El Gobierno acusa a Gallardón de "desvergüenza política" por culparle de la deuda del Ayuntamiento

El enfrentamiento entre la Alcaldía de Madrid y el Gobierno central está lejos de apaciguarse y esta tarde ha vivido un capítulo más. El protagonista en esta ocasión ha sido el Secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Gaspar Zarrías, que ha acusado al alcalde Alberto Ruiz Gallardón de "desvergüenza política" por "echar la culpa al Ejecutivo de la deuda del Ayuntamiento" ya que "el despilfarro de Gallardón" es "solo fruto de su mala gestión". Las palabras de Zarrías responden a la afirmación realizada esta mañana por Gallardón en el que denunciaba la "discriminación" del Ejecutivo al no permitir que los municipios muy endeudados renegocien sus deudas con nuevos créditos. No obstante, el regidor se ha mantenido firme en su convicción de que "nadie va a impedir que Madrid siga liderando España".

El alcalde ha declarado que "si Bruselas hubiese impuesto al Gobierno lo que el Gobierno ha impuesto a los Ayuntamientos (la imposibilidad de refinanciar anualmente su deuda), la situación en España para las pequeñas y medianas empresas sería absolutamente insostenible", porque el Estado, como ahora los municipios, tendría que retrasar sus pagos a proveedores. Esa situación, ha dicho, llevaría a la economía española "a un deterioro y a una pérdida de puestos de trabajo insostenible", a una "catástrofe económica" que desea "que nunca ocurra". Zarrías, por su parte, le ha recordado a Gallardón que "sólo en fondos locales el consistorio ha recibido más de 900 millones de euros, el 7% de lo que se le ha dado a los 8.115 municipios de nuestro país".

Anoche, la ministra de Economía, Elena Salgado, explicó que "lo que pedía no es posible en nuestro marco legal". "Pedía una excepción en lo que son las normas que regulan el endeudamiento de los Ayuntamientos y esa excepción no se puede hacer para el Ayuntamiento de Madrid y no puede hacerse con carácter general", aseguró Salgado.

De Juan Bravo a Juan Mendizábal

Asimismo, Gallardón ha anunciado que su Gobierno aprobará la próxima semana el proyecto de presupuestos, a la fuerza muy restrictivos. Al respecto, ha dicho que se harán con los criterios de austeridad "que sean necesarios" pero que mantendrán los servicios esenciales y no establecerán un incremento de la presión fiscal. Gallardón ha evitado además responder a la sugerencia que a primera hora le ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que el Ayuntamiento, dueño de un "patrimonio verdaderamente inmenso", saque a subasta edificios municipales para compensar la deuda. Ha usado el viejo truco de desconocer sus declaraciones. En una entrevista en RNE, Aguirre le ha aconsejado un "gran plan de amortización". Preguntada por lo que haría para enfrentarse a la deuda municipal si fuera alcaldesa, ha respondido que "haría una gran desamortización", recordando la que hizo Mendizábal en 1836, "la que se llamó manos muertas y que tuvo consecuencias muy malas para el patrimonio histórico artístico o para los conventos".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha manifestado que el Ayuntamiento de Madrid "es propietario de muchísimos edificios" que, a su juicio, "habría que sacar a pública subasta y vender", especialmente en momentos de crisis como los actuales. "No veo por qué las concejalías tienen que estar situadas en los sitios más caros de Madrid", ha considerado, razón por la que justifica su plan de desamortización. Aguirre no ha citado ningún inmueble concreto para su venta, pero ha dicho que le consta, por su etapa en el Consistorio madrileño, que "el patrimonio del Ayuntamiento de Madrid es inmenso". Por ejemplo, el rehabilitado palacio de Telecomunicaciones, nueva sede el Consistorio, en cuya reforma Gallardón ha gastado 124,5 millones de euros.

"Ya se lo dije a Juan Bravo [el concejal madrileño de Hacienda]. Le recomiendo que se convierta en Juan Mendizábal [responsable de la desamortización de 1836]. No se lo dije a Gallardón, pero se lo digo ahora también y no veo por qué puede recibir estas cuestiones mal", ha indicado. "Estoy segura de que se puede reagrupar la Administración municipal. Todas las empresas lo han hecho", ha apuntado. La dirigente regional también ha abogado por reducir los espacios que el Ayuntamiento dedicó a oficinas "en tiempos de bonanza" porque "hay que pagar a los proveedores" ya que, si no, "las empresas quiebran y la gente se queda en el paro". Preguntada por el resultado de la reunión entre Zapatero y el alcalde de Madrid, ha dicho que le "sorprende" la negativa del presidente, "porque Zapatero a todo dice que sí aunque luego no lo cumple".

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid, así como el de IU, han respaldado la decisión del Ejecutivo de no refinanciar la deuda del Ayuntamiento y han criticado el "despilfarro" de Gallardón, mientras que el grupo popular ha considerado que el Consistorio tiene que bajar su deuda reduciendo edificios y dejando de prestar competencias impropias. El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha opinado que por una parte, se ve que "el PSOE va contra cualquier Administración que esté gobernada por el PP" y utiliza el Estado "para servir a los intereses del PSOE y discriminar a las Administraciones del PP", y ha opinado que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es tomar medidas. Por su parte, la portavoz socialista, Maru Menéndez, ha opinado que "Gallardón lleva muchos años poniendo de manifiesto su incapacidad para la gestión y sus criterios no prioritarios para el gasto". Le ha acusado de "despilfarrador" con proyectos como el "megalómano de la M-30" y la "vergüenza" de la rehabilitación de Cibeles para "mayor boato del alcalde". Para el portavoz adjunto de IU, Miguel Reneses, "Gallardón tiene una cara que se la pisa, porque va a ir pagando a los que no tiene más remedio que pagar, que son los bancos, y a las pequeñas empresas les dice que esperen otro rato". CC OO ha afirmado por su parte que todos los Ayuntamientos de España se esperaban "algo más" de la reunión entre Zapatero y Gallardón, mientras que UGT ha mostrado su "infinita preocupación" por los empleados que gestionan servicios públicos en la capital.