El Gobierno disolverá el Ayuntamiento de Marbella para que lo dirija una gestora

El Gobierno ha decidido disolver el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por la presunta implicación de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y de tres miembros de su equipo de gobierno en delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Con la alcaldesa y la primera teniente de alcalde en prisión, el Gobierno iniciará el viernes, a propuesta de la Junta de Andalucía, un proceso que culminará con la designación de una gestora por la Diputación Provincial de Málaga. El Gobierno asegura que no queda tiempo para celebrar elecciones anticipadas, como exige el PP.

Los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Marbella se iniciarán el martes, día en que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión habitual, propondrá al Consejo de Ministros la disolución de la corporación marbellí, de acuerdo con el artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, que entra en funcionamiento por haberse realizado en dicha localidad una gestión "gravemente dañosa para los intereses generales". Así lo anunció ayer el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Tras la petición de la Junta andaluza, el Consejo de Ministros del próximo viernes iniciará el trámite de disolución del Ayuntamiento marbellí, que tiene que cumplir los requisitos que marca la ley: deben ser oídas la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local. Así lo establecen los artículos 61.1 y 117 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Designa la diputación

A partir de ahí, según el artículo 183 de la Ley de Régimen Electoral, hay dos opciones: la convocatoria de elecciones anticipadas, o la designación de una comisión gestora por la Diputación Provincial de Málaga.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, asegura que no hay tiempo para convocar elecciones parciales en Marbella y que, en consecuencia, no queda otra opción que proceder a la constitución de una comisión gestora. En principio, ésta debería ser designada por la diputación malagueña -en la que PSOE e Izquierda Unida tienen mayoría-, pero Sevilla sostiene que su composición deberá acordarse con los partidos que obtuvieron representación en las últimas elecciones municipales en Marbella, a excepción del GIL, que entró en proceso de descomposición. Es decir: PSOE, PP y Partido Andalucista.

La Ley de Régimen Electoral, precisa el ministro de Administraciones Públicas, establece que no pueden celebrarse las elecciones en una localidad cuya corporación ha sido disuelta en los 12 meses previos a la celebración de las elecciones municipales.

El ministro recuerda que desde el inicio de la tramitación de disolución del Ayuntamiento de Marbella, en el Consejo de Ministros del próximo 7 de abril, hasta la celebración de elecciones pasarían cuatro meses; lo que llevaría la cita con las urnas a agosto, a menos de 12 meses de las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2007.

Según los cálculos que maneja el Gobierno, pasarán entre 15 días y un mes, tras la decisión del Consejo de Ministros del viernes, para que la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local eleven su preceptivo informe. A ello hay que añadir los tres meses que deben transcurrir por ley desde la convocatoria de unas elecciones hasta su celebración.

Con estos datos, el ministro de Administraciones Públicas asegura no entender la insistencia del PP en pedir elecciones anticipadas en Marbella. "O es ignorancia o es mala fe", dijo Sevilla, quien añadió: "Se ponga como se ponga el PP no es posible la convocatoria de elecciones con la ley en la mano". En los mismos términos se expresó el presidente andaluz, Manuel Chaves.

El ministro se mostró asimismo sorprendido por la actitud del PP porque pudo disolver el Ayuntamiento marbellí en 2003, cuando gobernaba José María Aznar, y no lo hizo. "¿A qué juega el PP?", se preguntó Sevilla.