Funcionarios de Madrid denuncian acoso por negarse a seguir a políticos
Los trabajadores rechazaron las tareas exigidas porque eran una "extralimitación" a sus funciones y podían rayar en la "ilegalidad"
Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".
Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".
El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
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