El Gobierno descarta exhumar a los republicanos enterrados con Franco

"Es imposible de abordar en términos científicos". Con estas palabras explicó ayer en el Congreso de los Diputados el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión del Ejecutivo de no exhumar los restos de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos (Madrid), tal y como habían solicitado 11 familias.

Los forenses a los que el Gobierno envió al mausoleo a examinar el estado de los restos se ven incapaces de cumplir el deseo de esas familias, tal y como adelantó EL PAÍS el pasado 14 de octubre. Los huesos están mezclados y muy deteriorados por filtraciones de agua y tierra. En el Valle de los Caídos yacen 33.847 personas, 21.317 de ellas identificadas con nombre y apellidos.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha convocado a esas 11 familias afectadas esta tarde para explicarles personalmente la decisión gubernamental. Les mostrará el informe final de los forenses, y otro estudio de tipo histórico que relata cómo se realizaron los traslados: en muchos casos, en "cajas comunes", lo que convierte ahora en "imposible acreditar suficientemente la identidad" de los allí enterrados.

Fausto Canales, hijo y sobrino de dos republicanos fusilados por falangistas, arrojados luego a una fosa común y trasladados por último sin consentimiento de su familia al Valle de los Caídos, insiste: "Tienen que rescatarlos de ese lugar inenarrable. Cueste lo que cueste".

Rubalcaba animó ayer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional a consensuar "cuanto antes" qué medidas tomar en el Valle de los Caídos para que ese lugar deje de ser lo que el dictador Francisco Franco quiso que fuera: un monumento a su victoria.

El próximo 10 de mayo, el Gobierno aprobará un real decreto con el que quedará constituida una "comisión de expertos" de distintas disciplinas, en su mayoría historiadores, para decidir en primer lugar si los restos de Franco deben permanecer o no en ese recinto. Para ello habrá que abrir un proceso de gestiones con la familia del dictador.

"Los expertos deberán decidir qué hacer para que ese lugar de culto lo sea también para las víctimas republicanas, y hasta qué punto puede ir a rezarle el familiar de un republicano teniendo a Franco ahí. A mí me gustaría que ese lugar tan tétrico se transforme en un lugar de memoria y reconciliación", explica Ramón Jáuregui.

Rubalcaba insistió en que la Ley de Memoria Histórica es una norma "de todos", pese a que el diputado del Partido Popular Jorge Fernández Díaz le acusara de haber "dividido profundamente a los españoles" con ella. El dirigente socialista recordó, además que, desde su aprobación, en diciembre de 2007, se han concedido más de 25 millones de euros a proyectos de reparación a las víctimas; y se ha otorgado la nacionalidad española a 187.609 descendientes de represaliados exiliados, en su mayoría residentes en Latinoamérica. Además, se han eliminado de calles y edificios públicos 570 vestigios del franquismo, aunque aún quedan algunos por el "elevado coste" que supone retirarlos.

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, le afeó ayer que en Cantabria, "su tierra natal", aún haya calles dedicadas "al generalísimo Franco". Ridao sugirió además, que fueran expulsados del recinto los monjes benedictinos.