El Gobierno pondrá a prueba el rechazo de Batasuna a la violencia

"La guerra está casi ganada. Ahora hay que ganar la paz". Esta expresión, pronunciada por un miembro de la cúpula de La Moncloa, resume el escenario creado tras el comunicado de ETA del pasado lunes. Y tuvo su reflejo en los encuentros que mantuvieron el miércoles en La Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba con el lehendakari, el socialista Patxi López, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, respectivamente.

El diagnóstico común fue que el último comunicado de ETA es la expresión de que se ha avanzado en el fin del terrorismo porque el acoso policial y la presión de Batasuna han obligado a la banda a ampliar su cese de la actividad terrorista, anunciado el 5 de septiembre, a la kale borroka y a la extorsión. Los reunidos constataron, como síntoma, que los empresarios no reciben cartas de extorsión desde octubre.

Los empresarios no reciben cartas de extorsión desde octubre

El Ejecutivo admite el esfuerzo de Batasuna, pero desconfía de ETA

Pero el aspecto más destacado fue la constatación de que, por vez primera en la historia, ETA se ha visto obligada a responder a la presión de Batasuna. Y esa presión, a través de las declaraciones de Bruselas, en marzo, y de Gernika, en septiembre, ha sido clave para que ETA amplíe el alcance del anunciado cese de actividad del pasado 5 de septiembre.

El lado negativo, también compartido, fue que ETA, aunque está más acosada policial y políticamente que nunca, no se da por vencida. No se resigna a desaparecer y a ceder a Batasuna la gestión política del movimiento abertzale radical, con lo que su final requerirá tiempo. Este es el aspecto en el que más inciden los informes que elaboran las Fuerzas de Seguridad, curándose en salud para evitar sorpresas como el atentado de la T-4 de Barajas.

También coincidieron los reunidos en resaltar la importancia de la respuesta unitaria al comunicado de ETA. La inmensa mayoría de los partidos, incluido Aralar, que junto a Batasuna reclamó en septiembre a ETA el alto el fuego unilateral, permanente, verificable y con vocación de definitivo, descalificaron el comunicado de la banda por la negativa de ETA a desaparecer. Y concluyeron que la respuesta de los partidos, unitaria y crítica al comunicado de ETA, forzó al día siguiente a Batasuna a corregir el comunicado de la banda, subrayando que su decisión de abandonar la violencia era unilateral e incondicional.

En esta tesitura de reconocimiento común por los reunidos el miércoles en la Moncloa de los pasos de Batasuna hacia la normalización y la profunda desconfianza hacia ETA, se plantearon dos posiciones. De un lado, quienes se inclinaban por apuntalar a Batasuna frente a ETA con la facilitación de su legalización, posición que defendió el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Urkullu también admitió que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de junio de 2009 complica mucho la legalización de Batasuna, al identificarla con ETA, con el agravante de que en el comunicado del lunes la banda trata de mantener su tutela.

La segunda posición fue la de quienes optaban por mantener la presión sobre Batasuna, impidiendo su legalización, hasta que confirme con hechos su voluntad de rechazo de la violencia. Esta posición la defendieron Pérez Rubalcaba, López y Zapatero. Una posición en la que coincide el PP, cuyos representantes fueron informados por Rubalcaba de lo tratado en la reunión.

Pero la estrategia de los Gobiernos central y vasco tiene matices. Pretenden dar la batalla a Batasuna oponiéndose a la inscripción de un nuevo partido, pero tienen en cuenta, a la vez, que existe un debate de opinión en Euskadi, y ofrecen argumentos para impedir que Batasuna se presente como víctima.

Su estrategia pasa por expresar públicamente su voluntad de que Batasuna se integre en las instituciones, como manifestó el viernes el lehendakari López en un acto en Bilbao. Pero también por someter a prueba la voluntad democrática que proclaman.

En este sentido, ambos gobiernos creen necesario que Batasuna pase por la prueba de su no legalización para demostrar que su posición no es táctica y electoralista y que, por el contrario, es cierto que su apuesta por la democracia es irreversible, como dicen sus dirigentes.

También creen ambos Gobiernos que será una prueba para ETA. La única manera de saber si ETA urde una nueva tregua trampa o no, consiste en comprobar la reacción de la banda ante una Batasuna a la que los tribunales impiden presentarse a las elecciones de mayo.

En este último caso, si ETA ha hecho una tregua electoral tramposa, la banda o una parte de ella romperá la baraja. Ambos Gobiernos están dispuestos a correr ese riesgo a corto plazo, antes de que terminen repitiéndose los precedentes de las treguas anteriores. Si Batasuna soporta la prueba, tendrá su gran oportunidad en las elecciones vascas de dentro de dos años, opinan en el Gobierno.