Imputados por pagos a Urdangarin tres cargos de la etapa de Camps

La Fiscalía Anticorrupción de Palma ha interrogado, en calidad de imputados, a dos ex directores generales de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia, Jorge Vela y José Manuel Aguilar, y a una tercera persona, que dirigió también la citada firma y tuvo responsabilidades en el área de grandes eventos del Ayuntamiento de Valencia, por su implicación en la firma de varios contratos entre la Administración valenciana y el Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin. Jorge Vela -hermano del consejero de Hacienda del Gobierno valenciano- es ahora director del Instituto Valenciano de Finanzas. José Manuel Aguilar trabaja en la empresa privada.

Los interrogatorios se practicaron en Valencia, hasta donde se desplazó un fiscal Anticorrupción de Palma, dentro de las diligencias ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que ha abierto una pieza separada, declarada secreta, del caso Palma Arena. El juez José Castro investiga si hubo malversación de fondos públicos en los pagos al duque de Palma. El fiscal tomó declaración al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, como presidente del patronato de Turismo Valencia Convention Bureau, y al gerente de esta última, José Salinas. Ambos declararon como testigos.

El juez del 'caso Palma Arena' ha abierto una pieza separada

El Gobierno valenciano asegura que no se investiga a la Generalitat

La relación de Urdangarin con la Administración valenciana data de 2004. El Instituto Nóos cobró de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia -a través de CACSA y de la fundación- un total de 3,7 millones de euros por la organización de tres ediciones del Valencia Summit, un certamen sobre las ventajas de las ciudades que acogen eventos deportivos.

Urdangarin también cobró por trabajos relacionados con la elaboración de un estudio para celebrar los primeros Juegos Olímpicos Europeos en Valencia. Los tres certámenes de Valencia Summit, celebrados entre 2004 y 2006, costaron 900.000 euros anuales, es decir, 2,7 millones, que fueron financiados al 50% por Turismo Valencia y CACSA. Además, pagaron otros 700.000 euros en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes.

El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ya admitió que la fundación municipal pagó 148.000 euros en 2004 y 215.000 euros al año siguiente por gastos. CACSA, según fiscalizó la Sindicatura de Comptes (tribunal de cuentas autonómico), abonó otros 343.000 euros en gastos durante dos años. Los Juegos Europeos nunca se celebraron. El presupuesto del evento fue de más de tres millones de euros, de los que Nóos recibió 382.000 euros por las gestiones realizadas.

La fiscalía ha detectado durante la investigación notables diferencias entre los contratos suscritos por Nóos con el Gobierno balear y los rubricados con la Administración valenciana. Si en Baleares se pagó a Nóos por la organización y los gastos del evento, en Valencia se abonó un canon al instituto y aparte se abonaron los costes de desplazamiento de los asistentes.

Salinas insistió en que declaró como testigo y aclaró algunas cuestiones relacionadas con la documentación que ya se entregó hace unas semanas al juez. La policía judicial acudió el pasado día 8 a las sedes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de la fundación Turismo Valencia y de la Consejería de Presidencia de la Generalitat Valenciana para recabar los expedientes.

Jorge Vela acudió al interrogatorio, que personas de su entorno calificaron de duro, acompañado del abogado de la Generalitat. La portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, aseguró que "no se está investigando a la Generalitat", aunque admitió que "es verdad que hay alguna conexión" con el caso Palma Arena, en referencia a facturas que pudieron ser presentadas por Nóos ante la Administración valenciana y la balear. Johnson negó que haya imputados porque ningún juez ha interrogado a ninguno de estos directivos.