El Estatuto mete al Constitucional en un callejón sin salida

El Tribunal Constitucional se dispone a recortar el Estatuto catalán, anulando algunos artículos y matizando al menos otros 40, según las últimas deliberaciones. Pero el camino para llegar a la sentencia se vislumbra largo y tortuoso. Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que dirimen el futuro del Estatuto de Cataluña no encuentran aún una salida para alumbrar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó hace tres años el Partido Popular.

Las interminables deliberaciones en el pleno -la última sucedió hace sólo tres días- han puesto de manifiesto una división tan profunda y unas posturas tan aparentemente irreconciliables entre magistrados que parece inviable la aprobación inminente de un texto de sentencia por falta de una mayoría suficiente, según fuentes del alto tribunal.

Los seis magistrados que rechazan la ponencia no forman un bloque monolítico

Hay coincidencia en tumbar varios artículos y retocar cerca de 40

En el plenario que delibera sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán se sientan cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y otros cinco respaldados en su día por el PP. Pero eso no significa que haya dos bandos. En realidad, hay al menos tres, nada homogéneos, y cada uno de ellos carece del beneplácito de los otros, con lo que es imposible sumar los votos necesarios -un mínimo de cinco, siempre que entre ellos esté el de la presidenta del Tribunal Constitucional- para sacar adelante nada.

La magistrada progresista Elisa Pérez Vera, encargada de redactar la ponencia, ha tenido que corregir varias veces en los últimos meses un proyecto de sentencia -favorable a la mayor parte del Estatuto de Cataluña, aunque recoge importantes recortes a la norma- que, todavía hoy, cuenta con más votos en contra (seis) que a favor (cuatro). Pero ni siquiera entre el grupo de seis magistrados que se oponen al texto de Pérez Vera existe consenso suficiente para sacar adelante una propuesta alternativa.

A estos seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes) que se han pronunciado contra la ponencia de Pérez Vera les une una interpretación restrictiva del término "nación" incorporado al preámbulo -sostienen que carece de validez jurídica- y de los símbolos nacionales de Cataluña que recoge el título preliminar. Además, cuestionan el apartado que se refiere al "derecho y deber de conocer el catalán".

Lo que ocurre es que el acuerdo de esos seis jueces termina ahí: si tuvieran que proponer una redacción alternativa de esos aspectos del Estatuto no podrían, porque sostienen posturas diferentes: unos son más moderados -Aragón Reyes-, mientras otros querrían una sentencia más dura de inconstitucionalidad. Así que esa ponencia alternativa tampoco tendría una mayoría de seis votos. Del mismo modo, entre los cuatro magistrados progresistas que hoy día apoyan el texto de Pérez Vera las posturas son diversas: hay quienes aceptarían una redacción más tajante contra el Estatuto y quienes se cerrarían en banda ante esa posibilidad. Así que, en este momento, lo único claro es que la actual ponencia genera el rechazo de la mayoría, pero nadie sabe qué ponencia concitaría un apoyo suficiente.

En esas circunstancias, parece imposible aventurar el desenlace de un proceso que ha herido de muerte a la institución judicial más importante de España y ha crispado la vida política hasta cimas impensables. Especialmente en Cataluña, donde en estos días los principales representantes de la clase política, de los sectores económicos y de las entidades ciudadanas han advertido de las nefastas consecuencias que tendría una sentencia adversa al Estatuto.

En la recta final, el Tribunal Constitucional encara la elaboración de una sentencia histórica con un miembro menos, por el fallecimiento de Roberto García Calvo, que no ha sido sustituido; otro recusado, el progresista Pablo Pérez Tremps, y un tercio de sus componentes con el mandato cumplido desde hace dos años, mientras PP y PSOE son incapaces de acordar su renovación.

Independientemente del acuerdo final que permita desbloquear la actual situación, los magistrados han alcanzado un cierto grado de consenso para retocar y, en algún caso, eliminar por problemas de constitucionalidad, 40 de los casi 120 artículos recurridos por el PP, entre ellos los referidos a la lengua, el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial catalán.