El Gobierno actualizará la regulación legal de las intervenciones telefónicas

El Gobierno tiene previsto actualizar la regulación legal de las intervenciones telefónicas en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que enviará al Parlamento el próximo año, según fuentes del Ejecutivo. Esta nueva regulación legal actualizará el proceso penal y sustituirá a una ley del siglo XIX sobre la que se han ido haciendo sucesivas modificaciones parciales.

El Ejecutivo quiere aprovechar para incluir garantías y precisiones sobre intervenciones telefónicas y actuaciones judiciales relacionadas con nuevas tecnologías, como Internet, correos electrónicos, teléfonos móviles y las que puedan surgir en el futuro.

El Gobierno trabaja hace meses en esta reforma legal, que todos los ministros de Justicia de la democracia han intentado llevar a cabo, y, por tanto, es independiente de la polémica abierta por el PP sobre el sistema Sitel de intervenciones telefónicas, un sistema informático de intervención de comunicaciones.

El Congreso vota el martes la moción del PP que asegura que Sitel es ilegal

Sí servirá para poner fin a la exigencia del PP de que se actualice el sistema en una ley orgánica. La ley de Enjuiciamiento Criminal es orgánica, necesita mayoría absoluta del Congreso y el Senado para salir adelante. Es decir, la reforma zanjará la petición del PP, pero se hace por actualizar el marco legal, no porque el que está en vigor no sea acorde a la Constitución. El Tribunal Supremo ha avalado reiteradamente la legislación actual.

En esa tramitación parlamentaria el PP tendrá oportunidad, como el resto de grupos, de proponer enmiendas, modificaciones y referencias a más intervenciones telefónicas. El Gobierno considera que, tal y como ha certificado en una decena de sentencias el Supremo, es suficiente la regulación de Sitel en un real decreto, con referencia a la actual ley.

Sin embargo, la última sentencia del Supremo, conocida la pasada semana, se remitía a una resolución anterior para reprochar al legislador la anticuada regulación de las intervenciones telefónicas en la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fallo aseguraba: "Esta sala casacional tiene ya un sólido y coherente cuerpo doctrinal, sobre el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación, que completa la raquítica e insuficiente regulación legal contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sido censurada en varias sentencias del Tribunal de Derechos Humanos". Ese artículo habla de "correspondencia privada, postal y telegráfica" y de "las comunicaciones telefónicas", pero no está actualizado para las nuevas tecnologías. A ese artículo se remite el real decreto 424/2005 que regula el sistema Sitel.

El PP someterá el martes a debate y votación en el Congreso una proposición no de ley que pide la regulación de Sitel en una ley orgánica y asegura que la actual base legal es inconstitucional y, por tanto, sostiene que se está produciendo una vulneración sistemática de derechos humanos desde que se puso en marcha ese sistema de escuchas en 2005.

Fuentes del PSOE aseguran que ya han tanteado a los grupos parlamentarios y consideran muy probable que el PP se quede solo en esa votación. Para convencerles cuentan con dos argumentos que consideran imbatibles: las sentencias del Supremo que reiteran la legalidad de Sitel y la perspectiva de una nueva regulación global en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la argumentación del Supremo que considera correcta y constitucional la base legal de Sitel, pero exige la actualización del marco de la Ley de Enjuiciamiento.

El Ministerio de Justicia espera tener cerrado al inicio del próximo periodo de sesiones, es decir en enero, el anteproyecto, para empezar a estudiarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo para recabar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. La compleja tramitación parlamentaria podría extenderse durante el próximo año.

Además, esa reforma no es neutra políticamente porque el Gobierno debe optar entre su propuesta inicial de que los fiscales instruyan los sumarios y la negativa del PP a transferir competencias de los jueces.

CiU y PNV no han fijado aún su posición de forma oficial sobre la votación del martes, pero fuentes de ambos grupos aseguran que son reacios a respaldar el texto del PP por las consecuencias procesales que podría tener en procedimientos en los que se haya utilizado el sistema Sitel.

El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, aseguró la pasada semana que el PP, con sus críticas contra el sistema de vigilancia de comunicaciones Sitel, "está debilitando la lucha del Estado de Derecho contra las organizaciones delictivas".