Garzón ultima una resolución sobre la Memoria Histórica
El magistrado deberá concluir si admite a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica tras recabar datos sobre miles de víctimas
Aunque inicialmente estaba previsto que el mismo lunes o martes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera sobre la competencia de esa jurisdicción para investigar y, en su caso, juzgar los hechos que figuran en la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado sigue trabajando hoy en la resolución. Garzón está incorporando los documentos recibidos en las últimas horas, entre los cuales figura la respuesta del Ministerio de Justicia en el que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de las víctimas.
El pasado 1 de septiembre, Garzón requirió al Gobierno, cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, la Conferencia Episcopal y el Valle de los Caídos toda la información de la que dispusieran para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes. Posteriormente, amplió los datos a los tribunales republicanos creados en la Guerra durante la defensa de Madrid.
Garzón recibió hace dos semanas varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones, que sumaban decenas de miles desaparecidos. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar el pasado 6 de octubre con una cifra final de 133.708 desaparecidos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995).
Oposición de la Fiscalía
La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencias para investigar estos hechos y que sólo corresponden a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. El Ministerio Público solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha rechazado esta mañana posicionarse acerca de si el juez Baltasar Garzón "es o no competente" para llevar a cabo las investigaciones . "A mí no me toca, yo no tengo tiempo de entrar en esas cosas. Ahí está el fiscal, ahí están las partes y eso es un tema jurídico en el que yo no entro", ha asegurado el ministro en una entrevista en TVE.
Bermejo ha señalado, no obstante, que el Gobierno ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional el Instituto Nacional de Toxicología "para que sea la referencia en materia de identificación" en las diligencias que lleve Garzón.
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