El Gobierno regional disuelve Mintra, la empresa que construye el metro

El Gobierno de Madrid ha acordado esta mañana la disolución de Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), la empresa pública responsable de las ampliaciones del suburbano y de otras infraestructuras del transporte público desde 1999, y su integración en la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Transportes, con el fin de "adelgazar" la administración regional y "reducir gastos". El pasado día 2, Esperanza Aguirre destituyó al responsable de la empresa, el ingeniero Jesús Trabada.

Mintra se encarga de ejecutar, gestionar y mantener las infraestructuras del transporte colectivo de la Comunidad de Madrid. Funciona como una empresa independiente, que alquila las infraestructuras, una vez construidas, a Metro de Madrid. Lo creó en 1999 el Gobierno regional que encabezaba Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros motivos, porque la deuda de los organismos públicos no se consolidaba entonces en los presupuestos regionales, es decir, no computaba en los números rojos de la Comunidad. Esa excepción se perdió en 2003. Según consta en los últimos presupuestos regionales, Mintra dispone para 2011 de un total de 468.462.005 euros de presupuesto. El organismo tiene un activo de 5.489 millones, de los que 2.042 son patrimonio y 1.602 corresponde a la deuda con los bancos.

¿Qué pasará con los trabajadores?

La medida de disolverla la ha anunciado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha precisado que se hará por ley, ya que la empresa "se creó en su momento también por ley". Ha añadido que el proyecto de ley para Mintra deberá ratificarlo la Asamblea para darle rango de ley y proceder definitivamente a la disolución de la empresa. El vicepresidente no ha podido informar del ahorro que supondrá esta medida para las arcas regionales ni tampoco ha aclarado si habrá despidos en la plantilla de Mintra, formada por 60 empleados, 12 de los cuales son contratados que ven peligrar su puesto de trabajo.

En todo caso, ha indicado que la Comunidad aplicará a estos trabajadores "lo que establezcan la legislación laboral y administrativa" y que se respetarán los derechos de los empleados de Mintra. Ha apuntado, sin embargo, que puede haber despidos en la empresa "si se considera procedente", pero que si los hubiera, la Comunidad tratará de "reubicarlos" en otras dependencias de Administración regional. Fuentes de los empleados de Mintra han indicado que esta medida supondrá pérdida de puestos de trabajo eventuales (algunos con hasta siete años de antigüedad) y de emolumentos para los funcionarios de la empresa, que no descartan emprender movilizaciones si ven perjudicados sus derechos laborales. Por su parte, el vicepresidente regional ha negado que la llegada de Antonio Beteta a la Consejería de Infraestructuras y Transportes haya influido a la hora de tomar esta medida.

Ha insistido en que el motivo ha sido la reducción de la estructura administrativa de la Comunidad, que se suma a otras con las que el Gobierno regional ya ha ahorrado 1.730 millones de euros. Unas medidas, que según ha explicado González, han supuesto hasta ahora la supresión de 19 entidades públicas, de 24 puestos directivos y de 83 órganos colegiados o consultivos. Además, el presupuesto regional para 2011 refleja un ahorro de más de 600 millones de euros en el gasto del sector público empresarial, sobre todo a raíz del ajuste salarial y de la restricción del gasto corriente. La Comunidad ha llevado a cabo también una rebaja selectiva de impuestos que ha permitido a más de 3 millones de madrileños ahorrarse 15.000 millones de euros entre 2003 y 2011.

Tras conocer la noticia, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha anunciado que va a pedir la comparecencia del consejero de Transportes en la Cámara regional para explicar los motivos de la disolución de la empresa pública Mintra, así como una auditoría de sus cuentas. En declaraciones difundidas por el Grupo Socialista, Menéndez ha señalado que esa medida significa que el Ejecutivo autonómico "renuncia a construir infraestructuras de transporte, de Metro".