El Gobierno investigará la carga policial en el barrio de El Cabanyal

El Gobierno investigará la actuación de la policía el pasado jueves en el barrio valenciano de El Cabanyal, que se saldó con varios heridos entre vecinos, agentes y periodistas. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lo anunció ayer tras el Consejo de Ministros a partir de un primer informe, al que ha tenido acceso este diario, que asegura que se empleó "la fuerza mínima imprescindible" y que "no hubo personas heridas" a causa de la carga policial. Sin embargo, al menos ocho manifestantes han denunciado ya los golpes que recibieron durante la carga policial.

El pasado jueves decenas de residentes de El Cabanyal se concentraron desde primera hora para evitar los derribos de casas ordenados esta semana por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un barrio con más de una década de conflicto urbanístico. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que abrieron paso a la excavadora encargada de tumbar otro edificio, acabaron aporreando, con el apoyo de la Policía Local de Valencia, a los vecinos que, sentados en el suelo, cerraron el paso a la máquina. La refriega acabó con dos heridos ingresados en el hospital, dados luego de alta, y un número indeterminado de contusionados.

La plataforma Salvem El Cabanyal, contraria a la destrucción del barrio, denunció la brutalidad policial. Ayer empezaron a llegar al juzgado las primeras denuncias de los heridos.

El informe policial del que partirá la investigación interna especifica que el despliegue del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se produjo "a requerimiento de la Policía Local". En él se empleó "la fuerza mínima imprescindible para retirarlos [a los concentrados]" y que la excavadora avanzase hasta la zona del derribo. El balance, según la policía, fue de "ocho policías lesionados: dos agentes locales y seis de la Unidad de Intervención del CNP [antidisturbios]". "No hay constancia de personas heridas como consecuencia de la carga policial", concluye el informe.

En la delegación del Gobierno de Valencia, su titular, Ricardo Peralta, pidió disculpas por los golpes de la policía a los peridistas pero defendió la actuación policial con los vecinos. "La policía nacional no ha colaborado en los derribos, sólo ha intentado con su intervención evitar disturbios", declaró. Peralta agregó que el Gobierno está contra los derribos, pero son los tribunales y no los vecinos los que tienen que paralizarlos.

Miquel Domínguez, edil de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, remachó que las casas demolidas son "propiedad del consistorio, estaban abandonadas, fuera de la zona protegida", por lo que "no puede venir nadie a decirnos que no se puede tirar nada". Ayer se pidió la dimisión de ambos.

Ya por la tarde, cientos de manifestantes se concentraron en la plaza del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, y luego marcharon hasta la plaza del Ayuntamiento, hogar del Consistorio. La manifestación, convocada por Izquierda Unida y otras plataformas ciudadanas, circuló sin problemas por el centro de la ciudad. Los agentes de la policía local que formaban barrera ante la sede municipal no tuvieron que intervenir en ningún momento. La nacional, controlando el perímetro del recorrido, tampoco. El grito que más se escuchó fue "Rita culpable, Peralta responsable".

Al enfrentar la sede consistorial y lanzar proclamas en contra de los derribos en El Cabanyal y la actuación policial, gran parte de los presentes decidió sentarse y corear: "Aquí estamos, nosotros no pegamos".