Intrusos y millones a discreción

"En el fútbol los amigos me comentaron que la Junta daba ayudas individuales y a empresas. Y me acerqué a pedir una porque estaba en el paro". José Antonio García, exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), explica con pasmosa tranquilidad cómo entró a formar parte del grupo de 70 intrusos descubiertos hasta ahora en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía. Estas personas figuran como prejubilados en los ERE que acometieron empresas gracias a las subvenciones de la Junta andaluza, pese a que nunca trabajaron en estas compañías que redujeron personal.

El fraude consistió en incluir a ediles, sindicalistas, intermediarios y amigos de todos ellos como beneficiarios de las pólizas de los ERE gracias a la connivencia de las aseguradoras, las consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo, que autorizaba los pagos. La casuística de estas 70 personas es muy diversa y hubo trabajadores de una empresa prejubilada en otra y familiares y vecinos desempleados ajenos por completo a las compañías.

Han sido hallados 70 intrusos ajenos a las empresas y que cobraron pólizas

La policía ha detenido a 12 personas vinculadas a una trama

El fondo incluyó 87 millones de ayudas directas a empresas con escaso control

La Intervención emitió tres informes contrarios pero cayeron en saco roto

Durante nueve años, entre 2001 y 2008, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero manejó un fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional. Esas ayudas públicas fueron definidas por el propio Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se desdijo.

Estas ayudas sirvieron para un roto y un descosido; para cientos de prejubilaciones ante el cierre de grandes firmas como Santana Motor o Delphi, y para incluir a la suegra de Guerrero como prejubilada en el grupo Sos Cuétara, presente en Jaén, pese a que la señora reside en El Pedroso (Sevilla), municipio del que Guerrero fue alcalde durante cuatro años.

La policía ha desarticulado al núcleo duro de los intrusos, una trama que se lucró a través de la consultora Vitalia y el conseguidor Juan Lanzas, incluido en dos ERE junto a su mujer y su cuñada. Por ahora han sido detenidas 12 personas que a continuación fueron puestas en libertad. Mientras, la Junta ha identificado 70 intrusos en una investigación interna, lo que supone el 4,4% de los 1.569 trabajadores examinados. Sin embargo, el goteo de intrusos seguirá, porque 6.096 empleados están recibiendo estas ayudas públicas.

Pero el capítulo del fondo más espinoso fueron las subvenciones directas a empresas: 87 millones para un auténtico cajón de sastre repleto de sospechosos pagos. La contabilidad del fondo revela cómo este sirvió para ayudar a empresas en dificultades pero también contentar, de manera discrecional, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones a través de 130 ayudas. La provincia de Sevilla acumula la gran mayoría de abonos y concentra 10 de los 13 Ayuntamientos beneficiados.

El acuerdo firmado en 2001 por la Consejería de Empleo para agilizar el rescate de grandes empresas en crisis despejó el problema de la eterna burocracia, pero también inició un escenario con decisiones sospechosas de amiguismo. La Intervención General envió tres informes cuestionando el proceso, pero estos cayeron en saco roto porque no eran vinculantes.

Para conceder la mayoría de ayudas no existía un estudio de viabilidad de la empresa ni control a posteriori del destino del dinero. "Había un interés por saber cómo funcionaba la empresa a través de contacto telefónico", reconoció Guerrero. Ante la falta de control, hubo empresarios que invirtieron sus subvenciones de manera reglada en maquinaria y contrataciones, otros que destinaron solo una parte de los fondos a inversión empresarial, y otros que cerraron su firma al poco tiempo de recibir una ayuda millonaria.

Entre los casos más llamativos figuran cuatro empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 años y hermano del expresidente de la Junta andaluza José Rodríguez de la Borbolla, que percibieron 7,8 millones. En ese pueblo, una gasolinera percibió 60.000 euros. Guerrero siempre se preocupó por la economía de la Sierra Norte sevillana, donde nació, y concedió ocho millones a un grupo de sociedades vinculado al empresario y exedil socialista José Enrique Rosendo. El padre del empresario, Rafael Rosendo, fue alcalde de El Pedroso al igual que Guerrero y es uno de los 70 intrusos identificados en los ERE.

Más tarde, la Junta transfirió 300.000 euros para pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió el exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel. La subvención se concedió pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores, y Empleo incluso sugirió a los trabajadores que se asociaran para recibir el abono al margen de los administradores concursales.

Ante los reparos de la Intervención General, Guerrero admitió: "Hicimos borradores de decreto, de órdenes y nos tiraron todos para atrás. Por eso seguimos con el mismo sistema".