IU negocia con el PSOE limitar el poder del gobierno en funciones de los jueces

Las dificultades políticas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace casi cinco meses, están llevando al PSOE e IU a plantearse soluciones alternativas para soslayar el control absoluto de este órgano que poseen los conservadores. IU ha presentado al PSOE una propuesta de enmienda a la reforma de la Ley del Poder Judicial, que se discute en el Congreso, para que un Consejo en funciones, como el actual, sólo pueda tomar decisiones administrativas, y no sobre nombramientos clave. Los socialistas están estudiando la propuesta de sus socios.

Izquierda Unida, una de las formaciones más críticas con la mayoría conservadora que domina el Poder Judicial, y especialmente con su presidente, Francisco José Hernando, ha introducido ya en el Congreso una enmienda para que tenga que cesar porque ha cumplido la edad de jubilación. Sólo los vocales están obligados por la actual ley, no el presidente. Sin embargo, ahora IU quiere ir más lejos para lograr que la nueva mayoría en el Congreso quede reflejada en el Consejo General del Poder Judicial.

Para ello, quieren utilizar la misma técnica seguida con el Tribunal Constitucional: la semana pasada, una enmienda de última hora de IU, apoyada por el PSOE, forzó que ley permita a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, prorrogar su mandato -que vence en junio- hasta enero de 2008. Todos los grupos, salvo el PP y el PNV, apoyaron esta modificación.

IU sostuvo entonces que esa enmienda sólo pretendía convertir en ley lo que era una costumbre en el Constitucional, ante el temor de que los conservadores rompieran ese hábito para controlar el tribunal.

Con el Poder Judicial, una reforma que lleva un año de retraso en el Congreso (34 ampliaciones del plazo de enmiendas), IU pretende hacer lo mismo. Un Consejo en funciones, señalan fuentes de IU, no debería hacer nombramientos clave, sino limitarse a tareas administrativas.

Ante la previsión de que no haya acuerdo entre el PSOE y el PP antes de las elecciones generales y los conservadores utilicen ese Consejo en funciones para controlar aún más algunos órganos fundamentales de la justicia, IU ha enviado a los socialistas, sin registrarla aún en el Congreso, una enmienda clave. Se propone adicionar un nuevo apartado al artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que en su punto 2 sentencia que "el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo"- para añadirle lo siguiente: "A los cinco años de su nombramiento, el Consejo cesa. Sus funciones la ejercerá la Comisión Permanente, limitándose a las que establece el artículo 131, apartados 3, 4 y 5 de esta ley y asumiendo las de la Comisión Disciplinaria".

Ese apartado 3 de la actual ley consiste en: "Decidir aquellos nombramientos de Jueces y Magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos, resolver sobre su situación administrativa y disponer el cese de los Magistrados suplentes y de los Jueces sustitutos por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados o por alcanzar la edad de setenta y dos años.

El apartado 4 señala: "Resolver sobre la concesión de licencias a los Jueces y Magistrados, en los casos previstos por la Ley". Y el 5: "Autorizar el escalafón de la carrera judicial.

Los socialistas, según fuentes de IU, han planteado la posibilidad de lograr el mismo efecto pero con una enmienda que haga que sea el pleno, y no la permanente, quien sólo pueda realizar estas tareas administrativas básicas cuando esté en funciones.

En realidad, se trataría de hacer algo similar a lo que ocurre cuando un Gobierno, tras unas elecciones, queda en funciones. Así queda reflejado en la Ley del Gobierno, artículo 21, apartado 3: "El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

De hecho, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aludió hace dos semanas a esta comparación del Consejo con un Ejecutivo en funciones cuando discutía con el PP sobre la "legalidad" de la actual composición del gobierno de los jueces, pero no "legitimidad", en su opinión, porque ha caducado su mandato.

IU admite que el acuerdo no está cerrado, aunque confía en que el PSOE acepte su iniciativa, como hizo con el Constitucional. Los socialistas no se han pronunciado aún sobre la propuesta de sus socios.