El Gobierno destaca la derrota de Batasuna

El Gobierno destacó ayer la ratificación que el Tribunal Supremo ha hecho de su propuesta y de la Fiscalía para impedir la participación en las elecciones a todas las candidaturas de Abertzale Sozialistak (246) y a la mitad de las 266 de ANV por su vinculación con Batasuna. "El Gobierno ha cumplido la ley y el Supremo lo ha ratificado. Ha ganado el Estado de derecho y ha perdido Batasuna", señalaban fuentes de La Moncloa. El Ejecutivo considera que el PP "ha exagerado y ha llevado, una vez más, a la confrontación política una cuestión de gran complejidad jurídica". "Una cosa es que el Supremo haya hecho una observación al Gobierno por el procedimiento empleado y otra es que le haya censurado por no reclamar la ilegalización de ANV, como dice el PP".

El Gobierno y la Fiscalía del Estado estiman que el Tribunal Supremo ha seguido, en la práctica, su estrategia de no ilegalizar la marca de ANV por considerarlo "ineficaz en la práctica" y optar por impugnar las listas que tuvieran claras vinculaciones con Batasuna. Esta estrategia, diseñada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y respaldada por el presidente del Gobierno y los ministros de Justicia e Interior, obedecía a razones de plazo, sobre todo, pero también de fondo jurídico y político.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participó ayer en Vigo en un acto electoral del PSOE pero allí no habló del auto del Supremo sobre ANV. Lo hará cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Gobierno insisten en que de haber reclamado al Supremo la ilegalización de ANV, todas sus candidaturas, incluidas las vinculadas a Batasuna, habrían podido participar en las elecciones y, por tanto, "Batasuna hubiera estado presente en los ayuntamientos" porque "la tramitación de la ilegalización hubiera desbordado los plazos". La ilegalización de ANV no hubiera podido materializarse antes del 27-M porque, según la Ley de Partidos, desde la aceptación del Supremo hasta la sentencia habrían transcurrido más de dos meses. La ley exige 8 días para la comparecencia de las partes; 20 para la contestación de la demanda; otros 20 días para las alegaciones de las partes y 20 más para la sentencia.

Además de los plazos, el Gobierno y la Fiscalía también tuvieron cautelas por la complejidad que acarrea la ilegalización global de un partido político, y más aún en el caso de ANV, una marca histórica, de 1930, renacida en 1977, con la democracia, y que en sus estatutos repudia la violencia. En esas condiciones, Gobierno y Fiscalía tuvieron en cuenta la jurisprudencia garantista del Constitucional y el temor de que una sentencia posterior del alto tribunal pusiera de relieve una conculcación de los derechos individuales de participación electoral.

Derechos individuales

Esta consideración jurídica la vincularon la Fiscalía y el Gobierno a otra, política: la salvaguarda de los derechos de participación electoral de los candidatos de la izquierda abertzale no vinculados a Batasuna, siguiendo la orientación del auto del juez Baltasar Garzón. "El Ejecutivo, al tomar su decisión, no ha tenido en cuenta lo que ETA pueda pensar o hacer, como dice el PP, porque no se sabe. Lo que sí ha tenido en cuenta es no conculcar derechos individuales", señalan fuentes gubernamentales. Por todo ello, el Ejecutivo decidió no reclamar la ilegalización de ANV y limitarse a impugnar las listas de esta marca que no se ajustaban a la Ley de Partidos al figurar en ellas candidatos claramente vinculados a Batasuna, y dejar exentas las demás.

El Ejecutivo, que ya contaba con alguna observación crítica del Tribunal Supremo, al procedimiento seguido, la ha asumido. "Es sólo una observación crítica a un procedimiento, inevitable, entre otras cosas, por los plazos y explicable por su novedad y complejidad jurídica. Pero la decisión del Supremo no afecta a la cuestión de fondo y, por ello, en la práctica, ha asumido la propuesta del Gobierno y la Fiscalía de impedir la participación de Batasuna, que pretendía estar en los ayuntamientos, a través de Abertzale Sozialistak y de las 133 listas de ANV", señalan fuentes de La Moncloa.

El Gobierno y el PSOE estaban ayer "particularmente indignados" por la reacción del PP, que "ha utilizado una cuestión menor, de procedimiento y de gran complejidad jurídica, para asegurar que el Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno, nada menos que de no haber querido ilegalizar una marca de Batasuna, lo que resulta una gran falsedad", añaden las fuentes gubernamentales. El Ejecutivo destacaba, a su vez, que "las insidias del PP se caen solas con ver la reacción indignada de Batasuna a nuestra decisión y la del Supremo".