Interior descarta el desalojo de Sol

Entre la espada del veto a cualquier manifestación durante la jornada de reflexión y la pared de miles de ciudadanos concentrados pacíficamente en la Puerta del Sol y en numerosas ciudades de toda España, el Gobierno optó ayer por el mal menor: evitar el desalojo por la fuerza de la plaza más emblemática de Madrid y limitarse a comunicar a los representantes del Movimiento 15-M la decisión de la Junta Electoral Central.

Aunque el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que suspendió su participación en el cierre de campaña del PSOE para seguir el desarrollo de las movilizaciones, fue deliberadamente ambiguo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sí dejó claro que la actuación policial se regiría por los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

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"La policía no crea problemas, los resuelve. Veremos los acontecimientos y, en función de ellos, la policía tomará sus decisiones", insistió. Fuentes de su departamento explicaron que no solo hay que tener en cuenta la resolución de la Junta Electoral Central, que prohíbe la celebración de cualquier concentración desde la pasada medianoche hasta las 24 horas de mañana, sino también las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que autorizan a disolver, "en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones"; pero solo cuando se den determinadas circunstancias: que "se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales", que "se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes" o que "se hiciese uso de uniformes paramilitares por parte de los asistentes". Además, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, del pasado 8 de febrero, obliga a los poderes públicos a mostrar "especial tolerancia" hacia las manifestaciones pacíficas. En otras palabras, no basta con que una manifestación sea ilegal para disolverla por la fuerza; y así lo avala un informe jurídico remitido ayer a Interior por la Abogacía del Estado.

La situación cambiaría radicalmente, admiten las mismas fuentes, si se produjeran actos de vandalismo o disturbios en pleno corazón de la capital; pero lo cierto es que, hasta ahora, los concentrados en la Puerta del Sol se han desmarcado de cualquier conato de violencia y han hecho gala de un exquisito civismo. No solo no han interrumpido el tráfico en ningún momento, sino que han desaconsejado el consumo de alcohol en la zona de acampada e incluso la realización de pintadas o grafitis.

Consciente de la patata caliente a la que se enfrentaba el Gobierno, el líder del PP, Mariano Rajoy, advirtió de que "la responsabilidad [de afrontar el problema] es del señor Rubalcaba", a quien deseó que tuviera "mucho acierto" y también que "no mire para otro lado". Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, dijo que los ciudadanos tienen derecho "a no ser invadidos por ningún tipo de mensaje" durante la jornada de reflexión; mientras que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, propuso "en broma" levantar un campamento frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La acampada del 15-M se ha instalado ante la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Fuentes gubernamentales recuerdan que los trabajadores de Sintel estuvieron seis meses acampados en pleno paseo de la Castellana de Madrid en 2001, cuando gobernaba el PP, sin que nadie los desalojara; aunque en la madrugada del pasado martes no se aplicara ese mismo criterio a los escasos manifestantes que entonces dormían en la Puerta del Sol, de donde fueron expulsados. La diferencia es que aquella pequeña acampada se ha convertido en un embrión de ciudad, con guardería, placas solares, retretes, emisora de radio por Internet y zona para discapacitados, y que una multitud volvió a arropar anoche a los indignados, lo que hacía imposible su desalojo por la fuerza.

Anoche, el Ministerio del Interior tenía previsto limitarse a comunicar a los representantes del Movimiento 15-M la decisión de la Junta Electoral, con la advertencia de que su incumplimiento se castiga con sanción administrativa. Es decir, no es un delito, lo que justificaría el desalojo.

Contibuyó a aumentar la confusión la decisión de la Junta Electoral de Madrid de ampliar la prohibición a la concentración de ayer. También, el recurso presentado por Izquierda Unida ante el Tribunal Supremo, que este rechazó, por unanimidad y tras cinco horas de deliberaciones, al considerar que IU no tenía el carácter de "interesado" con el que decía actuar; es decir, que no podía arrogarse la representación de los concentrados. IU anunció su intención de enviar por burofax, antes de la medianoche, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Constitucional había rechazado previamente la impugnación formulada por un abogado de Murcia.

Los organizadores de las protestas no se fían y ayer tomaron todo tipo de precauciones. Cuando se conoció la decisión de la Junta Electoral, sus portavoces aseguraron que el colectivo no había convocado ninguna manifestación durante el fin de semana, aunque era "probable" que continuasen concentraciones "espontáneas", como las de los últimos días. Se trata de una ficción pues, a través de la web tomalaplaza.net, se convocó a los madrileños a que acudieran a la Puerta del Sol la pasada medianoche, justo al inicio de la jornada de reflexión, para participar en un grito mudo de protesta, con los labios sellados con cinta adhesiva.

Durante la multitudinaria asamblea celebrada al mediodía, se acordó evitar durante la jornada de hoy y mañana cualquier llamamiento a votar por uno u otro partido e incluso a no votar por ninguno. "Ni siquiera se puede decir 'PSOE y PP la misma mierda es", advirtió un orador, en alusión a una de las consignas más coreadas en sus manifestaciones.

El equipo legal del movimiento preparó un escrito en el que, tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional, asegura que el hecho de que se prohíba pedir el voto o hacer campaña durante la jornada de reflexión se refiere a los candidatos y partidos y que la Junta Electoral no tiene competencias para restringir los derechos de los ciudadanos a participar en la vida pública. "Si se trata de reflexionar antes de votar, queremos hacerlo todos juntos y no cada uno en su casa", resumía un portavoz.

Prohibidas pero toleradas, las manifestaciones iniciadas el pasado domingo acapararon hasta el último minuto la atención de la campaña y los mítines finales de los líderes nacionales se vieron eclipsados por el protagonismo anónimo de la Puerta del Sol.