"Hay que besar por donde pisan estos jóvenes"

Una semana más. Es lo que han logrado unas 130 personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y el 15-M, que se han concentrado esta mañana ante una vivienda social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en el barrio madrileño de Carabanchel Alto para impedir el desahucio de una mujer y su hijo de 16 años. La afectada, Mari Carmen, una mujer víctima de violencia de género, ha explicado que la orden ha sido aplazada al próximo viernes 29. Es la segunda orden de desahucio que paralizan para esta familia, que vive en el piso desde hace cinco años y cuyo desalojo fue bloqueado por el movimiento antidesahucios hace justo una semana.

La PAH y la asamblea de Carabanchel les había citado entre las ocho y las ocho y media en la estación de metro de La Peseta, próxima a la vivienda, y han pasado la mañana entera de guardia ante la casa de la afectada, en el número 3 de la calle Cuevas de Altamira. Según explica Olga, una portavoz de Democracia Real, el motivo del desahucio es una deuda de la mujer, con "graves problemas de salud", de 1.300 euros correspondiente a 2010, cuando la afectada atravesaba dificultades económicas. Esta deuda, según sostiene, está ya liquidada, así como los pagos del alquiler del piso hasta octubre de este año. Sin embargo, según ha señalado, el Ivima reclama que el pago de esta deuda se realizó fuera de plazo, por lo que la orden continúa vigente.

La versión del Ivima

La propia Mari Carmen ha afirmado que "se quedó perpleja" cuando se enteró de que sería desahuciada cuando acudió al juzgado para preguntar por qué no le pasaban los recibos. La afectada ha explicado que "ni el procurador, ni el juzgado, ni nadie" le notificaron la orden de desahucio y reclama quedarse en el piso o que le den una alternativa justa. Fue entonces cuando acudió a la Asamblea de Carabanchel a pedir ayuda, "hay que besar por donde pisa esta juventud que se vuelca en hacer verdadera ayuda humanitaria", ha declarado. Según fuentes judiciales, sólo en la ciudad de Madrid se producen entre 40 y 50 desahucios semanalmente. "Yo estoy muy agradecida al Ivima porque en 2008 me ayudaron, al tener mi marido cuatro órdenes de alejamiento, nos buscaron casa a mi hijo y a mi en unos meses, pero las cosas no se arreglan así, quiero que me den una alternativa", ha dicho.

Sin embargo, la versión del Ivima es muy diferente. Un portavoz del organismo explicó a este diario el pasado día 15 que la demanda presentada contra la mujer en los tribunales fue por "falta de pago y por su elevada conflictividad", haciendo hincapié más en lo segundo que en lo primero. Preguntado sobre si la mujer ha saldado o no la deuda, el portavoz ha señalado que "tras la sentencia de marzo de 2010" en la que se ordena su desalojo, el juzgado les informó de que la afectada "ha efectuado consignaciones" para pagar un montante que cifra en "unos 1.500 euros" por 19 recibos impagados de vivienda y garaje más los intereses de demora.

Aunque el Ivima suele aceptar el pago a posteriori, en este caso decidió no hacerlo porque así lo aconsejan las "muchas quejas y denuncias" que hay contra la mujer por parte de sus vecinos. Según el Ivima, "ha provocado multitud de intervenciones policiales" y tiene "sentencias condenatorias por amenazas e intimidación" e incluso "órdenes de alejamiento" por el mal trato al que somete a sus vecinos. "El clima de miedo en el bloque", según el organismo, ha sido determinante para optar por su marcha.

A primera hora de la mañana tres trabajadores en un camión de mudanzas, que han explicado que es el Ivima quién contrata los servicios de su empresa, esperaban en las inmediaciones del edificio. Unas horas más tarde se han marchado y las personas agolpadas frente al portal para impedir la posible entrada de los secretarios judiciales han estallado en gritos de júbilo. Además del centenar de personas que han participado en la protesta frente a la vivienda de Mari Carmen, dentro del piso la acompañan dentro otras 30 personas a la espera de la llegada de una notificación que aplazara o anulara definitivamente la orden de desahucio. En el lugar no se ha personado ningún funcionario de la comisión judicial y finalmente se ha trasladado la fecha al próximo viernes.

"La comisión judicial no vendrá"

"La comisión judicial no vendrá", ha manifestado una persona de la protesta, que había preguntado a agentes de la Policía Municipal, antes de la Mari Carmen confirmara que hoy no iba a ser. La presencia policial en el lugar era mucho menor a la registrada en el desahucio hace dos días de una familia de su piso en Pueblo Nuevo, donde sí se llegó a efectuar el desalojo. "Nos ha sorprendido", indica Fabio Gándara, portavoz de Democracia Real Ya, para añadir que sí que había agentes municipales, así como algún secreta, pero no la Policía Nacional.

Entre las personas que han acudido para impedir el desahucio de esta familia también se encuentran miembros de la marcha indignada procedente del norte, como Antonio, un profesor de instituto en Reinosa (Cantabria), que acaba de llegar a Madrid tras completar una ruta de 22 días. Su viaje, con el que había confluido con personas procedentes de Burgos o el País Vasco entre otros, ha recorrido varias localidades para trasladar el movimiento de protesta a otros lugares y poder "crear y despertar conciencia". "Que la gente tome partido hasta mancharse", ha dicho.