España eleva el tono para responder a Chávez
Exteriores traslada al embajador el "profundo malestar" del Gobierno tras acusar Caracas a Madrid de "cobardía política" en el asunto Cubillas
La polémica abierta entre España y Venezuela a cuenta de la extradición del etarra Arturo Cubillas ha subido de nivel esta mañana tras la publicación anoche por parte del Ministerio de Exteriores de aquel país de una nota oficial en la que acusa a Madrid de "cobardía política" porque, a su entender, en sus declaraciones públicas los ministros españoles asocian "al pueblo y al Gobierno" venezolanos con la banda terrorista ETA. El Gobierno español ha elevado el tono habitual con Caracas en su respuesta. Según ha asegurado el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha "trasladado al embajador de Venezuela en Madrid el "profundo malestar" del Ejecutivo ante unas acusaciones que considera "inaceptables e injustificables".
Jiménez ha salido de la reunión del Consejo de Ministros para llamar al embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, según ha explicado el vicepresidente. "Existe un profundo malestar en relación con la nota que desde la Cancillería venezolana se vierten acusaciones inaceptables e injustificables y así se lo ha hecho saber la ministra de Exteriores al embajador venezolano en España con el que ha hablado esta misma mañana durante la reunión del Consejo de Ministros", ha asegurado Rubalcaba.
"Queremos que la colaboración con Venezuela en materia de lucha contra el terrorismo mejore, y seguiremos trabajando en esa línea, pero cuando hay posiciones que nos parecen inaceptables e injustificables, como es el caso, se lo diremos", ha añadido.
La Cancillería venezolana emitió anoche un comunicado que decía: "El Gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo [ETA], intentando endosárselo al Gobierno y al pueblo de Venezuela". El Ejecutivo de Hugo Chávez "rechaza tajantemente las declaraciones que de manera insistente y repetida han producido el Vicepresidente del Gobierno de España Alfredo Pérez Rubalcaba, la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad Jiménez y el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, en el sentido de asociar al pueblo y al Gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA", continúa, además de exigir "el cese inmediato de estas declaraciones ambiguas y tendenciosas" por parte de ministros españoles. El comunicado continúa en la portada principal de la web de la Embajada de Venezuela en Madrid.
En su línea habitual, el Gobierno venezolano ataca también en la nota a los medios de comunicación españoles y asegura que "Venezuela, su pueblo y su Gobierno, son objeto día tras día de una violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española, que actúa como instrumento servil de grandes grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución Bolivariana".
El viernes pasado, el Consejo de Ministros acordó pedir oficialmente la extradición de Cubillas, al que la justicia española reclama por presuntos nexos con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos etarras detenidos el mes pasado declararon ante un juez de la Audiencia Nacional en Madrid que habían participado en un curso de entrenamiento terrorista en Venezuela en el que Cubillas, funcionario del Gobierno de Hugo Chávez, ejercía de anfitrión. Las revelaciones de los etarras confirmaron una línea de investigación previa de la Audiencia.
Este martes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, elevó el tono en respuesta a la demanda española, al declarar: "Vamos a ver si con la misma eficacia que hablan, ellos [las autoridades españolas] responden". Ortega se refería a la extradición de Mario Leonardo Rocco, un ex funcionario de la policía política venezolana detenido el 22 de septiembre en Canarias por estar involucrado en la muerte de un estudiante durante la intentona golpista del 4 de febrero de 1992.
Cubillas acudió este miércoles a prestar declaración como testigo en la investigación que pidió contra sí mismo en relación con su implicación en la organización de encuentros de ETA y las FARC en suelo venezolano, según la fiscalía. El etarra fue deportado a Venezuela desde Argelia en mayo de 1989, en el marco de un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Felipe González y de Carlos Andrés Pérez. Desde 2005 trabaja en la Administración venezolana, y en la actualidad es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. Ha adquirido la nacionalidad venezolana.
Jiménez, atacada también por los opositores a Chávez
El mismo día en que el Gobierno de Venezuela ha irritado profundamente al Gobierno español con una nota diplomática en la que se queja de las declaraciones públicas de sus ministros, familiares de presos políticos venezolanos han expresado por su parte su sorpresa por las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, en las que afirmó que en Venezuela no hay presos políticos y han lamentado la "desinformación" de la jefa de la Diplomacia y que el Gobierno español niegue "las características totalitarias del régimen" de Hugo Chávez.
En un comunicado, aseguran estar "sorprendidos y profundamente indignados" por las declaraciones de Jiménez. La ministra dijo el martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado español que en Venezuela no hay presos políticos. Su argumento fue que las organizaciones internacionales, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, no han catalogado a ningún preso venezolano como tal. Jiménez respondió así al senador nacionalista vasco Iñaki Anasagasti, quien denunció que según su información hay "más de 60" presos políticos en Venezuela, un régimen que comparó con Cuba.
"No es posible que la responsable de la diplomacia de un país tan importante como España, muestre tal grado de desinformación y de irrespeto por los más elementales Derechos Humanos", lamentan en el texto, publicado por el diario 'El Universal'. Los firmantes se preguntan si Jiménez no percibe que "quien es capaz de albergar terroristas de la ETA en nuestro territorio [en referencia al etarra Arturo Cubillas, funcionario del Gobierno de Chávez y reclamado por la justicia española por asuntos relacionados con terrorismo], también es capaz de encarcelar gente inocente". "¿Hasta cuándo el Gobierno español va a seguir negando las características totalitarias del régimen venezolano?", reclaman, echando en cara si "unos cuantos contratos ameritan traicionar los valores y principios de la democracia".
En opinión de los firmantes, el pueblo español conoce perfectamente la feroz persecución política que existe en Venezuela" puesto que "ha visto por televisión las crudas imágenes de la represión gubernamental contra ciudadanos que manifiestan pacíficamente" y que ha tenido como resultado la muerte de "varios ciudadanos españoles". Igualmente, los españoles están al tanto de "la ola de confiscaciones ilegales que muchas veces afectan a empresarios españoles residentes en Venezuela" y ha leído "centenares de artículos y de noticias, publicados por los medios españoles, sobre nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos". "¿Con qué cara viene Trinidad Jiménez a decir que nuestros familiares presos no existen?", concluyen.
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