El Gobierno pidió traer a los piratas que ahora quiere extraditar

La Abogacía del Estado, por orden del Gobierno, denunció ante el Juzgado Central de Guardia de la Audiencia Nacional a las 2.20 del pasado 4 de octubre el secuestro del atunero vasco Alakrana, para judicializar la situación del buque y poder llevar a España a los piratas capturados en el Índico, según han informado fuentes de la Fiscalía y de Justicia. Es decir, que fue el propio Gobierno el que inició el trámite para traer a España a los mismos dos piratas que ahora quiere extraditar.

Cuando la denuncia se presentó, ni la Abogacía del Estado ni el juez Baltasar Garzón -en funciones de guardia porque su compañero Santiago Pedraz estaba con permiso de paternidad- sabían que los piratas estaban ya capturados. Por eso, ni la denuncia del Abogado General del Estado ni el auto que Garzón dicta una hora más tarde, sobre las tres y media de la madrugada, mencionan a los detenidos. El momento de la detención de los dos piratas, sobre las 21.00 del día 3, sólo lo conocía el Ejecutivo. El juez y el fiscal supieron la hora exacta de la captura cuando los piratas fueron entregados en España.

Garzón no fue informado de que dos captores habían sido detenidos

La primera denuncia, formulada de madrugada, no cita la captura de los dos piratas porque Defensa sólo había comunicado a la Abogacía del Estado que "era posible que se procediese a la captura de algunos de los secuestradores". Según las fuentes consultadas, en realidad la Armada buscaba una cobertura jurídica bajo la que amparar una detención ya efectuada. De ahí que a horas tan intempestivas se ordenase al Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes, la presentación de la denuncia ante la Audiencia Nacional, lo que cumplimentó a las 2.20.

La denuncia de la Abogacía del Estado, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el buque Alakrana había sido capturado por piratas en la costa de Somalia, un país que padece una crisis política y que "carece en la práctica de un gobierno operativo y real", por lo que la ONU ha dictado diversas resoluciones que prevén un sistema internacional de reacción militar frente a las actuaciones de piratería en el mar. Esas resoluciones de la ONU autorizan el uso de la fuerza militar y exhortan a los Estados interesados a que se coordinen entre sí.

La Abogacía del Estado añadía que la captura del atunero podía constituir diversos delitos, entre ellos el de secuestro del artículo 163 del Código Penal. Dado que de los 36 tripulantes 16 son de nacionalidad española, "según se acredita con la información proporcionada por la Secretaría General del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente", esas circunstancias determinan "la competencia de la jurisdicción española y dentro de ella, de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional". El escrito concluía pidiendo al juez de guardia que incoase "las oportunas diligencias a efectos de la investigación de la que aquí se da notitia criminis".

Es decir, fue el Ejecutivo, que ya conocía la captura de los piratas desde las nueve de la noche, el que, a través de la Abogacía del Estado, puso en marcha horas después todo el procedimiento pidiendo la incoación del proceso penal por secuestro del buque, "con todas las consecuencias derivadas", dijeron las fuentes.

El juez Garzón se hizo cargo de la denuncia y, sobre las 3.30 del día 4, incoó diligencias previas, dio traslado al fiscal para que informase sobre la competencia del juzgado y, "a prevención, y por razones de urgencia", ordenó notificar a Justicia, a Asuntos Exteriores y a Defensa su resolución, solicitando un informe ampliatorio de los hechos. Pero, además, requirió a dichos ministerios para que, "caso de que se produzcan detenciones, se adopten todas las medidas que garanticen la seguridad de los ocupantes y tripulación del pesquero Alakrana, así como de los detenidos".

Ese día 4 se conoce la detención de los dos piratas y que el secuestro tiene por objeto un rescate, "según informa el Ministerio de Defensa" a la Fiscalía y públicamente. Hay dos detenidos que están en un barco de guerra español, la fragata Canarias, y la única opción es trasladarlos para legalizar la situación, ya que no pueden permanecer detenidos más de 72 horas.

En consecuencia, el día 5 el fiscal informa de que el atunero se encontraba fuera de la zona de la Operación Atalanta, por lo que no son de aplicación los acuerdos entre la UE y Kenia. El fiscal señala que es competente la jurisdicción española, y pide a Garzón la prisión provisional incondicional y que los piratas sean trasladados a España. Garzón así lo acuerda y ordena que queden a disposición del juzgado de Pedraz.