El Gobierno afirma que Haidar entró legalmente tras una decisión policial

El Gobierno sostuvo ayer que la entrada en España de Aminetu Haidar -tras ser detenida el día 14 por Marruecos y devuelta a Lanzarote- fue "conforme a la ley", pese a carecer de pasaporte, y que en la decisión de dejarla pasar no intervino "ninguna autoridad política" sino "la policía de fronteras". Fuentes conocedoras del asunto precisaron ayer que la decisión última sí fue ejecutada por los agentes de fronteras, pero que lo hicieron obedeciendo a su cadena de mando y sin conocer el trasfondo político del asunto. Mientras, el mayor sindicato policial aseguró que Haidar fue objeto de "una deportación ilegal" de Marruecos y que España vulneró las leyes de Extranjería.

Primero lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero en Bruselas. La entrada fue una decisión administrativa "conforme a la ley", ya que Haidar tiene un permiso de residencia por razones humanitarias, vigente hasta el 21 de enero. "No hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a dar autorizaciones o denegaciones de lo que es la aplicación de la ley, que corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión", alegó.

Luego, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega subrayó que la decisión fue de "la policía de fronteras", porque Haidar "era residente legal en España cuando viajó a Marruecos con pasaporte marroquí" y, por ello, el reingreso fue "legal". De la Vega invocó para avalar su afirmación el artículo 66 b de la Ley de Extranjería y el 4.2 del Reglamento de dicha ley (ver viñeta).

Fuentes del Gobierno indicaron que no se pretende descargar la responsabilidad sobre la policía ni acusarla de nada porque todo fue legal y que el artículo 5.4a del Código Schengen avala que se le permitiera entrar sólo con la tarjeta de residencia. Retornarla a El Aaiún no era posible, al haber sido devuelta sin pasaporte por el país a retornar, alegan.

Ya el 20 de noviembre, el Ministerio de Exteriores explicó que Haidar no fue "expulsada", sino "rechazada por las autoridades marroquíes", por lo que "la línea aérea que la transportó se vio obligada a retornarla cumpliendo con la normativa internacional de la OACI y Schengen". Sin embargo, según la denuncia interpuesta por Haidar, el comisario marroquí que forzó su salida dijo al piloto: "La tienes que llevar, porque el Ministerio de Exteriores español está informado y ha dado su conformidad". Y el lunes, Miguel Ángel Moratinos dijo, tras reunirse con los portavoces en el Congreso: "Me imagino que sería la delegada del Gobierno [en Canarias]" quien decidió.

Fuentes policiales indican que, si bien la entrada pudo ser legal, los agentes de fronteras sabían por su cadena de mando que Haidar llegaba sin pasaporte y que había que dejarla pasar, pero sin informarles, quizás por ignorarlo, del trasfondo político. La activista se negó a ello y hubo que convencerla. Para ello, le ofrecieron volver a El Aaiún en un vuelo que salía a las 18.00 del día 14. Entonces los agentes recibieron la orden de no dejarla salir sin pasaporte, pues hubiera quedado en tierra de nadie. Las decisiones fueron consultadas con la Comisaría General de Extranjería.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) tildó ayer de "bajeza moral" y "actitud vergonzante" que el Gobierno responsabilice a la policía de abrirle el paso a Haidar. "La vicepresidenta miente y el presidente no se entera", dijo el líder del SUP, José Manuel Sánchez Fornet: "Fue una deportación ilegal de un natural de su país y una detención ilegal hecha en Marruecos con complicidad de alguien de España. Una decisión así no la toma un policía. Un ciudadano de Marruecos que no tiene pasaporte no puede entrar".

Inés Miranda y María Dolores Travieso, letradas de Haidar, sostienen que España "quebrantó el artículo 25 de la Ley de Extranjería, que dice que para autorizar la entrada de un no comunitario se exige voluntad y petición de entrada y pasaporte". También se habría conculcado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que "toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país". La subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía señaló el día 25 que España "contravino el derecho fundamental de Haidar a la libertad de circulación" que protege la Constitución.

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