Guerra de sucesión en el espionaje

Los guardias civiles que el pasado lunes asistieron en Cauterets (Francia) a la detención de Txeroki se abrazaron emocionados. Algunos habían sido compañeros de Centeno y Trapero, asesinados hace casi un año en Capbreton por el propio pistolero. Luego, mostraron su agradecimiento a los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con quienes habían compartido noches de insomnio e interminables jornadas de vigilancia con resultado incierto.

La investigación que culminó en una localidad turística del Pirineo francés se inició en 2003, todavía con el Gobierno del PP. Al principio era un hilo, luego una red que se fue cerrando lentamente en torno al etarra más buscado. Muy pocos días antes del desenlace, pareció que todo estaba a punto de irse al garete debido a una filtración periodística cuyo origen se desconoce. Pero al final, el CNI -en colaboración con la Guardia Civil y la policía francesa- asestó un duro golpe en el corazón del aparato militar de ETA. Algo que no había logrado hasta entonces.

El jefe del servicio secreto reconoció a los suyos que había cometido un error

Saiz zanjó con un cese fulminante las diferencias entre dos directores generales

Ése podía haber sido el momento más feliz para el hombre que desde 2004 dirige con categoría de secretario de Estado a los espías españoles. Pero Alberto Saiz no estaba para celebraciones. Sólo cinco días antes, había tenido que beber su trago más amargo: reconocer ante sus propios subordinados que había cometido un grave error.

Fue en la toma de posesión de la nueva directora general de Inteligencia, Raquel G, donde admitió abiertamente que estaba corrigiendo la equivocación que supuso nombrar a su antecesor. Lo destituyó poco más de tres meses después de haberle mando venir desde Londres para hacerse cargo del puesto clave de una institución que trabaja para poner cada mañana la información más valiosa sobre la mesa del presidente del Gobierno.

El cese fulminante de un director general con tan escaso tiempo en el puesto resulta siempre traumático, pero mucho más en una casa donde es costumbre hablar en voz baja y la moqueta amortigua el eco de los pasos. En otros departamentos, a los directores generales los nombra el Consejo de Ministros. En el CNI, en cambio, los designa y los destituye Saiz. Bajo su exclusiva responsabilidad.

El jefe del servicio secreto no se explayó ante sus subordinados sobre los motivos que le llevaron a adoptar tan drástica decisión. Pero todos entendieron que se había producido una irreparable quiebra de confianza en Agustín Cassinello (resulta pueril resguardar su apellido, dada la popularidad de su padre, teniente general en la reserva y jefe de Información de la Guardia Civil en el 23-F) y también un enfrentamiento entre éste y Francisco M., responsable de operaciones del CNI.

Ambos proceden del Ejército de Tierra, son cincuentones y ostentan el grado de coronel. La carrera de Cassinello, que empezó como teniente en el País Vasco, incluye destinos en la lucha contra ETA, en el departamento responsable de la información clasificada de la OTAN y en Estados Unidos, además de Londres.

Durante su breve permanencia en el cargo, mantuvo estrechas relaciones con el Cuerpo Nacional de Policía, con el que el CNI nunca había logrado entenderse del todo, al contrario que con la Guardia Civil. Le ayudó seguramente el hecho de que un hermano suyo sea inspector.

Por eso, las diferencias entre Cassinello y Francisco M. no sólo dividieron al personal del CNI, entre partidarios de uno y otro, sino que se trasladaron al Ministerio del Interior. En realidad, la propia estructura del servicio secreto propicia la pugna entre el jefe de inteligencia y el de operaciones. Sobre todo, si ambos comparten el rango de director general. La obligación del primero es atender las demandas de información del Gobierno. La del segundo, obtenerla; aunque para ello haya que entrar en un domicilio o pinchar un teléfono. La tensión entre quienes administran la información y los que administran los medios debe resolverla un tercero. Y el único que puede hacerlo es el secretario de Estado.

Saiz podía haber dejado pasar unos meses, de forma que el relevo de Cassinello hubiera sido menos traumático. Pero seguramente le habría resultado más difícil explicarlo a medida que se acercara el 20 de abril.

Ese día cumple un lustro al frente del CNI y su ley reguladora señala que "el mandato será de cinco años". Se trata de un plazo atípico, pues la limitación temporal sólo está prevista para cargos de elección parlamentaria (como el Defensor del Pueblo) o relativamente independientes y blindados (como el fiscal general del Estado), mientras que al director del CNI puede relevarlo el Gobierno cuando quiera y sin dar explicaciones.

Pero el precepto legal está ahí, fruto del síndrome Manglano (en alusión a quien dirigió el servicio secreto durante 13 años) y hay interpretaciones jurídicas para todos los gustos: algunos consideran que el mandato es improrrogable; y otros que, como la ley no lo especifica, se pueden encadenar periodos sucesivos de cinco años.

Saiz, que llegó a la dirección del CNI de la mano de José Bono -sin más experiencia política que su paso por la Junta de Castilla-La Mancha- hace mucho que cortó el cordón umbilical con el actual presidente del Congreso, como evidencia la reconvención que le hizo Bono en la comisión parlamentaria de secretos oficiales, el pasado día 5.

Tampoco forma parte del equipo de Carme Chacón, a quien legalmente corresponde proponer el nombre del jefe del espionaje. En cambio, cuenta con el reconocimiento de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con la que ha coincidido en las reuniones semanales dedicadas a abordar el problema de la inmigración, en el que el CNI se ha volcado.

La última palabra la dirá el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, la guerra de sucesión arrecia y ya circulan dossiers anónimos que pretenden salpicar a Saiz con presuntos casos de malversación de fondos del centro.