Gallardón anuncia un giro conservador

En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si Alberto Ruiz-Gallardón lleva a cabo el programa de Justicia que expuso ayer ante el Congreso en su estreno parlamentario como ministro, acabará la legislatura como uno de los miembros del Gobierno más activos. No defraudará las expectativas de estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tendrá para ello que desplegar todas sus habilidades si quiere estar acompañado más allá de la mayoría absoluta suficiente del PP y convertir las llamadas al consenso en realidad, porque ayer prácticamente solo escuchó rechazo a sus propuestas.

Si mantiene sus propuestas y no renuncia a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. Su plan supone un ambicioso plan de reformas, como corresponde a un ministro debutante, pero también un giro conservador, un retorno al pasado y una vuelta a normas de los años 80. Por ejemplo, en la regulación del aborto para volver a la de entonces, previa a la ley de plazos, y también para recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso se vuelve a los 80 cuando la Ley del Aborto se hacía con tratamiento penal desde el Ministerio de Justicia y sobre las vacantes se anuncia lo que no intentó José María Aznar, ni siquiera cuando gobernó con mayoría absoluta.

Recupera el control conservador del CGPJ que Aznar no quiso recobrar

Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una "involución", para Emilio Olabarría (PNV) "inconstitucional" y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como "un elefante en una cacharrería".

Si aplica su plan acabará la legislatura como el ministro que implantó algo parecido a la cadena perpetua (reclusión revisable, lo llamó Gallardón) y como el responsable político que aplicó algo parecido a un sistema de copago en la justicia, es decir, lo que el PP ha rechazado para otros servicios públicos como la sanidad. Se busca disuadir con tasas elevadas de lo que el ministro llamó el "abuso" ciudadano que ha terminado por provocar, según él, un atasco judicial. Es el primer servicio público al que el Gobierno del PP le aplica el final de la gratuidad, porque en este momento hay unas tasas casi simbólicas (50 euros para un recurso) que él se propone revisar, es decir, elevar.

Gallardón, que rechazó la palabra copago, explicó que la "gratuidad desincentiva otras fórmulas de arreglo" y se ha producido un "consumo no racional". Por eso, será exigible la tasa para recurrir en segunda instancia en todas las jurisdicciones salvo la penal. Por ejemplo, no podrá recurrirse un despido confirmado en primera instancia si no se paga esa tasa disuasoria. Con la reclusión revisable, Gallardón cumple el programa electoral de su partido y da satisfacción a los sectores más conservadores que han defendido siempre esa medida, frente a los titubeos del PP en los últimos años y el rechazo en llevarlo a la práctica en la etapa de Aznar. Por lo que escuchó ayer en la comisión, también será casi imposible tener consenso para esta reforma legal, lo que supondría también la vuelta a los años 80 en la ruptura de los amplios acuerdos para reformas los sistemas de penas.

El PP pactó con el PSOE en las últimas legislaturas el cumplimiento efectivo de 40 años, no revisables, para delitos muy graves y medidas de vigilancia posterior como pulseras de control. La cadena perpetua quebraría ese consenso penal y llevaría la falta de acuerdo a los años 80, además de ser más laxo que el modelo actual, porque haría las condenas revisables a los 20 años.

El plan expuesto ayer por Gallardón también retrotrae la justicia en la aplicación de la Ley del Menor, que en la etapa de Aznar se le dio un tratamiento penal más favorable y diferenciado de la de los mayores de edad, aunque haya sufrido sucesivas modificaciones para endurecer la norma que hizo la entonces ministra Margarita Mariscal de Gante. No anticipó cómo será la reforma, pero sí que la implicación de un menor arrastrará todo el proceso en una sola causa, al hilo de sucesos recientes de gran impacto social.

En lo único que no volvió a los 80 es en la ley de matrimonios homosexuales, que ni mencionó y, por tanto, no habló de su derogación. No disipó las dudas sobre el futuro de la norma.