Hacienda fotografía España desde el aire para detectar el fraude inmobiliario

Un ejército de aviones está fotografiando el país por orden de Hacienda para comprobar si los proyectos urbanísticos que se observan desde el aire se ajustan a la legalidad. La proliferación del ladrillo en los últimos años ha llevado a la Dirección General del Catastro a intentar detectar los posibles fraudes en su fase más temprana. A mediados de 2007, Hacienda contará con una imagen aérea precisa de España que descubra las urbanizaciones de las que no tiene constancia el Catastro. Los alrededores de las ciudades más dinámicas, como Madrid, concentran buena parte de los proyectos sin identificar.

Los inspectores del Catastro -dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- contarán el próximo año con una herramienta más cualificada para luchar contra el fraude inmobiliario. Se trata de un mapa aéreo de España, obtenido mediante una técnica denominada ortofotografía, que permitirá identificar cualquier elemento con una altura superior a 50 centímetros del suelo. El proyecto, una iniciativa del ministerio en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, consiste en superponer las fotografías aéreas a los mapas catastrales, que reflejan todos los proyectos urbanísticos registrados en el Catastro. La diferencia entre ambas imágenes permitirá identificar los proyectos nuevos, no necesariamente ilegales, según explicó ayer el director general del Catastro, Jesús Miranda.

Obligación incumplida

Con esa información, Hacienda se dirigirá a las comunidades autónomas o los ayuntamientos (según a qué administración corresponda la concesión de cada licencia) para comprobar si cuentan con los permisos reglamentarios. Los ayuntamientos están obligados a suministrar periódicamente al Catastro todo el planeamiento urbanístico del municipio, pero en la práctica esta obligación se incumple. "Son relativamente pocos los que remiten la información puntualmente. Por eso tenemos que buscar mecanismos alternativos", explicó ayer Miranda a este periódico.

Hasta ahora, los inspectores del Catastro funcionaban principalmente con los datos que les remitían los ayuntamientos. En el momento en que tenían constancia de un proyecto sin licencia se dirigían a la administración competente para preguntar. A partir de ahora Hacienda contará con su propio sistema de información -también lo pondrá a disposición de comunidades y ayuntamientos- y podrá actuar con más celeridad. La normativa obliga a comunicar al Catastro toda obra finalizada en un máximo de dos meses después de colocar el último ladrillo.

De momento, Hacienda dispone ya de la información ortofotográfica relativa a Andalucía (en gran parte la Costa del Sol), Murcia, Cantabria y parte de Cataluña. De lo observado y de otras informaciones se desprende que son los alrededores de las ciudades con mayor dinamismo en los últimos años, entre ellas Madrid, los que mayor número de urbanizaciones sin identificar registran. Jesús Miranda precisa que la mayoría de ellas son legales y cuentan con sus licencias, aunque Hacienda aún no tenga constancia de ello. Las que no se ajusten a lo establecido serán objeto de investigación.

El ministerio confía en contar con la fotografía completa de España a partir de la segunda mitad del año próximo. La validez de esta herramienta radicará en su actualización permanente; la ortofotografía se revisará cada dos años para ir recogiendo los nuevos proyectos.

La rápida expansión del sector inmobiliario en España ha alertado a las autoridades tributarias, que observan cómo se ha convertido en uno de los principales focos del fraude fiscal. La construcción representa el 17% del producto interior bruto y aporta el 13% del empleo. Por ello es importante mantener el vigor de esta actividad pero también garantizar que revierte en las arcas del Estado.

Hacienda tiene algo más que indicios para pensar que una buena parte del capital que mueve este sector escapa al fisco. Sólo un 15% de las escrituras de compraventa que se firman en España son "fiables", en palabras del responsable del Catastro. La mayoría de ellas reflejan entre un 60% y un 70% del precio que realmente se paga por el inmueble. Según esas escrituras limpias, los propietarios rebajan entre un 7% y un 10% el precio de los inmuebles desde que los ponen a la venta hasta que se desprenden de ellos.