Gibraltar renuncia al paraíso (fiscal)

España y Gibraltar negocian los flecos de un acuerdo de intercambio de información fiscal para poner fin a una opacidad que ha durado décadas. "El texto está pactado y por lo que a Gibraltar concierne, se puede firmar mañana. No queremos que se nos perciba como una amenaza para el Tesoro Público español", afirma Peter Caruana, ministro principal del Peñón.

Hacienda se frota las manos, pero antes debe culminar un acuerdo cuya espinosa negociación arrancó el pasado verano con un gran escollo: el Gobierno exige que Reino Unido se sume al acuerdo. España no reconoce a Gibraltar capacidad para negociar en solitario, ya que desde hace 300 años reivindica la soberanía sobre la Roca. Y firmar a solas un acuerdo internacional con la colonia significaría un paso inédito que sería interpretado como un implícito reconocimiento de soberanía. "Trabajamos para fortalecer la cooperación en materia fiscal, pero siempre con la defensa de nuestras posiciones en Derecho internacional", recuerda un portavoz de Exteriores. "El tema de quién firma no es inocente, pero hay soluciones", matiza. Éstas pasan por firmar con el Peñón, pero adjuntar un documento que aclare la peculiaridad del territorio respecto a Reino Unido, como ya pasó con Bermuda.

Hacienda asegura que sólo faltan cuestiones técnicas para el acuerdo

Más del 30% de las peticiones judiciales quedan sin respuesta

Mientras, Gibraltar se resiste a ceder y argumenta que ninguno de los 18 acuerdos internacionales ya sellados con países como EE UU, Francia o Alemania requirió la firma de Londres. España desea acabar con la opacidad de un territorio de sólo 30.000 habitantes y cuyo negocio ha crecido pese a la crisis, con un PIB de 1.030 millones de euros. "Para el acuerdo sólo faltan pequeñas cuestiones técnicas", minimizan en paralelo fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

El detonante de la aparente carrera de los paraísos fiscales por la transparencia fue la reunión hace un año del G-20, el club de los países más poderosos del mundo. Tras amenazar con sanciones a los territorios offshore por su opacidad, la cruzada de las potencias se tradujo en un paquete de acuerdos de intercambio fiscal. La mayoría de ellos fueron fuegos artificiales (acuerdos entre ellos mismos y con países sin relevancia en movimiento de capitales), pero también se han producido tímidos avances para acabar con el secreto bancario que permite la evasión fiscal. España ha firmado por ahora ocho acuerdos con países como Luxemburgo y Andorra, pero están pendientes otros como Suiza. El Gobierno negocia con 13 territorios como Liechtenstein o la isla de Jersey.

La mecánica es simple. Un millonario con fondos lícitos o procedentes del crimen organizado acude a Gibraltar para comprar una empresa por 1.000 euros y contratar a un abogado con poderes para comprar terrenos y casas. De este modo se asegura que tendrá la opacidad para que nadie pueda preguntar por el origen de esos fondos, incluida la policía. No es necesario que la empresa tenga empleados y los impuestos son mínimos cuando no inexistentes, por lo que el ahorro de la operación es considerable. Esto facilita que fortunas españolas se evadan del fisco sólo con cruzar la valla.

Por su parte, la OCDE revisará el próximo septiembre los acuerdos de 18 paraísos fiscales que han salido de su lista gris y comprobar que no todo es fachada, pero Gibraltar no está en este primer lote. "No hay alternativa. El mundo está cambiando y Gibraltar tiene que adaptarse. Puede ser que las islas caribeñas duren un poco más, pero en un entorno europeo no será posible. No se puede operar sin ser transparente", reflexiona el ex ministro y abogado llanito Peter Montegriffo.

Para estampar la firma, ambas partes deberán aparcar la negociación del Foro Tripartito que analiza en paralelo seis aspectos (medio ambiente, cooperación policial, etc.) y sacarlo del paquete para no eternizar la espera. Caruana insiste en que su propósito es ir más allá del texto estándar de mínimos: "Estamos intentando llegar a acuerdos muchísimo más amplios que los de la OCDE porque reconocemos que como vecino inmediato España se siente más amenazado".

No faltan las voces que tachan los acuerdos de cortina de humo. El grupo de presión Tax Justice Network alerta de que el Peñón sigue acogiendo flujos de la evasión de impuestos, la corrupción y el crimen organizado, tal y como puso de relieve la Operación Ballena Blanca en 2005. "Gibraltar está muy lejos de ofrecer transparencia financiera y mantiene la opacidad en un 92% de los casos", determinó en su informe de 2009 Tax Justice Network.

Más del 30% de las comisiones rogatorias que España presenta a Gibraltar con indicios de criminalidad se quedan empantanadas y sin respuesta, según fuentes policiales. Gibraltar se escuda en que algunos jueces españoles dirigen las peticiones a las autoridades británicas en vez remitirlas a ellos directamente. Pero la principal razón es lo que denominan fishing expedition (peticiones en términos generales), requerimientos de jueces escasos de argumentación y que no especifican los indicios criminales. "España pide información sin explicar cómo y por qué es relevante para su investigación. Vaya usted a la firma de abogados o a Barclays y deme todo lo que salga en relación a este personaje", ejemplifica Caruana. Un mando policial responde: "Es una disculpa absurda. Infinidad de comisiones rogatorias de juez a juez se han ampliado y aún así se mantiene el silencio. Porque parecen gallegos, cuando preguntas algo, te preguntan que por qué lo preguntas".