras para remodelar la plaza de La Montañeta y el emblemático paseo de la Explanada, por un monto global de 3 millones de euros. Las firmas adjudicatarias fueron la mercantil Becsa y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS). La concejalía de Atención Urbana, que el número dos del gobierno de Castedo, el edil Andrés Llorens, ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. En concreto, Víctor López, jefe de servicio de este departamento fue imputado en tres ocasiones. También estuvo imputado el propio Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivo la causa.