"Hay que demoler las viviendas ilegales"

Antonio Vercher Noguera, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tiene como misión coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Formado en Cambridge y Harvard, Vercher tendrá a su cargo guardias civiles y policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en la fiscalía, recién creada por el Gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos. El fiscal apuesta por "demoler las viviendas ilegales" a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Vercher recomienda a los compradores que comprueben en el registro que todo está en orden antes de adquirir una vivienda.

"Las comunidades han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Se interpreta la normativa para legalizar viviendas"

"Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo"

Pregunta. Desde que se detecta una infracción urbanística hasta que llega la sentencia que ordena una demolición, se ha construido, se ha vendido, ha desaparecido el promotor, y cuando se ordena la demolición hay propietarios que han comprado de buena fe y no queda más remedio que consolidar la situación. ¿Qué va a hacer?

Respuesta. Es cierto. Desde la Fiscalía del Estado se trata de buscar soluciones más prácticas mediante la aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, es decir, la demolición. La fiscalía considera además que la demolición es un tema que hay que replantearse y que hay que buscar fórmulas que sirvan para que sea aplicable.

P. ¿Hay que demoler?

R. Hay que demoler. Lo que pasa es que hay que matizar. Mientras las normas administrativas dicen "se demolerá" taxativamente, el Código Penal dice "se podrá demoler". Esto tiene su lógica porque así, el juez analizará si es mejor o peor demoler. Lo que se pretende es dar un margen de maniobra para que la demolición se ajuste a la realidad y sirva para proteger el medio ambiente, pero se ha interpretado hasta ahora como una cautela contra la demolición.

P. Entonces, la fiscalía va a tratar de potenciar las demoliciones.

R. Exactamente.

P. ¿Y si hay propietarios, terceros que hayan comprado de buena fe y con licencia?

R. Hay soluciones por vía de la responsabilidad civil, están el registro de la propiedad; hay muchas opciones... Hombre, es evidente que cuando uno compra, tiene que ir al registro. Es una cosa que a mí me deja completamente atónito: cuando uno compra y se gasta tantos millones y no averigua cómo está aquello. Es algo que no comprendo. Luego podrá hacer toda suerte de manifestaciones o argumentaciones, pero es algo que no acaba de casar del todo.

P. Pero el comprador puede tener todas las licencias...

R. Pero estas cosas son de dominio público. Si hay alguna irregularidad, normalmente estas propiedades se ofrecen a menor precio. Luego, todo es clamar al cielo porque en una cosa que era bucólica, pastoril, azul y maravillosa, aparece un vicio oculto desconocido. Habrá que ver qué ha pasado, qué es lo que sabía el comprador y, si acaso, utilizar las vías que ofrece el sistema de responsabilidad civil para pedir una indemnización.

P. Y, sin embargo, las autonomías legalizan todas estas construcciones pasado un tiempo.

R. Las autonomías han olvidado que hay un delito en el Código Penal. Hay comunidades que dicen: 'si la obra es legalizable, se legalizará. Si no, se aplicará el principio de equidad' para evitar la demolición. Se interpreta la normativa de notarías y registros para legalizar viviendas. Estamos viendo una enorme y extraordinaria imaginación que aplicada a I+D provocaría que quintuplicásemos el número de patentes. El problema es que esa imaginación se está aplicando a un contexto improcedente. Hay interpretaciones insólitas que olvidan el Código Penal.

P. Pero en España hasta el ex presidente Aznar tiene una casa construida con una licencia considerada ilegal. ¿No habría que actuar también contra ayuntamientos, alcaldes y concejales?

R. Si la construcción es ilegal puede haber una conducta delictiva y ahí sí que hay que proceder penalmente. Sin vuelta de hoja. El Código Penal castiga la prevaricación urbanística que cometen autoridades o funcionarios y a eso tenemos que ajustarnos.

P. ¿Qué opina de la proliferación de campos de golf?

R. ¿Quién juega al golf aquí? El golf es un señuelo que da un toque de distinción. Es como comprarse un Mercedes o un BMW. Por lo menos ahora por ley que hay que garantizar el abastecimiento de agua. Y lo están haciendo las confederaciones hidrográficas.

P. Pero en la práctica no funciona. En Murcia se están anunciando campos de golf y, a la vez, pidiendo un trasvase...

R. Que no funcione porque no se respete y las implicaciones que eso puede tener es otro tema, pero que existe una base legal para que esto no ocurra esto es cierto.

P. ¿A qué atribuye la explosión del urbanismo y la corrupción?

R. La construcción se ha visto como algo positivo. La vivienda es una de las prioridades del español de a pie. Vienen 50 millones de extranjeros al año a los que hay que darles alojamiento y el clima de España la hace apetecible a amplios sectores de europeos. Como la construcción es más rentable que la Bolsa, se ha disparado. También ha contribuido la Ley del Suelo de 1998, que convertía casi todo el suelo en urbanizable, y la eclosión de los convenios urbanísticos, que nacieron para temas puntuales y que no deberían servir para modificar aspectos esenciales del planeamiento urbanístico.

P. ¿Cambiará esta situación?

R. Soy optimista. Creo que la situación va a cambiar gracias a la nueva visión que ofrece el anteproyecto de Ley del Suelo, que limita el terreno urbanizable; a que la economía está girando hacia aspectos productivos que nada tienen que ver con la construcción, y a que las grandes inversiones están yendo a la Bolsa; la industria está notando este efecto.

P. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno prevé cambios en delitos ambientales ¿Qué hace falta?

R. En urbanismo se habló de tipificar las reparcelaciones [división artificial de un terreno para poder construir más viviendas] pero el problema es que estamos en fase de aplicación de los delitos urbanísticos y me parece aventurado ofrecer redacciones nuevas de esos artículos cuando aún no hemos acabado de apurar lo que hay.

P. En general hay una sensación de impunidad, de dificultad para detener, imputar y condenar a los incendiarios.

R. Esa sensación debe ser del pasado, porque este año, con unos 60 detenidos de los que bastantes siguen en prisión... Lo que se ha visto este año es una importante reacción social, que es fundamental. En el momento en que el ciudadano responda frente al incendio o frente al delito contra el medioambiente exactamente igual que responde frente al robo de su cartera, esa sensación de impunidad desaparecerá más todavía.

P. Pero los incendios siguen sin denunciarse... ¿Convendría, como han postulado algunas fiscalías, imponer la pena de alejamiento a los pirómanos o que el fiscal pudiese otorgar a un testigo la condición de protegido?

R. Esas y otras opciones pueden ser de ayuda y de interés, pero la fiscalía ya dijo que la denuncia puede ser anónima y no ha servido.

P. El arsenal punitivo del Código, con penas de hasta 20 años para castigar los incendios ¿es suficiente?

R. Yo creo que sí.