Cuando España pecó en el Sáhara

No es seguro que Aminetu Haidar logre su objetivo de volver a El Aaiún, pero es evidente que ha conseguido situar en el primer plano de la actualidad el conflicto del Sáhara Occidental. Se trata de un problema incómodo para España desde que, en 1975, el último Gobierno de Franco decidió abdicar de sus compromisos en el territorio y abandonarlo en manos de Marruecos y Mauritania. A día de hoy, el Sáhara Occidental es, según Naciones Unidas, el último territorio de África por descolonizar. Y el Estado español mantiene en él claras responsabilidades legales.

La relación de España con el Sáhara se remonta nada menos que a 1884. Aquel año, Antonio Cánovas envió una expedición que levantó el primer asentamiento español en Villa Cisneros (actual Dajla). El territorio estaba habitado por tribus nómadas, cuyas caravanas recorrían el desierto en busca de pastos para sus animales o comerciando con la sal que obtenían en los yacimientos de Iyil (hoy en Mauritania). Los militares que en las décadas sucesivas fueron destinados a aquel trozo de desierto propiciaron un proceso de sedentarización. En 1934 fundaron la ciudad de El Aaiún.

Tras 18 años, la ONU no ha celebrado el referéndum de autodeterminación

La comunidad internacional no reconoce la soberanía marroquí

El territorio gozó de relativa paz hasta que Marruecos obtuvo la independencia. En 1957, bandas armadas inspiradas por el entonces príncipe heredero, Mulay Hassan, que más tarde reinaría como Hassan II, atacaron las fortificaciones españolas. Francia vio en aquellos guerrilleros un peligro para su colonia de Mauritania, y decidió ayudar a Franco a exterminarlas. Fue el primer intento del Gobierno de Rabat para apoderarse del Sáhara.

El segundo -y, por ahora, definitivo- intento se produjo el 6 de noviembre de 1975. Hassan II lanzó a 350.000 civiles marroquíes sobre la frontera norte del territorio. Era la Marcha Verde. Franco agonizaba y su Gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, no supo afrontar el doble reto que le lanzaban el monarca alauí y los independentistas saharauis del Frente Polisario, que desde hacía dos años hostigaban a las tropas españolas. Arias firmó con Marruecos y Mauritania los llamados Acuerdos de Madrid, por los que España abandonaba el territorio y lo dejaba en manos de estos dos países. El 28 de febrero de 1976 fue arriada la última bandera española en El Aaiún.

La ocupación se produjo a sangre y fuego. Cientos de civiles saharauis fueron masacrados con bombas de napalm y fósforo blanco mientras intentaban huir hacia Argelia. El Polisario se estableció en Tinduf, al sur de este último país, y durante 16 años combatió a los invasores. En 1979 logró que Mauritania le devolviera la parte del territorio que ocupaba, pero Marruecos la invadió inmediatamente. Bajo los auspicios de Naciones Unidas, ambos contendientes firmaron un alto el fuego en 1991.

El compromiso alcanzado con la ONU consistía en celebrar un referéndum de autodeterminación. Con ese fin, Naciones Unidas envió al territorio una fuerza de paz: la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). Desde el principio, Marruecos torpedeó todos los intentos para llevar a buen puerto la consulta. Para ello contó con el apoyo incondicional de Francia y con el consentimiento de Estados Unidos. Todos los enviados especiales del secretario general de la ONU se han estrellado contra la actitud inamovible de Rabat. A día de hoy, tras 18 años de presencia ininterrumpida en el territorio que han costado cerca de 2.000 millones de dólares, la Minurso no ha logrado celebrar el referéndum. Ni siquiera ha obtenido competencias en materia de derechos humanos; sólo se dedica a observar el mantenimiento del alto el fuego.

Las posturas están claras: Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, donde, junto a más de 150.000 colonos marroquíes, habitan unas 70.000 personas de ascendencia saharaui. Desde los campamentos de refugiados de Tinduf, donde viven unos 100.000 saharauis, el Polisario dirige una campaña diplomática internacional para exigir el cumplimiento del referéndum. Y varios miles de saharauis más han engrosado una diáspora que tiene en España y en Mauritania sus principales destinos.

El problema del Sáhara es, probablemente, la última herencia del franquismo no resuelta de la Transición española. En los 34 años transcurridos desde que España abandonó el territorio, los saharauis no han cesado de exigir a España que cumpla con las responsabilidades de las que abdicó en 1975. Sus reclamaciones tienen base, pues la ONU considera ilegales los Acuerdos de Madrid. El departamento jurídico de la organización dictaminó en 2002 que "los Acuerdos de Madrid no han transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora, estatus que España no puede transferir unilateralmente". Ello es así hasta el punto de que la responsabilidad de salvamento en aguas del Sáhara no corresponde a Marruecos, sino que sigue estando, de iure, en manos de España, según establece la Organización Marítima Internacional. Éstas son las bases del conflicto del Sáhara, que Aminetu Haidar ha situado en el primer plano de la actualidad.