El Gobierno investiga a Fabra por uso electoral de censos de extranjeros

El Gobierno ha abierto expediente informativo para esclarecer si el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, o alguno de los jefes locales a los que envió una circular pidiendo el censo de inmigrantes han vulnerado la ley de régimen electoral, que prohíbe el acceso a datos personalizados del censo. Los populares de Castellón están muy interesados en la nutrida colonia de inmigrantes rumanos, que podrán votar en las elecciones locales de 2007 si se cumplen los plazos de adhesión de su país a la UE.

El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, envió el pasado mes de septiembre una carta a los presidentes locales de los populares de la provincia en la que les reclamaba el "censo de inmigrantes" de cada población. Tal como indica Fabra en la misiva, el objeto de su solicitud se centra en "la importancia que el tema de inmigración tiene en las próximas elecciones municipales de 2007". El escrito, fechado el 13 de septiembre, expone la urgencia por la obtención de dichos datos y reclama a los responsables del PP que los remitan a la sede provincial "antes de finalizar el mes de septiembre".

El conocimiento de que Fabra ha cursado esa circular ha provocado la apertura de un expediente informativo con el fin de averiguar si se ha producido el envío de la misma, tal como anunció ayer el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles. Esta investigación se ha abierto dado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe, expresamente, el acceso a "cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial", tal como señala el artículo 41 de dicha norma, en el que se describe la protección de los datos censales.

Excepciones

El artículo incluye otras excepciones, que señalan que la copia del censo puede facilitarse también a las comunidades autónomas y a los candidatos, pero sólo en periodo electoral. Además, uno de los apartados del mismo artículo 41 indica que "la oficina del censo electoral puede facilitar datos estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores". El PP se acogió ayer a esta excepción para justificar la legalidad de la petición de Fabra. En cualquier caso, la investigación tratará de esclarecer por qué el PP ha reclamado la información a los municipios y no a la oficina electoral, y si la pretensión de los populares era la de obtener los datos completos de los inmigrantes registrados en los padrones municipales, que es el documento a partir del cual se elabora el censo y está en continuo proceso de actualización.

El subdelegado del Gobierno sostuvo ayer que la petición formulada por Carlos Fabra supone una "posible grave irregularidad" y anunció que, en el caso de que se certifique el envío de dicha información, se solicitará por vía judicial que se adopten las medidas oportunas. Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer la versión del jefe provincial del PP y presidente de la Diputación. En cualquier caso, la ley "perseguiría" a quienes hayan facilitado los datos y no a quien los maneje.

El incremento de la población inmigrante en Castellón ha provocado una retahíla de iniciativas promovidas por las instituciones castellonenses, gobernadas por el PP, durante los últimos meses, aunque el objetivo ha sido, prioritaria y especialmente, un colectivo: la población rumana. Esta comunidad alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, de las que cerca de 18.000 están empadronados en la capital de La Plana, lo que representa más del 60% del crecimiento poblacional registrado en la ciudad en los últimos cinco años. En el caso de que Rumania se adhiera, con plenos derechos, a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, los recién incorporados ciudadanos europeos con derecho a ejercer su voto tendrían en su mano la elección de alrededor de tres concejales, contando con una participación de un 50% del censo. Este dato no resulta banal para ningún partido.

Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Diputación han intensificado sus relaciones con las cinco asociaciones de inmigrantes rumanos existentes en la provincia. Por ejemplo, han enviado ayuda tras las inundaciones o han firmado convenios de colaboración. El propio alcalde, Alberto Fabra, viajó a finales del mes pasado a Rumanía para "conocer más esta sociedad", según dijo, y negó que la visita a la comarca de la que procede la mayoría de los inmigrantes censados en Castellón tuviera cualquier tipo de interés electoralista. En relación con la circular de Fabra, el alcalde defendió la petición realizada por su partido y la justificó con el objetivo de "asumir la realidad de la sociedad para hacer frente a las propuestas electorales". Fuentes del equipo de gobierno de Castellón aseguraron que el PP no ha solicitado estos datos en el Ayuntamiento de la capital de La Plana. Sin embargo, otros ayuntamientos consultados por este periódico admitieron que han recibido la solicitud del PP, aunque ninguno de ellos reconoció haber facilitado más información que el número de extranjeros empadronados.