Balance final de la investigación de los ERE: 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas

El consejero de Empleo cifra en nueve millones el dinero defraudado

EL PAÍS Sevilla 23 MAR 2011 - 12:09 CET

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha adelantado a través de sus páginas personales de Twitter y Facebook y de la web el resultado final de la investigación sobre los fraudes de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía. Según ha informado, de los ERE anallizados se han beneficiado 5.982 trabajadores, de los que 5.799 (el 96.94%) no presentan ninguna irregularidad. Por el contrario, 72 trabajadores (1.20%) resultan ser personas que nunca han trabajado en las empresas por las que están cobrando una póliza. Son los llamados intrusos. El dinero defraudado asciende a nueve millones de euros. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya adelantó ayer que no superaban los 10 millones.

También se han detectado irregularidades administrativas en ERE de 111 trabajadores (1,76%). Estas últimas irregularidades se refieren a empleados de las empresas por la que están cobrando pólizas, pero con alguna anomalía sobre la que se considera oportuno que sea la justicia quien decida si procede el cobro de esa póliza.

El total de empresas investigadas ha sido de 68, de las que 24 presentaban intrusos y 18, irregularidades que Recio denomina "discordancias administrativas".

Los nueve millones de euros defraudados suponen un 1.39% sobre los 647 millones de euros que componían la partida asignada para cubrir las ayudas a ERE.

"Tenéis mi compromiso de que vamos a intentar recuperar hasta el último céntimo, que hemos paralizado el cobro de lo presuntamente irregular y de que vamos a trasladar a la justicia los resultados, ya definitivos, de esta investigación para que la justicia determine las responsabilidades que pudiera haber. Como dice nuestro Presidente, Pepe Griñán, caiga quien caiga", afirma el consejero en sus comunicados.

El PP ha interpuesto en los juzgados una querella contra diferentes responsables políticos del PSOE, así como intermediarios y posibles beneficiarios de la gestión irregular de los ERE por parte de la Consejería de Empleo.

Acusan a 26 personas de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones.

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